El nuevo límite a Macri vino de la OEA y en inglés

(Roberto Caballero) La violenta intervención por decreto de la AFSCA fue desaprobada por el relator para la Libertad de Expresión. Además, Edison Lanza contradijo al ministro Aguad, al ratificar que existe concentración comunicacional en nuestro país. Cuando el mundo es más grande que Barrio Parque y Clarín.

Mientras los oficialistas Clarín y La Nación se suman día tras día al coro justificador de todos los actos del nuevo gobierno, incluso aquellos que rozan la ilegalidad, el Buenos Aires Herald, único diario editado en inglés en nuestro país, rompió el creciente cepo informativo con un reportaje al relator de la OEA para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, donde el funcionario del sistema interamericano de Derechos Humanos desaprobó la intervención irregular por decreto presidencial de la AFSCA creada por la ley 26.522.

Entrevistado para el Herald por el periodista Federico Poore, Lanza fue categórico al asegurar que la medida «hiere la autonomía» de la autoridad de aplicación de la norma y busca crear «un organismo a imagen y semejanza del partido ganador. Estamos siguiendo esta situación en la relatoría y en la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos). Evidentemente, (la remoción) se hizo sin usar lo que indica la ley, que establecía claramente un mecanismo para la remoción del directorio. Es un camino poco ortodoxo y hoy está cuestionada la legalidad de la decisión. Los estándares internacionales dicen que lo adecuado es tener organismos con autonomía tanto del Ejecutivo como de los poderes fácticos, que sean capaces de regular los sistemas de medios de acuerdo a principios de legalidad».

El artículo que cita el relator es el 14 de la ley, violado por el macrismo, que impuso por decreto a un ex legislador de su partido PRO, Agustín Garzón, como interventor, sin antecedentes en la materia, al mismo tiempo que removió por la fuerza, con desalojo policial incluido, no sólo a Martín Sabbatella, presidente de la AFSCA, sino a todo el directorio colegiado del organismo, con fuerte presencia de la sociedad civil (universidades, sindicatos, provincias, pueblos originarios, medios comunitarios) y representantes del oficialismo y la oposición.

Precisamente eso fue lo que Lanza destacó de la ley hoy jaqueada por el macrismo: «Algo en lo que habíamos coincidido todos los relatores de libertad de expresión, de Naciones Unidas y de la OEA, es en que la estructura de AFSCA es uno de los aspectos positivos de la ley. Argentina había establecido por primera vez -fue pionera en la región- un organismo con participación de la oposición, de la sociedad civil, de las provincias… Eso es un adelanto. Después, claro, siempre es perfectible. Pero los anuncios que van en el sentido de intervenir justamente cuando cambia el gobierno -es decir, cuando el organismo se pone a prueba, cuando cambian la mayorías (legislativas)- para hacerlo a imagen y semejanza de quien gana, bueno, quiere decir que se acabó la autonomía, que se vuelve al momento en que los gobiernos manejaban la oficina».

La medida dispuesta por el presidente Macri desconoce los lineamientos del sistema interamericano de Derechos Humanos para los Estados miembros, entre ellos, la Argentina. No sólo va disolviendo la ley por partes con nueva normativa de inferior rango que violentan la vigencia de una ley democrática y constitucional -vulnerando así la división de poderes-, sino que ignora la existencia de pactos y tratados internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país, como el de San José de Costa Rica.

Dijo Lanza al respecto: «El Estado argentino, como casi todos los Estados de la región, ha ratificado el tratado interamericano de Derechos Humanos, que deriva en muchas obligaciones, y nosotros nos fijamos en lo relacionado a la libertad de expresión. Una de las obligaciones, lo ha dicho la Corte (Interamericana), ha sido evitar la concentración de medios, a favor de la diversidad. Hemos seguido muy atentamente la aplicación de la ley. Aplicar una ley que pone límites a la concentración de medios tiene su delicadeza, y el Grupo Clarín impugnó algunas de estas decisiones (NB: se refiere a la decisión de avanzar con la adecuación de oficio de Clarín) que terminaron en medidas cautelares, y la justicia está estudiando el tema».

También el uruguayo Lanza, en oposición al nuevo pensamiento único que pretende instalar el macrismo para desguazar la ley 26.522 y los organismos creados por ella, le respondió al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien había negado que en la Argentina hubiese concentración de medios. Ante la pregunta de Poore, Lanza sentenció, recuperando la cordura, lo que es obvio: «No coincido. A todas luces, hay un grupo (Clarín) que tiene niveles de concentración muy importantes. Esto es importante: estamos hablando de libertad de expresión, no de una empresa que vende galletitas. Los medios de comunicación son vehículos para la libertad de expresión: los monopolios, oligopolios y la concentración indebida afectan la libertad de expresión. Hay empresas multinacionales que compraron casi todo nuestro mercado de cervezas; sin embargo, vos podés dominar el mercado de la cerveza sin que se vaya la vida institucional.

En el caso de la concentración de medios lo que ocurre es una afectación de la democracia, porque ese grupo va a imponer su mirada, va a limitar otras, va a combatir a ciertos gobiernos o criticar a la oposición. Ignorar eso es ignorar toda la doctrina en la materia. Las democracias robustas, como Estados Unidos, ponen límites a la propiedad cruzada de medios. Esto no es ciencia ficción: en Guatemala hay un empresario que tiene cuatro de los seis canales abiertos de difusión. Para ser presidente en Guatemala hay que partir de sus medios y hacer acuerdo con este señor». Cualquier similitud con la realidad argentina es pura coincidencia.

Las declaraciones del relator vuelven a poner las cosas en su lugar después de la zozobra institucional producto de las decisiones del oficialismo gobernante. Son una bocanada de oxígeno frente a un panorama dominado por el estupor ciudadano ante una serie de decretos que se saltean la legalidad existente, sea para crear una Corte adicta con jueces en comisión votados por nadie o para poner bajo la órbita del Ejecutivo un organismo que era colegiado y tenía como misión la desconcentración de la comunicación.

Organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición por una Comunicación Democrática, el CELS, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, REDCOM, y el Foro de Periodismo Argentino FOPEA; integrantes de los nuevos organismos creados por la LSCA, como la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la Defensoría del Público rechazaron el avasallamiento a la LSCA y sus 166 artículos.

Advirtieron sobre el retroceso democrático que significa la modificación por decreto presidencial de una ley de construcción colectiva, impulsada durante más de tres décadas, debatida en foros y audiencias públicas en todo el país, respaldada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y reconocida por Relatores para la Libertad de Expresión de ONU y OEA.

En ese sentido, el comunicado de la Defensoría del Público recordó: «Esa misma ley prevé, en su inteligencia plural y federal, con un profundo sentido de la democratización de las comunicaciones y de la participación colectiva, mecanismos de integración y remoción de directorios, consejos y comisiones de los organismos creados por la misma ley, para concretar los objetivos propuestos en todo su articulado. Resulta totalmente inadecuado el avasallamiento de la temporalidad y modalidad propuestas por la LSCA, en la que el único mecanismo previsto para evaluar el desempeño de los integrantes de esa autoridad es el art. 14».

«Es así como se gubernamentalizan organismos que deben representar los intereses heterogéneos de quienes viven en la Argentina y no de manera exclusiva los del Poder Ejecutivo Nacional –continúa-, como lo hace el decreto 236/15 al restringir una conformación plural, que emana del Poder Legislativo, a un único representante directo del Poder Ejecutivo, quien además tampoco fue sometido a proceso de evaluación social alguno; vulnerando, además, la autarquía y descentralización consagradas por ley».

Lanza reaccionó en la entrevista del Herald porque el decreto 236/15, que ni siquiera está sujeto a la revisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento parlamentario de la LSCA, ignora los mecanismos de remoción y reemplazo de las autoridades del directorio y vulnera los estándares internacionales que exigen que la autoridad de aplicación y fiscalización sea un órgano «independiente y autónomo del poder político y económico».

Cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó la plena constitucionalidad de la ley en 2013 exhortó al Poder Ejecutivo a respetar la «independencia» de la AFSCA. El decreto de Macri no sólo incumple con la recomendación del máximo tribunal. También se lleva puesto el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, que establece como principio general que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Esta prohibición fue específicamente establecida en la reforma constitucional del ‘94 con una clara intención de subsanar una omisión de la Constitución histórica a fin de garantizar la forma republicana de gobierno establecida en su artículo 1°.

Es tan brutal el decreto presidencial en su formulación y consecuencias que está encabezado por un párrafo donde habla de «usuarios y consumidores» de medios, cuando el nuevo paradigma consagrado por la LSCA en la perspectiva de los derechos humanos remite a las «audiencias» como sujetos de derecho que pueden dar y recibir información, buscarla y difundirla en igualdad de condiciones, de manera activa. Es decir, la ley había sacado la comunicación de la óptica mercantilista para pensarla como un derecho humano, y Aguad y Macri pretenden volver al régimen previo, como si en la Argentina no hubiera concentración empresarial que atenta y conspira contra la libertad de expresión. ¿A cuántos centímetros estamos de volver al decreto de la dictadura cívico militar?

La Corte, en su momento, cuando trató el Caso Clarín en audiencia pública, se pronunció de manera clara a través del voto del extinto Enrique Petracchi: «La concepción según la cual los medios reducen su significación a meros objetos económicos, sujetos a las reglas de la libertad de comercio, ha quedado desplazada. Al afirmarse como bienes valiosos para la preservación de identidades culturales diversas y como garantes del pluralismo queda planteada la tensión entre la libertad comercial y la necesidad de asegurar una libertad de expresión amplia, plural y diversa».

Todo esto sucede, además, mientras el Congreso de la Nación, democrática caja de resonancia del debate público, está fácticamente cerrado, ya que el macrismo no llamó a sesiones extraordinarias y se dedica a gobernar por decretos que, como se ve, por lo bajo, al menos, son de dudosa legitimidad y alcances depredatorios en materia de legislación y garantías democráticas.

Los que hablaban de republicanismo sellaron con fajas de clausura a la AFSCA e hicieron buscar por la policía a los funcionarios que estaban legalmente en sus puestos de trabajo, mientras el mismo sector de la judicatura que le dio decenas de cautelares a Clarín fue incapaz de sacar una a favor de la LSCA y sus autoridades en tiempo y forma.

El juez Julián Ercolini, que acató la denuncia del interventor de facto Garzón y desplegó fuerzas policiales sobre el edificio de la calle Suipacha para desalojarlo en cinco minutos, es el mismo magistrado que hace 5 años no cita a indagatoria al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, en la causa Papel Prensa. Tal es el grado de cooptación de un poder corporativo sobre uno de los tres poderes del Estado, como es el Judicial.

Sobre el interventor de facto Garzón no hay mucho más para decir que lo que todos imaginan: abogado sin conocimiento en Comunicación, dirigió la agrupación «Profesionales PRO» y fue legislador del mismo partido.