Modifican requisitos para que Laura Alonso asuma en Oficina Anticorrupción

Con la modificación del decreto que la creó con otro decreto, el presidente Mauricio Macri le hizo un obsequio a Laura Alonso, quien ayer cumplió 43 años, eliminando el obstáculo legal que le impedía asumir en la Oficina Anticorrupción.

Además de cambiar el nombre al organismo, que pasó a llamarse Secretaría de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Presidente eliminó el ejercicio de la abogacía como requisito excluyente de quien estuviera al mando y así posibilitó la designación en el puesto de Alonso, que es licenciada en Ciencias Políticas. Ella misma había adelantado la jugada semanas atrás, a pocos días de ser señalada por Macri para hacerse cargo del organismo a pesar del impedimento legal que su profesión implicaba.

Alonso sonó en los primeros días del derrotero de nombres con los que Macri armó el rompecabezas del gabinete luego de ganar en el ballottage. “El proyecto de fortalecimiento de la Oficina Anticorrupción es importante. Incluye su autonomía y autarquía y cambio de perfil del titular”, había deslizado a finales de ese mes Alonso a través de su cuenta de Twitter, de la que es una usuaria muy activa. En los días siguientes utilizó la red social como escaparate de su nueva función, por ejemplo, agradeciendo las visitas al organismo de ex titulares, de organizaciones no gubernamentales y denunció atrasos tecnológicos, como que “el ancho de banda (de Internet) no resiste”.

De hecho, la ex diputada habló de reformas a la estructura del organismo, de multiplicar su presupuesto y su personal, aunque su mandato estaba aún carente de la legalidad que ayer le otorgó el decreto 226/2015. Esa resolución del Ejecutivo modifica en dos puntos principales al decreto 102/99 con el que, durante el primer año de su gobierno, Fernando de la Rúa creó el organismo: su nombre y los atributos de quien está habilitado para ejercer su dirección. En la medida original, el titular debía ser argentino, tener no menos de 30 años y “no menos de seis años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial”. Su cargo era de fiscal de Control Administrativo.

La medida de ayer lo convierte en secretario de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, determina que “será designado y podrá ser removido por el Poder Ejecutivo” y reduce la especificidad de los requisitos para su ejercicio, para lo cual exige título universitario además de “sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados en derecho, ciencias sociales o economía y una reconocida trayectoria democrática y republicana”, según plantea el artículo 2 del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial. “Un hacker, un periodista, un sociólogo, un contador pueden investigar corrupción y promover la transparencia. No es excluyente ser abogado”, había considerado días posteriores a su designación de hecho Alonso.

La ex diputada se hizo conocida como directora ejecutiva de Poder Ciudadano, que es la delegación argentina de Transparency Internacional. Claro que la supuesta independencia de la ONG quedó en veremos cuando Alonso saltó directamente al PRO y se mostró incondicional de Macri. “La causa no tiene que ver con corrupción”, respondió alguna vez sobre la situación del Presidente, quien aún se encuentra procesado en una causa por escuchas ilegales. “Yo me enamoraría de Macri”, dijo en esa misma entrevista. Junto a Patricia Bullrich formaron una dupla que promovió varias denuncias contra el gobierno de Cristina Kirchner y acompañaron con entusiasmo la presentación del fiscal Nisman sobre el caso AMIA. “El Presidente me pidió impunidad cero, para atrás y para adelante”, comentó Alonso sobre su designación. Los antecedentes indican que para un lado irá seguro, resta esperar si también lo hará para el otro.