El Palacio y la Calle. ADN

Una vez más, la dirigencia política reaccionó tarde. La ola de reclamos de la gente los sorprendió. Y en el apuro, hubieron posturas disímiles.

El pico del enojo popular llegó junto a las facturas de gas. Venía en aumento desde la devaluación que impuso el fin del cepo cambiario: la inflación subiendo mes a mes, tres incrementos consecutivos en los combustibles, los supermercados -sin control- llevan remarcado hasta el 60%, aumento del 40% del pan. Todo esto en el contexto de despidos y una transferencia de recursos a los sectores de mayor concentración económica.

Según el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, se echaron casi 11 mil trabajadores del ámbito del Poder Ejecutivo, lo que significó un «ahorro» de 2.800 millones de pesos al gasto público. Sin embargo, el Estado «perdió» 23 mil millones por la quita de las retenciones. Ahí queda expuesto el ADN del macrismo.

Esa misma génesis es la que impide nomenclar el costo social de sus medidas. Por eso el presidente Mauricio Macri no dudó en vetar la Ley Antidespidos, la consideró «antiempleo». Llamativa evaluación de una ley que frena los despidos y, en caso de que se hicieran, impone una doble indemnización a los trabajadores. «Es una mala señal al mundo» dice Macri, quien considera que con la norma vigente las empresas internacionales no vendrán a la Argentina.

Cualquier parecido con el gobierno de Carlos Menem, es mera coincidencia.

Pero frente a las medidas antipopulares del gobierno nacional, con excepciones, ha faltado reacción de la dirigencia rionegrina, fundamentalmente en el oficialismo. Quedó claro con las movidas que hicieron los vecinos de a pie para frenar los aumentos del gas, lo que obligó a intendentes a presentar amparos en la justicia federal.

«Con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes» decía el viejo eslogan.

Gustavo Gennuso, jefe comunal de Bariloche, encabezó las reuniones con otros intendentes de la zona cordillerana de Chubut, Río Negro y Neuquén. Los habitantes de esa ciudad recolectaron 30 mil firmas en dos días. Y los empresarios dijeron que los tarifazos herían de muerte al Turismo.

Pero la zona andina no es la única afectada. Los jefes comunales de Sierra Grande y San Antonio también presentarán acciones en la justicia. La Mina MCC está al borde de la quiebra. Los incrementos de luz y gas, complica el escenario. En los valles Medio y Alto las empresas ligadas a la fruticultura pasan un momento difícil. No fue el esperado el impacto de las medidas del gobierno nacional para revitalizar esa economía regional. Ni la salida del cepo ni la eliminación de las retenciones sirvieron. Los aumentos en combustibles y energía terminaron con cualquier expectativa. Facturas de hasta 700 mil pesos de luz han pagado.

Ni hablar de los clubes. El roquense El Progreso pasó de 4 mil a 27 mil pesos de gas de la temporada verano-otoño. Falta el invierno.

Los primeros en reaccionar fueron los diputados y senadores del Frente para la Victoria, más por oposición intensa al macrismo que por idea cabal de conflicto. Martín Doñate presentó un proyecto para eximir a los clubes de barrio de pagar impuestos. Lo siguieron María Emilia Soria, Silvia Horne y Luis Bardeggia y sumaron otras acciones. También las senadoras Silvina García Larraburu y Magdalena Odarda (CC-ARI) intentaron acciones parlamentarias.

Los legisladores provinciales, concejales y el gobierno, reaccionaron con el conflicto social explotado y una fuerte inercia de los medios de comunicación. La última semana, el gas fue la vedette. Hasta Sergio Wisky, diputado del PRO, asumió que los aumentos fueron más importantes que lo pensado y pregonó acciones ante el gobierno nacional.

Las posturas fueron disímiles: mientras la oposición fue a la Justicia, el PRO y Juntos Somos Río Negro apostaron al diálogo. Mañana habrá una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren. De todos modos, el funcionario ya adelantó que habrá pago en cuotas y rebajas a la industria. Para la CAME las medidas son insuficientes.

Fue Mario Das Neves, gobernador de Chubut, quien encabezó la postura más dura de la Patagonia. A pesar de ser un «aliado circunstancial» como el massimo, le hizo saber al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la cumbre de Córdoba que se tomarían medidas necesarias sino había medidas concretas para frenar los aumentos.

Ayer, el presidente del PJ, Martín Soria, le reclamó al gobernador Alberto Weretilneck plantarse frente a Nación para defender los intereses de los rionegrinos.

La reacción -tardía- del oficialismo, buscó trascender Río Negro. Y pidió una política tarifaria energética diferenciada para la Patagonia. Así, buscó salir de la coyuntura. No solo aportó la idea del frío en la región, sino la calidad de las provincias en producción energética y su aporte al país.

En rigor, la cercanía de JSRN al macrismo lo pone en situación incómoda en temas como el gas. Weretilneck salió a bancar el acuerdo con los fondos buitre asegurando que era «lo mejor» para Río Negro. Y se puso del lado de Macri avalando el veto de la Ley Antidespidos. Le falta (para demostrar autonomía) protestar más fuerte o a tiempo frente a las políticas de la Casa Rosada que afectan a los rionegrinos.

Weretilneck confió en que había que pasar el primer semestre, aún con las malas noticias. Aceptó el discurso del segundo semestre y la recuperación económica. Ello no sucederá, o demorará más de lo estimado.

El propio ministro de Economía, Isaías Kremer, habló por cuanta radio lo convocara para explicar el acuerdo de devolución del 15% la coparticipación y la colocación de Letras del Tesoro en el mercado. Valoró las acciones y garantizó aire a las finanzas locales. Dijo que habrá dinero para pagar proveedores y aguinaldos. Planteó que el objetivo del Gobierno es que no haya despidos. Pero desestimó que la economía nacional se recupere en la segunda mitad del año. «Es un programa recesivo» dijo. Y ejemplificó: «Los despidos, el aumento de tarifas y la elevadas tasas de los plazos fijos bancarios, sacan dinero del circuito, y la economía se enfría. En algún momento la inflación va a bajar. Pero este modo genera recesión».

Kremer también dijo que hay cada vez menos transferencias de coparticipación a las provincias, y medidas como aumentar el mínimo no imponible, la discriminación del IVA y la quita de retenciones perjudican las transferencias. Por eso apuesta a un programa de recaudación propia, pero se ve alterado por el incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Lo que demuestra esta situación es la diferente perspectiva que se tiene de la realidad en el Palacio y en la Calle. La dirigencia deberá trabajar para achicar esa brecha. Es un tiempo complejo y podría haber reacciones sociales. Aún falta la respuesta de los gremios frente al veto. Y de la industria sobre el costo de la energía que, sin la Ley Antidespidos, tiene luz verde para echar trabajadores frente a los aumentos de los costos.