Yacimientos Carboníferos Fiscales y el imperativo de descarbonizar la matriz

(Hernán Scandizzo).- En momentos en que se vive una fuerte tensión ante la finalización del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y la asunción de Mauricio Macri, las comisiones de Energía y de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobaron un proyecto de ley para la creación Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (Y.C.F.S.E.) impulsado por el Ejecutivo.

A través de éste no sólo se busca impulsar la explotación carbonífera en Santa Cruz sino también ampliar la frontera extractiva a todo el país. A pocos días de la COP 21, donde el tema central será reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el Congreso de la Nación se debate un proyecto que va en sentido radicalmente opuesto.

El Poder Ejecutivo Nacional presentó a principios de noviembre un proyecto de ley en el Congreso de la Nación a través del cual impulsa la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (Y.C.F.S.E.). La finalidad es “organizar la actividad productiva del complejo carboeléctrico integrado por el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, su sistema ferroportuario y la Central Termoeléctrica a Carbón” y dotarla de una “estructura jurídica que le permita actuar con mayor fluidez en todo su accionar”.

Esta iniciativa responde a una política de jerarquización del carbón mineral como fuente primaria de energía, planteada ya en la construcción de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, inaugurada recientemente. De hecho, la Sociedad del Estado que se pretende crear sería la encargada de ampliar la capacidad instalada de dicha planta, llevándola de 240 a 360 megavatios. Además esta iniciativa incorpora a la provincia de Santa Cruz, que tiene el dominio del recurso, en la administración del complejo carboeléctrico, actualmente controlado sólo por la Nación.

El artículo primero del proyecto de ley declara “de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados, como recurso para la generación de energía eléctrica”; lo que implica una promoción de la actividad extractivo energética más allá de los límites de la provincia de Santa Cruz. Mientras que el artículo 12 le confiere a Y.C.F.S.E. “derechos exclusivos de exploración, explotación, comercialización y exportación del carbón y sus derivados directos e indirectos y de la generación de la energía producida a través de la Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (CTRT)”. También la nueva empresa estaría a cargo de la comercialización de todo el carbón residual que se produzca en el país, y el Poder Ejecutivo Nacional sería el encargado de fijar el precio de transferencia del mineral a las empresas productoras privadas o estatales y el de comercialización por parte de Y.C.F.S.E.

Por otra parte, el estatuto que encuadraría el funcionamiento de Y.C.F.S.E., establece entre los objetivos societarios “tomar a su cargo la exploración y explotación de otros yacimientos de carbón, asfaltita, rocas y esquistos bituminosos, turbas y otros combustibles sólidos minerales cuando, a su juicio, ello resulte económicamente factible o sea conveniente a los altos intereses de la Nación”. Es decir, abre un horizonte extractivo energético que va más allá del carbón.

Si incrementar la explotación de carbón para la generación de electricidad es un retroceso, dados los altos impactos ambientales y sociales que se registran durante las etapas de extracción, combustión y disposición; la iniciativa gubernamental contribuye a agravar ese cuadro. No sólo promueve la ampliación de la frontera carbonífera en Santa Cruz sino a todo el país, al tiempo que allana el camino para avanzar sobre otros energéticos sólidos. Lo que implica optar por combustibles más sucios, por la polución del aire, agua y suelo que genera durante todo el ciclo (desde la extracción hasta la disposición de los residuos), además del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Implica además optar por fuentes de un rendimiento energético dudoso, no sólo porque en algunos casos se avanza sobre minerales de menor poder calorífico sino también por la energía que demanda su extracción, transporte y procesamiento.

Contextos
La creación de YCF S.E. en 1958 -que fue privatizada en 1994 y en 2002 volvió al control estatal- respondió a un momento histórico donde los debates y horizontes en términos de modelos de desarrollo y de matriz energética eran otros. Por entonces las crisis ambiental y climática no se vislumbraban ni se planteaba el imperativo de descarbonizar la matriz energética, como en la hora actual.

Desde el Poder Ejecutivo Nacional se busca incrementar la participación del carbón en la generación de energía eléctrica incluso cuando algunos de los principales países consumidores de este mineral, como EE.UU. y China, se plantean reducirla. Si bien a nivel global este mineral mantiene un peso considerable -representa alrededor del 30% de las fuentes primarias de energía-, considerar que es estratégico para el país en materia energética -como se afirma en el proyecto de ley- es un argumento exagerado. Actualmente representa alrededor del 1,5% de las fuentes primarias, tiene una incidencia apenas mayor que las fuentes renovables, y un futuro y potencial en ningún sentido comparable al de éstas.

Atribuirle a la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado un rol estratégico para el futuro del país es sobredimensionarla. Este calificativo le cabe sin dudas a YPF, que lamentablemente está lejos de ser una empresa estatal y de tener el monopolio sobre el sector hidrocarburífero. En el caso de la petrolera de bandera su rol podría ser estratégico no sólo para garantizar el abastecimiento de gas y crudo, que representan cerca del 90% de las fuentes primarias en la matriz actual, sino, y principalmente, porque podría ser la palanca para la transición. De YPF tendrían que salir los recursos técnicos y financieros para llevar adelante una diversificación de la matriz energética hacia fuentes limpias y renovables.

Cambio climático
A pocos días del inicio de la 21 Conferencia sobre Cambio Climático en París, donde el tema central será reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener grandes cantidades de carbón, crudo y gas en el subsuelo como única alternativa viable para tal fin, en el Congreso de la Nación se debate un proyecto que va en sentido radicalmente opuesto. Cabe recordar que en 2010, cuando la cumbre climática se realizó en Cancún, México, la comunidad internacional acordó limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Para tener una probabilidad del 50 por ciento de mantener la temperatura por debajo de este límite, el contenido de CO2 en la atmósfera debe ser mantenido en 450 partes por millón. Eso sólo es posible si el 88 por ciento de las reservas de carbón actualmente confirmados permanecen en el subsuelo, junto a una tercera parte del crudo y la mitad de las reservas de gas natural (Coal Atlas, 2015:15).

Según un reciente informe elaborado por Amigos de la Tierra Internacional y la alemana Fundación Heinrich Böll –Coal Atlas. Facts and figures on a fossil fuel– ninguna otra fuente de energía como el carbón contribuye tanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho documento señala que su combustión fue responsable del 44 por ciento de todas las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el sector energético de 2014, y de más de una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (Coal Atlas, 2015:14).

Discutir la energía
La decisión de aumentar la participación del carbón lejos de aportar a la diversificación de la matriz energética nacional, incrementa la participación de los fósiles –gas, petróleo y carbón-, que actualmente representan más del 90% de las fuentes primarias; y sienta las bases para que prosperen iniciativas como el proyecto de gasificación subterránea de carbón en la Cuenca Claromecó, en la provincia de Buenos Aires. Una diversificación real de la matriz no sólo debe tender al desarrollo de fuentes limpias y renovables, para lo cual el país tiene sobrado potencial. No sólo se debe apuntar a reducir al mínimo el consumo de combustibles fósiles, sino también, a implementar planes de eficiencia energética y aspirar, además, a una generación descentralizada de la energía y a la participación democrática de la población.

Un proyecto de la relevancia del presentado por el Poder Ejecutivo Nacional no puede pasar por las comisiones parlamentarias y las cámaras de Diputados y Senadores de manera fugaz, merece un debate profundo. No sólo se trata de definir el futuro de una empresa y la participación de la provincia de Santa Cruz en ella, sino, y por sobre todo, de la política energética que se debe el país.

*Investigador del Observatorio Petrolero Sur