Reclamos y protesta. ADN

Las demandas y las protestas comenzaron en las provincias y los municipios. El gobierno nacional aún las siente lejos y considera que no lo lesionan, amparados en la protección mediática y empresarial de sus principales aliados.

También estiman –según encuestas y datos de los focus group, a los que son muy proclives- que tienen el aval de sus votantes, con apenas 40 días de gobierno, para ejercer “mano dura” ante posibles desbordes por reclamos laborales y sociales y aún con espacio para adjudicarle culpas a la administración anterior.

Mauricio Macri pone límites que va corriendo de acuerdo a las circunstancias. Probó con colocar dos jueces en la Corte por fuera del Congreso y esperó la reacción que fue mucha y entonces demoró la jugada.

Es un estilo de conducción donde siempre va por más y si no llega retorna al inicio. En el caso de los reclamos y las protestas, dejó en claro que ahora si ocupas un espacio público podes ir preso y si cortas una ruta te desaloja gendarmería. Ese fue el contrato social del macrismo y sus votantes.

Hasta aquí una sola mirada y en una única dirección, que no se replica en los casos que se van sumando en muchas provincias y municipios del país, donde aparecen luces de alertas.

Viedma sintió esta semana los efectos de la usurpación de 90 viviendas en el Barrio 22 de Abril, emplazado en la periferia sudoeste de la capital rionegrina. Pobres que les quitan a pobres.

Un conflicto que quedó acotado por la acción municipal y la intervención judicial, pero que no se solucionó. No hay suficientes viviendas para satisfacer la demanda de sectores carenciados, con trabajos temporarios y que irremediablemente necesitan del apoyo del Estado para no quedar excluidos de la sociedad.

Sobre un terreno -junto al Barrio 30 de Marzo- el municipio adjudicó 372 lotes y se construyeron 212 viviendas, a través del plan Techo Digno con recursos de Nación. Las viviendas están terminadas pero no llegaron más los fondos nacionales para ejecutar las obras de los servicios, una situación que alertó al municipio y a las empresas constructoras y de la que incluso algunos trataron de sacar provecho político.

“La necesidad tiene cara de hereje” dice el refranero popular. Una peligrosa tentación ver las casas listas para habitar, pero sin luz, agua, gas y cloacas, situación que a los ocupantes poco importa: lo principal es el techo. La cuestión era ocupar y luego esperar una solución.

Funcionaron los celulares y la convocatoria telefónica, con algún grado de organización e incentivo, sólo había que violentar el cerco perimetral y avanzar ante una mínima protección policial.

El resto es historia conocida. El intendente José Luis Foulkes viajó a Buenos Aires, junto con otros intendentes rionegrinos que están en la misma situación ante la falta de recursos del Plan Techo Digno, para explicar el problema de los fondos al titular de la secretaría de Viviendas de la Nación Domingo Amaya. Todos con el mismo problema y la posibilidad latente de usurpación, que en el caso de El Bolsón pudieron abortar a tiempo.

Se ratificó la continuidad de las obras, prometieron fondos, pero sin precisar fechas de transferencias y se pidió “paciencia” a los intendentes, según hicieron saber algunos jefes comunales.

Para Nación el problema está lejos y en el caso de Viedma es de Foulkes y podría ser también de Weretilneck.

Los canales de comunicación son “inexpugnables” y no son muchos. No existen aquellos caminos que trazaba la política de la mano de la dirigencia provincial y nacional. Tampoco es el radicalismo, socio de Cambiemos, quien ofrezca garantía no sólo de acceso a algún despacho, sino fundamentalmente la solución, y hoy la llegada es más fácil desde el massismo que via UCR. La foto por ahora es de Sergio Wisky, sonriente ante las cámaras, que se distribuye con celeridad en gacetillas de prensa, donde la imagen es más importante que las soluciones.

Nadie se quiere pelear con el gobierno nacional, pero los gobernadores e intendentes sienten que este estilo de Cambiemos llega con pocas soluciones. Aún con miradas condescendientes como la de los jefes comunales de Cipolletti y Bariloche, Aníbal Tortoriello y Gustavo Gennuso, se hace difícil soslayar la falta de respuestas concretas.

En la usurpación de viviendas de Viedma los perjudicatarios marcharon frente a los edificios judiciales y organismos provinciales y municipales, de manera pacífica y no hubo hechos de violencia. El fiscal y el juez intervinientes se ajustaron al protocolo y la policía provincial fue cauta y evitó enfrentamientos, mientras que se escucharon rumores sobre la posibilidad de la llegada de Gendarmería para desalojar a los ocupantes de las viviendas del Barrio 22 de Abril. En muchos sectores de la capital había consenso para que actúen los gendarmes.

Existe un panorama enmarcado por el descontento del aumento del costo de vida y la posible pérdida de fuentes de trabajo. La UOCRA Viedma alertó que llegan a 500 los obreros desocupados y reclama ante la falta de fondos nacionales que paralizó muchas obras en empresas constructoras y viales.

Por poco difundido tampoco es menor la situación en la minera de hierro MCC de Sierra Grande, que anunció un plan de achicamiento de personal que implica 200 obreros que perderían su empleo. La empresa aduce baja en los precios internacionales y poca rentabilidad empresarial y el ajuste pasa por el personal.

Alberto Weretilneck está atento a estos focos de conflictos que recibe “de regalo” pero ante los que no puede ser indiferente, porque finalmente los reclamos llegarán a las puertas de la Casa de Gobierno. Reaccionó rápido y aportó cerca de 32 millones de pesos en diferentes medidas que están a su alcance para evitar que se pierda la fuente laboral. Todo un mensaje para la empresa y el gobierno nacional.

El Ejecutivo rionegrino sigue con atención estos procesos que se insinúan de manera incipiente. Preocupa la demanda salarial del sector estatal porque la inflación está llevando los aumentos de sueldos por encima de las estimaciones de fin de año. Todos hablan del 40 por ciento, incluso Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, anunció un 15 por ciento de actualización al sector pasivo, correspondiente al último semestre y que se cobra en marzo.

Weretilneck espera ver qué hace el gobierno nacional con los reclamos de los productores frutícolas. Percibe que éste será un hueso duro de roer y observa dificultades para que llegue la solución.

Los sectores más duro, que representan al 80 por ciento de los pequeños y medianos chacareros, esperan una respuesta al pedido de fijar un precio de 5 pesos para la pera y manzana y 1.50 para la industria, con un precio especial de 2.50 para los 300 productores afectados por el granizo.

“Estamos jugados” definió un productor. Este es un punto clave, porque la situación de estos chacareros está al límite y con mucha predisposición a implementar medidas de fuerza, como el corte de rutas y el bloqueo de los camiones de fruta con destino al puerto de San Antonio Este. ¿Llegará la Gendarmería?

Los empresarios no han dado señal de pagar estos precios, incluso hablan de un valor cercano a un peso. Cerraron un acuerdo salarial con el gremio que les permite empacar y saben que concentran el 60 por ciento de la producción con fruta de calidad porque tienen recursos y en los montes se cumplieron con las tareas culturales, raleo, poda y cura de frutales en tiempo y forma.

El pequeño y mediano productor, con el 40 por ciento de la producción, sin recursos y endeudado, ofrece una fruta de menor calidad como para exigir mejores precios y además sabe que los beneficios de la quita de retenciones y el reembolso por el puerto sanantoniense no llegan al sector. Otro tema, no menor, es el pago de la mano de obra de la cosecha.

La brecha es amplia. Dos realidades difíciles de acercar, donde el gobierno tiene a mano convocar a la Mesa de Contractualización Frutícola, como un ámbito de diálogo y acordar un precio que evite el conflicto.

Los empresarios sienten al gobierno nacional como propio. La ideología, la política y el lenguaje son comunes, mientras que el pequeño y mediano productor espera el subsidio, un término poco agradable a los oídos de la administración central. Comparan su situación con los productores lecheros, pero son distintas. En este caso se trata de intereses de la pampa húmeda –principal cuenca lechera nacional- que controlan sólo dos empresas, dueñas de las principales usinas lácteas del país, con tecnología, genética y producción.

Mientras tanto fuentes rionegrinas cercanas al gobierno nacional no creen posible que se apliquen políticas de subsidios a los pequeños y medianos productores frutícolas rionegrinos.

El Ejecutivo rionegrino espera una solución que evite los clásicos “tractorazos” del verano y que lo ponga en una posición incómoda frente a un eventual conflicto y pondrá todo lo que esté a su alcance para aportar a una solución, tanto en materia fiscal como otras que puedan implementarse desde la Secretaría de Fruticultura. Operará igual que con la minera sierragrandense.

Weretilneck reconoce que vendrán meses difíciles, sigue pensando en la interlocución nacional, espera que le vaya bien al gobierno de Macri y no quiere verse afectado por políticas que no están en su control, como la inflación, la falta de recursos nacionales, la paralización de obras y los conflictos laborales, a los que se puede sumar el sector petrolero, como en el caso de Chubut.

¿Qué cosas no piensa resignar? La pelea por recuperar el 15 por ciento de la quita de la coparticipación, apostar al gas y el petróleo, terminar las obras de las rutas naciones 22 y 23, reivindicar para Río Negro los proyectos tecnológicos del Invap y en menor medida de Altec y no resignar su defensa de las economías primarias.
La consigna es estar atentos, no abrir focos de conflictos y diseñar la estrategia política para avanzar en un terreno de gestión nacional aún desconocido.