Lesa humanidad: comenzaron los alegatos en la causa ESMA

Con una innovadora mirada hacia los tratados internacionales y la jurisprudencia interna que vuelve a desarticular la idea de la guerra entre dos bandos, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación comenzó su primer día de alegatos en el juicio por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Destinada a responder en primer término a los defensores particulares de los militares que en el debate aún corren a testimoniantes y a sobrevivientes con estos argumentos, el alegato dialogó a la vez con los nuevos tiempos del afuera de la sala. Recordó, en este nuevo contexto, “el firme compromiso que el gobierno nacional ha asumido en estos procesos” y cómo se encuentra obligado a avanzar en el juzgamiento de los crímenes de Estado frente organismos internacionales, por compromisos asumidos para “cumplir con el debido proceso y la tutela de las víctimas y sus familiares”.

“La enorme mayoría de las víctimas no cayeron en combate ni en enfrentamientos –de los cuales la enorme mayoría se comprobó que eran fraguados–: fueron secuestrados mientras estaban en su casa, durmiendo, mientras iban por la calle o estaban en el trabajo. Fueron secuestrados, torturados y asesinados en condiciones de indefensión y aquí radica la diferencia del caso argentino”, señaló la abogada Lucía Gómez Fernández de la secretaría, en uno de los tramos, al retomar una caracterización del sociólogo Daniel Feierstein sobre el genocidio argentino.

El represor Ricardo Cavallo vestido de traje y corbata como un abogado más sentado en medio de la sala, escuchó el alegato sin observar, como en cada una de las audiencias. Cavallo volvió a las audiencias acompañado por su eterna computadora portátil. Desde una pantalla ubicada en la sala de monitores, otra cámara conectó a los presos ubicados en el Servicio Penitenciario de Ezeiza desde donde iban rotándose cinco de ellos alrededor de una mesa. El Tribunal Oral Federal 5 abrió la primera audiencia del año con el anuncio de ordenamiento de horarios. El presidente del TOF Daniel Obligado dijo que los alegatos de querellas y defensas no podrán extenderse de aquí en adelante durante más de doce horas, un mensaje especialmente dirigido a los imputados y que en buena hora busca acelerar este megajuicio para terminar antes de fin de año. Guillermo Jesús Fanego, uno de los abogados combativos, levantó la mano y como siempre opuso una disidencia.

La primera audiencia se abrió con el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, luego de los alegatos de los fiscales que terminaron en diciembre. Los abogadas de la Secretaría de Derechos Humanos no cambiaron, pese a la nueva gestión.

La lectura histórica de la jurisprudencia, la desarticulación jurídica de la teoría de la guerra y los dos demonios con ejemplos de diferenciación hasta de las FAR colombianas; la revisión del proceso de memoria, verdad y justicia con marcas en la transición democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín, los fallos de la Corte, el gobierno de Néstor Kirchner y el rol del Congreso, especialmente importante en la anulación de las leyes de impunidad y la declaración del carácter de política de Estado de estos procesos aprobado por unanimidad en 2010, fueron parte del alegato.

“La fiscalía hizo hasta ahora una valoración muy minuciosa de la prueba y muy técnica”, explicó la abogada Gómez Fernández a este diario. “Esto nos permitió tocar otros temas. Nos pareció importante tomar la clásica línea defensista del ‘esto fue una guerra’ que suele tratarse en la mayoría de los juicios pero por arriba, y no se analiza desde lo jurídico. En este juicio ESMA el tema no estuvo sobrevolando sino que apareció en cada interrogatorio, en cada declaración de los imputados y en las preguntas de los defensores. Por eso decidimos analizar este tema y tratarlo jurídicamente porque hasta ahora no se hizo. Y si vos lo analizas los tratados internacionales y los hechos históricos, notás que no se da la configuración de un conflicto armado. Acá no había una fuerza que combatía contra a otra o que controlaba una territorio, acá masacraron a una parte del pueblo.”

Esto es lo que vienen escuchando las víctimas desde el cautiverio, dijeron en la sala. “Vos sabés que estamos en guerra, que esto es una guerra sucia”, recordó uno de los sobrevivientes cuando habló de la ESMA. El Tigre Jorge Acosta le dijo algo parecido a una sobreviviente: “Esto es una guerra de exterminio, pero vos te vas a salvar”.

“Algunos defensores en esta sala han tendido a profundizar las preguntas sobre el tipo de militancia, la filiación política de las víctimas o el grado de compromiso en una organización, incluso preguntaron sobre el uso de armas”, se despachó la abogada. Al fondo, la escuchaban amigos, sobrevivientes y familiares. Algunos más entusiastas aclamaban el rol que están teniendo en los juicios la generación de abogados más jóvenes. “Esto dio lugar a incidencias en las audiencias –continuó la abogada– porque las actuaciones particulares de las víctimas no forman parte del objeto procesal de esta causa.” Luego de recordar una cita de Eduardo Luis Duhalde sobre el objeto del juicio penal y sus límites, agregó: “Sostener que los secuestros, las torturas, los abusos sexuales, el robo de niños o los asesinatos fueron una respuesta al accionar de las organizaciones armadas o de dos fuerzas enfrentadas, de Montoneros para este caso, de montar uno de los centros clandestinos más grandes del país, de secuestrar jóvenes, ancianos, familias y desaparecerlos, nada de esto para ellos resultaría reprochable porque en su lógica fueron excesos dados en una guerra”.

Entonces se metieron con las definiciones de guerra de los tratados internacionales.

Pensaron comparaciones posibles. Recordaron por si quedan dudas, hasta una declaración de Jorge Rafael Videla previa al golpe, cuando dijo que las organizaciones están con una “impotencia absoluta en su presunto poder militar”, “incapaces para trascender en el plano militar”. Recordaron, ya más acá, todo desde la causa 13 hasta la sentencias posteriores. Y se posicionaron desde ese lugar. “Los crímenes del gobierno de facto, autodenominado proceso de reorganización nacional, dejaron numerosas víctimas, secuestros, torturas y homicidios entre otros delitos. Acá hubo una estructura ilegal de las Fuerzas Armadas diseñada con un plan con normas específicas para la implementación de una verdad e ideología paralela”. Un plan, recordaron, “legitimado por las instituciones, los factores de poder y parte de la sociedad civil”. Así, aunque escaseó la palabra cívico-militar, el contenido quedó dicho.