La Justicia porteña pone freno al abuso en los alquileres, y genera jusrisprudencia en el todo el país

La Justicia porteña suspendió la resolución del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) que habilitaba a las inmobiliarias a cobrar por alquiler comisiones superiores a las establecidas por la ley local. Según resolvió ayer el juez Marcelo Segón, los corredores inmobiliarios porteños no podrán cobrar a los inquilinos de viviendas más del 4,15 por ciento del valor total del contrato. De incumplirlo, de acuerdo con lo determinado por el juez, deberán afrontar una multa de 20 mil pesos por cada caso acreditado.

“Este fallo crea jurisprudencia para que en el resto del país se empiecen a cumplir los fallos provinciales y los inquilinos puedan alquilar de forma más justa”, sostuvo a Página/12 Gervasio Muñoz, de la agrupación Inquilinos Agrupados.

El magistrado suspendió “en forma inmediata” la resolución del Cucicba mediante la cual la entidad que agrupa a las inmobiliarias porteñas habilitó el cobro de hasta dos meses de alquiler de comisión. Amparado en el principio de libertad contractual, el Colegio de inmobiliarias había avalado la autorregulación del cobro de comisiones, incluidas las que cobran a los inquilinos de viviendas, sin respetar la ley porteña que establece un tope del 4,15 por ciento del valor del contrato.

La decisión de Segón fue tomada a partir de la presentación de un amparo colectivo contra el Cucicba impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), y por Gervasio Muñoz, de la agrupación Inquilinos Agrupados. De esta forma y tal como lo dispone el artículo 57 de la Ley 2340, a partir del lunes 9 de mayo, los corredores inmobiliarios no podrán excederse en el cobro de comisiones hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. Además, la medida le otorga a Cucicba la responsabilidad de controlar que las inmobiliarias respeten esta normativa. De violarse la resolución judicial se impondrá una multa de “20 mil pesos por cada incumplimiento acreditado, suma que se destinará a las actividades de difusión de los derechos de los inquilinos que realizará” la Acij, patrocinadora del amparo.

En su resolución, el magistrado destacó “la importancia del derecho al acceso a la vivienda digna, a cuyo acceso se ven dificultados los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires debido al cobro de comisiones que exceden lo permitido por la Ley N° 2340”, y consideró que “el acceso a la vivienda digna está íntimamente relacionado con otros derechos humanos fundamentales”. Además, el juez argumentó que el Cucicba “no tiene competencia para el dictado de la resolución aquí cuestionada” ya que dicha ley “no lo facultó expresamente a tal fin sino que, muy por el contrario, la Legislatura conservo su potestad para fijar los respectivos aranceles”, agregó.

“Esta medida llega después de mucho tiempo de plantear que las inmobiliarias estaban actuando ilegalmente”, contó a este diario el abogado de la causa y codirector de Acij, Sebastián Pilo. “El juez nos concedió la razón en este punto porque entendió que estos abusos estaban generando un mercado de alquileres cada vez más expulsivo”, explicó. Según relató Pilo, las irregularidades que más denuncian los inquilinos son aumentos desproporcionados “muy superiores a los aumentos de la inflación, con una periodicidad que muestra que los propietarios cobran adicionales para protegerse a sí mismos” en perjuicio de los inquilinos.

Otra de las denuncias que más se registran son gastos de los propietarios que intentan trasladarse a los inquilinos, “como expensas extraordinarias y otros relacionados a la puesta en valor” de la propiedad. “Cualquier inquilino al que le quieran cobrar comisiones de más o detecte otras irregularidades se puede acercar a Acij o a la Defensoría del Inquilino, de la Defensoría del Pueblo”, advirtió el abogado.

Por su parte, Muñoz subrayó que “la participación de los inquilinos para conseguir este fallo” ha sido fundamental. La medida alcanza al 32 por ciento de las personas que residen en Buenos Aires, por lo que se calcula que beneficia a alrededor de un millón de personas. Para el mercado inmobiliario, en tanto, cumplir con la regulación significará una pérdida de 1100 millones de pesos anuales.

Quienes componen Inquilinos Agrupados admiten que todavía “hay mucho para hacer y faltan políticas en materia de acceso digno a la vivienda”, aunque “sin dudas se trata de un avance hacia un alquiler un poco más justo”. “Es un gran logro avanzar frente al poder que tiene el mercado inmobiliario”, manifestó Muñoz. En adelante, la agrupación intentará “empezar a plantear cuestiones de acceso que tienen que ver con la garantía y con estafas como pedir informes y sellados”. Para el representante de los inquilinos porteños, “el objetivo es que de una vez por todas se terminen los abusos de las inmobiliarias, ya que somos muchísimos los que tenemos que alquilar”.

La resolución del juez también considera el carácter colectivo de la medida, por lo que ordena “darle amplia difusión a la medida cautelar aquí dictada” a través del Boletín Oficial de la Ciudad, medios de comunicación y la página web del Colegio de Corredores Inmobiliarios. En el marco de este amparo, el juez también dispuso semanas atrás que se difunda la existencia de la causa para que se presenten aquellas personas interesadas en el litigio.