Justicia avaló acuerdo entre Martini y Tribunal de Contralor para zanjar conflicto
Bariloche (ADN).- La Justicia rionegrina convalidó el acuerdo al que arribaron la intendente María Eugenia Martini y el Tribunal de Contralor de la Municipalidad en el conflicto de poderes que mantuvieron por dispares interpretaciones de dos normas locales. Por eso, el Superior Tribunal tuvo por desistido el pasado crítico planteo entre ambas partes.
La resolución fue emitida el 23 de este mes, pero fue oficialmente emitida el viernes pasado.
Martini, con el patrocinio letrado de los abogados María Laura Loureyro y Ricardo Medrano, denunció la existencia de un conflicto de poderes con el Tribunal de Contralor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche con motivo del dictado de las resoluciones Nº 11-TC-2014 y Nº 52-TC-2014.
Por la primera norma se otorgó a la Secretaría de Hacienda un plazo improrrogable de 80 días hábiles para que se regularicen definitivamente las registraciones pendientes de compensación con la Cooperativa de Electricidad Bariloche y se acuerde un mecanismo con ese proveedor para que las compensaciones se mantengan al día a partir de la regularización requerida, debiendo la Secretaría de Hacienda elevar a ese Departamento de Contralor informes periódicos que detallen los avances producidos para el logro del objetivo.
A través de la otra resolución, el Tribunal de Contralor resolvió aplicar al secretario de Hacienda, Guillermo Pérez Gallinger, una multa de $ 3.000 por no haber cumplido con lo ordenado en resolución.
Entonces, el Ejecutivo sostuvo “la existencia de una invasión de poderes concretada por la indebida intromisión del Tribunal de Contralor en la esfera de atribuciones exclusivas del titular del Departamento Ejecutivo (intendente), porque mediante el dictado de las resoluciones puestas en crisis, dicho Tribunal se arrogó facultades que no son de su resorte y que solo corresponden al intendente conforme lo establece la carta orgánica municipal de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, solicitando se declare su nulidad”.
No obstante ambas posiciones, presentaron un acuerdo conciliatorio en conjunto, fundado en “la conveniencia de poner fin al conflicto de poderes planteado y la necesidad de preservar el diálogo permanente y constructivo que requiere el interés de su comunidad”.