Acuerdo con los holdout: Naciones Unidas advierte riesgos globales

Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertaron sobre las consecuencias del arreglo del gobierno de Mauricio Macri con los buitres. “Dificultará la solución de las crisis de la deuda de una manera justa”, advirtieron.

El arreglo del Gobierno con los fondos buitre puede sentar un mal precedente para otros países que afrontan o están en riesgo de afrontar extorsiones similares por parte de aquellos tenedores de bonos que quedaron fuera de las reestructuraciones de deuda. Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alertaron sobre las consecuencias que tendrá, de aprobarse, el acuerdo que impulsa el Gobierno con los fondos buitre no sólo para Argentina, sino para todos los estados del mundo que intentan resolver sus crisis de deuda externa de manera soberana. En un comunicado emitido en Ginebra, Suiza, el experto sobre las consecuencias de la deuda externa en los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y el experto sobre la promoción de un orden Internacional Democrático y Equitativo Alfred De Zayas sostuvieron que la oferta de Macri y Prat-Gay de pagar 4650 millones de dólares cash a los buitres “alentará litigios disruptivos de acreedores holdout” como el que se cursa contra la Argentina en Nueva York “en todo el mundo”.

“No son buenas noticias”, coincidieron los expertos ante la posibilidad concreta del acuerdo, porque “dificultará la solución de las crisis de la deuda de una manera justa, oportuna y eficiente, alentando y recompensando el comportamiento de aquellos que se niegan a participar en los esfuerzos de reestructuración”. Ambos advirtieron, además, que “el mensaje” que enviaría Argentina al mercado financiero “sería que conviene negarse a participar en los procesos de reestructuración”, lo opuesto a lo que el país impulsó hace tan sólo seis meses ante la propia asamblea de la ONU, con el anterior gobierno.

En septiembre del año pasado, por iniciativa argentina, la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría los nueve puntos para la reestructuración de la deuda soberana. Con 136 votos a favor y sólo 6 en contra (EE.UU., Israel, Canadá, Alemania, Reino Unido y Japón), los principios creaban el marco de acción entre los estados deudores y los acreedores, con derechos y obligaciones a los que cada parte debe abstenerse. Entre otras cosas, la resolución establece que si una reestructuración como las impulsadas por el país en 2005 y 2010 es aprobada por “una mayoría calificada”, el resto de los bonistas “no representativos” (en este caso, los buitres) deben subordinarse a lo acordado por la mayoría.

Los expertos marcaron el peligro que engendra esa contradicción. “Aunque Argentina promovió los principios de reestructuración soberana, ahora está a punto de pagarles a los fondos buitres mucho más de lo que el Estado argentino pagó a los acreedores que cooperaron en reestructuraciones de deuda pasadas”, señalaron. Y adjudicaron el cambio de rumbo a la operación “de las fuerzas del mercado”. “Ahora es aún más urgente que la comunidad internacional encuentre mejores soluciones a este problema”, dijeron.

Bohoslavsky y De Zaya recordaron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestó en 2014, en plena ofensiva buitre contra el país, su preocupación “por el hecho de que el pago a los fondos buitres podría socavar la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Ante el nuevo escenario, llamaron la atención sobre el costo del arreglo, que implica tomar nueva deuda, tal como lo planteó el ministro Prat Gay. El regreso al endeudamiento externo “exacerbaría la desigualdad económica y crearía las condiciones para una futura inestabilidad financiera”, agregaron. En ese sentido, llamaron a los miembros del Congreso a “considerar cuidadosamente las consecuencias del acuerdo” y a actuar “con prudencia” sobre el monto de endeudamiento que acarrearía el acuerdo si es aprobado en ambas Cámaras. “Antes de decidir sobre esta amplia gama de cuestiones, sería apropiado realizar una evaluación del impacto sobre los derechos humanos”, sugirieron.