Bullrich nombró a un defensor de represores en Seguridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nombró como su jefe de Gabinete a un defensor de represores de la última dictadura militar. Se trata de Pablo Noceti, que fue socio del abogado de Leopoldo Fortunato Galtieri durante el Juicio a las Juntas y defensor de procesados por delitos de lesa humanidad en La Pampa y Entre Ríos. A los procesos judiciales que se reabrieron en los últimos años los calificó como la «legalización de una venganza», según reveló hoy el diario Página 12.

Luego de un paso por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, Noceti se incorporó en 2001 como socio al estudio de Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, miembros de la Corporación de Abogados Católicos que supo calificar a los procesos por delitos de lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política”. Battaglia fue camarista durante la dictadura y defendió a Galtieri durante el juicio a los ex comandantes.

A fines de 2003, mientras se reabrían las causas en todo el país, el actual jefe de Gabinete de la cartera que conduce Bullrich escribió que los procesos eran la “legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político”, en referencia al gobierno de Néstor Kirchner, que había asumido seis meses antes.

En diciembre de 2003, firmó la apelación al procesamiento del teniente coronel Fabio Carlos Iriart, máximo responsable de la represión ilegal en La Pampa, responsable de 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos. Según Noceti, la decisión estaba “sustentada en ligerezas e imperdonables desprolijidades” propias de “un proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”.

En ese sentido, advirtía también sobre la posibilidad de que los “nuevos vientos políticos” determinaran “los destinos del poder judicial, que aparece al servicio de estos vaivenes”. “El poco interés en respetar la Constitución y el debido proceso es tan evidente que parece innecesario fundamentarlo”, sostuvo, y consideró “imprescindible hacer un llamado a la institucionalidad de la República”.

Por otra parte, Noceti afirmó que los juicios implicaban la “manipulación del poder judicial orquestada desde el poder político de turno” y pronosticó que “la conclusión a la que habrá de arribarse en el futuro es la venganza y el encarcelamiento de los imputados” a partir de “la violación de las reglas elementales del proceso”.

Además, cuestionó la decisión que habían tomado varios jueces federales -y que en 2005 ratificaría la Corte Suprema- de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, que para el ahora funcionario eran “delitos que siempre fueron prescriptibles”. Para Noceti, la ley del Congreso que declaró la nulidad de la obediencia debida y el punto final “debería avergonzar a todos los juristas serios de la República».

Según abogados de organismos de derechos humanos, Noceti también fue abogado del coronel Néstor Omar Greppi, ex secretario general del gobierno de facto en La Pampa, y del ex policía Eduardo Angel Cruz, alias Cramer, que actuó en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Greppi fue condenado en 2010 a veinte años de prisión junto con otros ocho represores de La Pampa y Cruz está procesado pero todavía no fue juzgado porque estuvo varios años prófugo.