El fuego que se apagó. ADN
La Justicia volvió del receso y aún con un poco de modorra, es de esperar que se activen causas que tuvieron el año anterior una singular repercusión social. La más emblemática, sin dudas, el incendio provocado en el Juzgado Penal 4, en el edificio de tribunales de 25 de Mayo y Laprida de Viedma.
No es menos cierto que desde el propio Poder se trató de soslayar el caso y sólo hubo una tímida definición de atentado, pero luego poca “actitud” en resolver el caso. Esta postura cuasi indiferente también se observó en otros sectores que tendrían que haber insistido en poner ante la ciudadanía una clara voluntad investigativa y no sólo se trata de los poderes del Estado, sino también a las corporaciones cercanas como los colegios de abogados y magistrados.
Distintas fuentes consultadas por esta página digital mostraron escepticismo en que se arribe a un resultado sobre cómo se produjo el incendio, quiénes fueron sus autores, instigadores o mentores, si es que existieron.
También hubo coincidencia en estas consultas en que el dictamen de la Cámara Penal sala B de Viedma, fue determinante en afirmar que la negativa del juez de la causa, Favio Igoldi, de acceder a los allanamientos y detenciones pedidos por la fiscal Itziar Soly “demoró y trabó” la investigación, como así también la adopción de medidas de acción rápida sobre quienes existen sospechas de una posible participación en el incendio.
Por ejemplo aquella imagen de una persona captada por una cámara, vestida de determinada manera, difícilmente hoy pueda encontrarse esa ropa ante el alerta producido sobre su investigación. Del mismo modo, hubo otros alertas sobre los sospechosos con pruebas que hoy perdieron sentido, incluso una abogada que podría tener conocimientos sobre el caso dejó esta ciudad y se trasladó a una provincia vecina, una mudanza que habrían imitaron otros presuntos implicados.
Hay muchas escuchas, un detenido en la comisaría de Carmen de Patagones que dio a entender su participación en el hecho, huellas digitales de una escalera que se habría usado para escalar e ingresar al edificio de tribunales, un monto dinero que se habría al menos prometido para hacer “el trabajo” y otros elementos que se fueron apagando como el mismo incendio.
Alejado del caso Igoldi, que tendría elevado al Consejo de la Magistratura pedido de análisis de su actuación como juez de la causa, la investigación estará en manos del juez Ignacio Gandolfi, a quien “le colgaron el San Benito”.
“No va a pasar nada” afirmó con contundencia un abogado penalista y por general con buena información. “Todo es tan raro como los personajes que estarían involucrados de los dos lados del mostrador” agregó.
La Justicia tiene la palabra, porque este atentado producido en el corazón del Poder Judicial y en la manzana viedmense de mayor connotación de poder político, no puede quedar sin resolverse.