Productor denunció “presiones” del Banco Nación por deudas

(ADN).-Un productor frutícola promovió un reclamo contra el Ministerio de Economía de Río Negro para que lo reincorpore en el marco de la ley provincial de refinanciación de deudas con el Banco Nación y señaló “presiones” desde la entidad para lograr un acuerdo. Sumó que presentó una propuesta de pago por 400.000 pesos, pero afirmó que le rechazaron la propuesta.

Además, un reciente dictamen -12 de febrero- de la Procuración General del Poder Judicial sugirió al Superior Tribunal que rechace el mandamiento de ejecución u orden contra Economía que presentó el productor Eduardo Alberto Genoud, con el patrocinio letrado del abogado Martín Damborearena.
La acción judicial de Genoud tuvo por propósito promover “mandamiento de ejecución contra el Ministerio de Economía de Río Negro, con el objeto de que se ordene su reincorporación dentro de las previsiones establecidas en la Ley N° 4750 a la que oportunamente había sido incorporado”.
En su momento, el productor indicó que “mientras tanto, desde la sucursal de General Roca del Banco de la Nación Argentina comenzaron a presionarlo a fin de alcanzar un acuerdo con respecto a la deuda” y aseguró que el 19 de marzo de 2014 efectuó un pago a cuenta de 400.000 pesos y elevó una propuesta de plan de pago cancelatorio. Pero, el 27 de ese mismo mes “la entidad bancaria formuló el rechazo de la propuesta”.

Mencionó que el 26 de enero de 2012 el gobernador y el ministro de Economía suscribieron un convenio con el presidente del Banco de la Nación Argentina, cuyo objeto fue la constitución por parte de la entidad de un fideicomiso financiero, de administración y garantía, el cual -en su carácter de fiduciante- cedía determinados créditos en propiedad fiduciaria a Nación Fideicomisos SA, como fiduciario.

Expresó que los créditos conformaron una lista de deudores morosos, oportunamente otorgados a personas físicas y jurídicas del sector agropecuario radicado en la provincia.

Agregó que al 31 de diciembre de 2011 se encontraban en situación irregular
compromisos por 33.704.901, incluyendo el monto de los créditos fideicomitidos, gastos judiciales, honorarios estimados y la comisión resarcitoria por gestión de cobranzas de cartera irregular.

En un momento del proceso, la abogada Lucrecia Rodrigo, apoderada de la Fiscalía de Estado de Río Negro, sostuvo que “la pretensión involucra meras conjeturas sobre un supuesto perjuicio por la eventual continuidad del trámite judicial de ejecución hipotecaria que el amparista denuncia y no acredita”.

La letrada afirmó además que “la cuestión se circunscribe a un reclamo de índole netamente patrimonial” y remarcó “la ausencia de urgencia, irreparabilidad del daño y gravedad”. En ese sentido, relató que la ejecución judicial fue iniciada en el año 2008 y el reconocimiento de la exclusión del fideicomiso tuvo lugar en el año 2014.