Consideran que «el Estado debe hacer un máximo esfuerzo» para garantizar los derechos educativos
(ADN).- La defensora general del Poder Judicial de Río Negro, María Rita Custet Llambí, indicó en un reciente dictamen que el Estado provincial debe realizar un máximo esfuerzo, sin poner como pretexto cuestiones presupuestarias, por el servicio de transporte escolar para alumnos de dos Escuelas Hogar de los parajes rionegrinos de Corralito y Cerro Alto.
La funcionaria judicial consideró “absurda la solución propuesta por la Fiscalía de Estado cuando el costo de proporcionar el transporte semanal para el Estado es mínimo y cuando, además, el daño que le ocasiona a los niños es inconmensurable”.
Por este caso, el Superior Tribunal de Justicia ordenó la intervención de la Defensoría General, en su carácter de Ministerio Público de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, con motivo del recurso de apelación presentado por un apoderado de la Fiscalía de Estado contra la sentencia N° 93 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería N° 3 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, del 21 de marzo de este año.
La resolución judicial impugnada dispuso hacer lugar al amparo interpuesto por un grupo de padres de alumnos que asisten a las Escuelas Hogar N° 158 de Corralito y N° 152 de Cerro Alto y ordenó al Ministerio de Educación de Río Negro que a arbitre cuanto fuera necesario a fin de que en el término de cinco días se reestablezca y garantice el transporte escolar para el traslado, de manera semanal, de los alumnos que concurren a esos establecimientos educativos.
La defensora general remarcó que “los niños y niñas que actualmente concurren al nivel primario en las Escuelas Hogar N° 158 de Corralito y N° 152 de Cerro Alto, a partir de los cinco años se incorporan a un sistema educativo que les impone -en razón al lugar geográfico en el que se domicilian- concurrir a escuelas hogares alejadas de su grupo familiar, permaneciendo en las mismas de lunes a viernes sin ver a sus afectos, con el sacrificio que dicha exigencia implica para niños y niñas de tan corta edad”.
Indicó que “resulta sumamente cruel e inhumano que la administración pública los someta a mayores sacrificios que los de por sí deben realizar”.
Interpretó que “la postura planteada por la recurrente (provincia) por la cual pretende que mis asistidos permanezcan durante 15 días corridos en las Escuelas Hogares a las que concurren sin ver a sus familiares… vulnera los derechos constitucionales y convencionales de mis defendidos y defendidas a crecer con su familia, a recibir una educación que se adapte a sus necesidades y a que se les garantice su desarrollo integral”.