Puja salarial. ADN
El Gobierno comenzó la ronda de encuentros con los gremios estatales para definir la pauta salarial 2016, en un marco nacional de inflación creciente, depreciación del peso, aumentos de tarifas combustibles y alimentos, y en una situación financiera provincial endeble: los recursos propios no aumentan, la recaudación no registra mejoras respecto del año anterior, y el presupuesto está casi todo destinado al pago de salarios, lo que no deja margen a inversiones que generen trabajo e ingresos.
Varios sindicatos (UnTER, ATE, SITRAJUR, SOYEM) unificaron un criterio de recomposición: 40%. Una cifra que eleva en 15 puntos la pauta inflacionaria calculada por el gobierno de Mauricio Macri.
El Gobierno comenzó la negociación convocando a la Mesa de la Función Pública. Allí solo se sienta UPCN. ATE pide su inclusión. Juan Carlos Scalesi escuchó la oferta gubernamental y la rechazó. El 19% está lejos de cualquier consideración lógica. Volverán a reunirse la semana próxima. La puesta en escena funciona hace años: ofertas, rechazos, comunicados de prensa altisonantes y después, el acuerdo. El mandamás de la Unión Personal Civil de la Nación le pidió a los Ministros cinco puntos más de lo ofrecido. Con esa cuenta llega al 24, más un punto de asignaciones familiares y otro de la antigüedad, están en 26% de incremento. ¿Estaba acordado?.
Los demás gremios cuestionan el mecanismo. Por eso, el viernes, cuando UnTER fue a la paritaria con Educación, rechazó de plano el aumento del 25%. No solo porque está lejos del 40 requerido, sino porque eleva el techo de la discusión. También acordaron una nueva reunión. La idea es patear lo más lejos posible la negociación esperando una pauta nacional.
Macri pronosticó que la inflación para este año rondará entre el 20 y el 25%, y sonó a tope salarial. Su Ministro de Trabajo aclaró que no, pero dijo que sí era una referencia. El titular de Hacienda, Alfonfo Prag Gay, advirtió a los gremios que deben pensar en mantener las fuentes laborales. Ergo, no pedir aumentos por encima de la pauta inflacionaria fijada. Los gremios reaccionaron. Afines y opositores se quejaron por los condicionamientos del gobierno.
Mientras este debate se da (fundamentalmente por los medios de comunicación) la administración nacional suma despidos. El ministro de Modernización del Estado anunció también la revisión de 11 mil concursos públicos. El marco de negociaciones no es el mejor. Y nadie en la Casa Rosada suma el impacto de la salida del cepo (devaluación) ni los aumentos del costo de vida.
Río Negro -según registros del 2015- está dentro de las cinco provincias con más inversión salarial. De cada 10 pesos, entre 7 y 8 están destinados a sueldos. En consecuencia, la administración de Alberto Weretilneck deberá poner en funcionamiento un proceso de gestión ingenioso para funcionar. El dinero de los contratos petroleros (aquel que no se destinó a obras y equipamiento y está invertido en letras del tesoro) podría ser motor crediticio de fomento para reactivar un sector de la economía que deje dividendos a las arcas locales.
¿Se reactivará la idea de un banco propio y un puerto estatal?. Por ahora todo a Comisiones.
Puede ayudar a encausar la discusión salarial la propuesta que Macri le hizo al líder de la CGT, Hugo Moyano: aumento del 30%, suba del mínimo no imponible a 30 mil pesos en ganancias y discriminación del IVA en alimentos. Las medidas perjudican a las provincias. Las retenciones (que ya no existen), el impuesto al valor agregado y ganancias son coparticipables.
Las próximas semanas serán decisivas. Determinarán si, por caso, comienzan las clases o no, y el grado de conflicto social que puede marcar no cerrar acuerdos salariales acordes a la depreciación del poder adquisitivo, más despidos masivos.
El gobierno de Alberto Weretilneck -aseguran- hará su mejor oferta alrededor del 30% anual con concesiones a cada sector particular (aumento en horas extra, guardias, asignaciones familiares, antigüedad) para que sea cumplible el acuerdo. Por fuera de esa pauta deberá recurrir a Nación o préstamos internacionales.
Quizás, sea el momento indicado para elevar al Parlamento un proyecto de paritarias para todos los Poderes donde estén incluídos todos los gremios y con reglas que moderen el debate salarial, por ejemplo, aumentos en porcentajes de acuerdo a las categorías. Una muestra: un sueldo de 50 mil pesos con un incremento del 30% se convierte, a fin de año, en 65 mil. El mismo incremento para un salario de 10 mil es de 3 mil pesos. Ambos salarios conviven en el Estado rionegrino.