Continúa evaluación oficial por el estado de edificio del CAINA de Sierra Grande
Sierra Grande (ADN).- El estado edilicio del Centro de Asistencia Integral para Niños Niñas y Adolescentes (CAINA) de Sierra Grande retomó el centro del análisis de la Justicia provincial. El martes, la Procuración General del Poder Judicial consideró acreditada la afectación del derecho a la protección integral de los chicos y, por ese motivo, sustentó que debe hacerse lugar a la acción de amparo presentada por el caso, denunciado hace más de dos años.
Entre los antecedentes, una jueza requirió a la defensora de Menores Cecilia Donate que informe si había tenido respuesta a su planteo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y solicitó al titular del organismo que indique el estado edilicio del CAINA de Sierra Grande.
Después, Doñate remitió nota del ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli, señalando que “no da acabado cumplimento a lo requerido, continuando hoy en día la deficiente situación detallada en la acción que diera origen a las presentes actuaciones”.
La funcionaria señaló que “del breve informe surge el reconocimiento desde la cartera ministerial de las deficiencias edilicias denunciadas”.
Agregó que “si bien la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de la Niñez describe las reparaciones que se encuentran llevando a cabo, no surge un detalle claro con relación a las mejoras ni se precisa el tiempo de duración de los trabajos. En función de lo expuesto reitera el pedido de reparación y/o el posible traslado de los niños a un lugar acorde con sus necesidades”.
De lo informado el 6 de octubre “surgiría que las refacciones edilicias del CAINA de Sierra Grande comenzaron en agosto del corriente año, en el que se realizaron los siguientes avances: reparación de grietas en diversas paredes, reacomodamiento de instalación eléctrica y cañerías en sanitarios y pérdidas de agua ocasionados por edificios lindantes al hogar”.
En la actualidad, la obra se encuentra a la espera de pintura y marcos y, en relación a los alimentos y vestimenta, expresó que “se pudo articular de manera satisfactoria al día de la fecha”, a lo que sigue una frase incompleta que haría referencia al mobiliario.
“Vuelvo a remarcar que dicho informe no ha sido suscripto por nadie, habiendo sido elaborado hipotéticamente por Daniela del Carmen Contreras, coordinadora CAINA Sierra Grande”, consignó una parte del extenso dictamen de la procuradora general Silvia Baquero Lazcano.
Por su parte, el apoderado de la Fiscalía de Estado, Sebastián Racca, efectuó una larga exposición y aseguró que “no se observa una situación que comprometa con la entidad que exige el instituto, el derecho a la salud, a la vida, a la vivienda digna, como así tampoco demora o peligro inminente”.
El funcionario del Poder Ejecutivo dedujo que “de haber existido las deficiencias apuntadas por la defensora habría requerido directamente el desalojo del hogar hasta tanto culminen las obras señaladas y no, como se pide, en forma alternativa”.
No obstante, la defensora de Menores observó “un reconocimiento expreso por parte del Ministerio de Desarrollo Social y de la Fiscalía de Estado respecto a las deficiencias edilicias en la que se encuentra el inmueble en el que funciona el Hogar CAINA en la ciudad de Sierra Grande, en tanto a lo largo del informe se detalla la puesta en marcha de la ejecución de las obras”.