Weretilneck encabezó la presentación del proyecto de reforma administrativa

Viedma.- El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presidió hoy el acto de presentación de los proyectos normativos de reforma administrativa y las nuevas reglamentaciones de funcionamiento de la Contaduría General y la Fiscalía de Estado.

Estuvieron presentes el secretario General de la Gobernación, Matías Rulli; los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Salud, Fabián Zgaib; de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva; de Economía, Alejandro Palmieri; de Desarrollo Social, Fabián Galli y Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía; y el contador general de la Provincia, Juan Kohon.

El contador General de la Provincia, Juan Kohon manifestó que se trata de una nueva etapa de la Administración Pública, “que remarca la transparencia a la burocracia estatal que por tradición es compleja, con mecanismos lentos que conspiran contra los mejores deseos de una buena gestión”.

“Por este motivo es que había que remover obstáculos normativos y otros que son de carácter funcional”, aseguró Kohon.

Consultado por el carácter de la reforma, el Contador General explicó que en el caso de la Fiscalía de Estado se requiere una reforma de su Ley Orgánica, mientras que para la Contaduría General no. Allí se trata de decretos.

“La Ley de Administración Financiera y Control N º 3186 es una ley que está hecha a semejanza de la Nº 24156 de la Nación, que es la única ley de los años 90 que no ha sido modificada por ningún Gobierno debido a que es una ley con conceptos bastantes avanzados en materia de integración de sistemas y control interno”, aseguró.

Asimismo, afirmó que “lo que se debía hacer es mover los obstáculos que podían reglamentar esa Ley a lo largo de los años. Pero con el ánimo de querer controlar todas las situaciones, sin respetar el espíritu de la Ley, se fueron incorporando a los reglamentos administrativos más y más trabas burocráticas. Por eso hoy procuramos remover esos obstáculos y reglamentarlos”.

Por último, el Contador General declaró que los cambios serán progresivos según cada caso. “Algunos cambios son instantáneos desde el momento de la sanción de los decretos, mientras que otros deberán esperar adaptaciones de carácter tecnológico como son cambios en la oficina de suministro y la asistencia de la empresa rionegrina ALTEC para la implementación informática de distintos procesos. Con respecto A la subasta pública quizá demore tres meses de puesta en marcha”.

Por otra parte, el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía explicó que “después de un año en la Fiscalía fui definiendo el perfil y rol institucional que teníamos y en ese contexto hice una propuesta modificatoria de la Ley donde fundamentalmente la búsqueda es descentralizar el control de legalidad, colaborar en esa descentralización a partir de capacitación, formación y la utilización de tecnologías”.

“Esa descentralización permitirá una gestión más ágil y eficiente tanto de los recursos humanos, como del tiempo que lleva la tramitación del expediente. Hoy hay determinadas actuaciones que no merecen un control previo cuando son simples constataciones o montos menores”.

Además, el Fiscal de Estado aseveró: “Por este motivo debemos buscar el camino de la descentralización, colaborando a través de la formación y la búsqueda de caminos entre los organismos y la Fiscalía de Estado. Y sí dedicar el tiempo que se merecen las cuestiones que son complejas jurídicamente o que económicamente merecen un control profundo”.

“La modificación de la Ley 88 de la Fiscalía necesariamente tiene que pasar por la Legislatura. Por eso el proyecto se está elevando al Gobernador para el análisis en el área de Legal y Técnica y después llegará a la Legislatura. La presentación es inminente. La idea es buscar un Estado más ágil que llegue en tiempo y forma y no se pierda el control”.

Funciones constitucionales del Fiscal de Estado
En el marco de la reforma administrativa general se plantean cambios a la Ley 88 reglamentaria de las funciones constitucionales del Fiscal de Estado, a saber, la clásica de defensa del Estado en juicio; el control de legalidad de los actos administrativos y la tercera que se pretende reforzar, el carácter de asesor exclusivo del Poder ejecutivo (artículo 192 de la C. Prov. y artículo 1 de la ley).

Orgánicamente se mantiene la estructura del Fiscal de Estado, su Adjunto y el Secretario General, creándose tres áreas claramente diferenciadas y que responden a las competencias citadas: defensa del Estado en Juicio; control de Legalidad de los actos administrativos y de Formación, Capacitación y Coordinación.

Los cambios más importantes se corresponden con el área de control interno o de legalidad de los actos administrativos, en la búsqueda de una gestión mas ágil y descentralizada, jerarquizando las áreas legales de los organismos, obviamente sin resignar control.

Concretamente se plantea la eliminación de la “segunda vuelta por Fiscalía de Estado”, un requisito legal creado en el marco de estructuras estatales hoy desconocidas, y que se trasladan en el tiempo indefinidamente sin ponerlos en crisis.

Esta función perfectamente puede ser cumplida desde cada organismo bajo su responsabilidad y en un área de despacho.

A partir de esta modificación (art. 16) el acto administrativo emitido conforme la vista de la Fiscalía de Estado surtirá pleno efecto desde su dictado.

Se le otorga rango legal a la exclusión de actuaciones (art. 13), con la facultad del Fiscal de Estado de agregar otras. Esto recepta legislativamente una posición adoptada a partir de la Resolución 119/13 FE que coadyuva a destinar las energías y control a los temas que lo ameritan realmente, evitando dispendio administrativo, de personal y económico que impida cumplir con el verdadero rol constitucional de control de la hacienda pública.

Asimismo, se le da rango legal a la facultad de de crear delegaciones en los ministerios que en atención a las necesidades de la gestión administrativa resulte necesario. Tendrán a su cargo la firma delegada del Fiscal de Estado.

En tanto, se faculta al Fiscal de Estado de dictar vistas reglamentarias e instructivos de trámite obligatorios. De esta forma a través del proyecto de ley se busca dotar de una herramienta más para evitar que las cuestiones ya resueltas se reediten indefinidamente, creando un registro de jurisprudencia administrativa. A partir de esta vista notificada, comunicada o citada en el dictamen legal se agota la intervención.

Con este sistema, se observan los diferentes roles de los abogados del Estado según su espacio dentro de la estructura del control de legalidad, coordinado desde la Fiscalía de Estado.

De esta manera habrá trámites menores que se agotan en el propio Ministerio con la intervención del asesor legal, o bien el jefe del departamento o director. Por otro lado las vistas generales o reglamentarias permitirán agotar otras intervenciones o evitar reeditar discusiones. También existirán (en los casos que sea necesario) delegados de la Fiscalía de Estado en algunos Ministerios.

Esta relación de trabajo en conjunto, será coordinada desde el área de Formación, Capacitación y Coordinación que buscará revalorizar la función asesora de la Fiscalía de Estado, fortaleciendo el servicio de asistencia jurídica, con postulados acordes con los una administración moderna y efectiva, todo lo cual supone necesariamente una instancia de capacitación continua y permanente de sus miembros.

Se buscará además integrar como sistema al cuerpo de abogados del Estado, darle herramientas de trabajo, capacitarlos, apoyarlos, buscando un cambio en la cultura organizacional en los vínculos entre los abogados de Estado, que en definitiva derive en el mejoramiento de la calidad en la acción pública estatal.

También esta área tendrá a cargo la utilización de nuevas tecnologías, en las cuales se está trabajando desde la Fiscalía en forma conjunta con ALTEC, que contendrá mesas de apoyo, consultas, foro, dictámenes modelo, plataforma o aula virtual, entre otros servicios a los abogados del Estado.

Esto busca en definitiva, descentralizar el control de legalidad, buscando celeridad en los trámites administrativos y economía en los recursos humanos y económicos del Estado, destinándolos de manera eficiente.