La Defensora General de la Nación dictaminó sobre la contaminación de plomo en SAO

Viedma.- Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, dictaminó en relación al conflicto judicial iniciado luego de comprobada la contaminación de tierras de San Antonio Oeste con plomo y otros metales pesados y solicitó a la Corte Suprema de Justicia que “tome una decisión de fondo en una cuestión federal”.

Martínez sostuvo una tesitura afin a la Defensora General, Rita Custet Llambi y a la Procuradora General de Río Negro, Silvia Baquero Lazcano, que tanto la provincia de Río Negro como el Municipio -a través de sus respectivos Poderes Ejecutivos- debían iniciar el proceso de remediación para “resguardar el derecho a la salud y a gozar de un medio ambiente sano de los niños, niñas y adolescentes que se ven seriamente afectados” por esta situación.

Esta instancia había sido negada por el Juez de Amparo, Enrique Mansilla quien entendió en su momento que provincia y municipio, simplemente debían informar avances del proceso de remediación, pero pidió que el proceso sea inmediatamente puesto en marcha. Contra esta decisión la Defenspra Custet Llambi interpuso recurso ante el Superior Tribunal para que la revise, ante lo cual el STJ respondió negativamente. Por lo mismo, la Defensoría rionegrina planteó una queja en la Corte Federal, dándose entonces intervención a la Defensora General de la Nación.

Hoy la máxima autoridad nacional del Ministerio Público de la Defensa quien ha dictaminado que le asiste razón al Ministerio Publico rionegrino y solicita a la Corte Suprema de Justicia que “revoque el decisorio impugnado y proceda a tomar una decisión de fondo en una cuestión federal” solicitándole formalmente que “disponga que, de manera inmediata, la provincia y SAO comiencen acciones de remediación a fin de evitar que la población adulta e infantil de esa localidad continúe expuesta a ese indiscutible riesgo a su salud”.

Este proceso de reclamos ante las diferentes esfera judiciales se inició en el año 2012 cuando la Defensora General de Río Negro promovió acción de amparo colectivo a fin de que se tomen medidas efectivas para el resguardo de la salud, denunciando la grave situación de riesgo derivados por la contaminación por restos de metales pesados originados por depósitos provenientes de la actividad minera.

Ante la negativa de iniciar procesos tendientes a ello, la Defensora General planteó acción de amparo colectivo, en el marco del cual se dio intervención a la Procuradora General quien sostuvo que se percibía “un riesgo concreto de daño más que inminente y de urgencia en desplegar acciones positivas tendientes a detectar y a la vez mitigar el impacto de la contaminación ambiental provocado en niños, niñas y adolescentes habitantes de la zona”.

No obstante ello, destaca Martínez en su dictamen, el Superior Tribunal de Justicia “ha obstruido la revisión de una decisión que, a su vez impidió, comenzar a revertir de forma inmediata, una situación que puso y pone en riesgo la salud de la población de SAO”. Esta situación había sido advertida oportunamente por la Procuración General destacando “que el trámite se había ordinarizado”.

Cabe recordar que la multisectorial que supervisa este proceso en el territorio informó hace pocas semanas que el Programa de Gestión Ambiental Minero de la Nación (encargado de realizar la remediación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo) inició tareas de excavación en el mes de abril sin arbitrar hasta el momento ninguno de los mecanismos de control previstos en la resolución ambiental.