La Producción frutícola de Rio Negro merece mejores respuestas

(Por Osvaldo Nemirovsci).- La producción frutícola rionegrina arrastra años de carencia de apoyos sustantivos por parte de los gobiernos provinciales y nacionales y hoy encuentra en su ya escarpado y doloroso rumbo nuevos inconvenientes, viejos problemas y ninguna solución a la vista.

Dije en otros momento, que la producción de manzana y pera en el Alto Valle de Rio Negro no solo había que considerarlo desde el punto de vista de la economía de sus productores y de la región si no también como un valor cultural, construido en más de cien años de esfuerzo y donde al calor del trabajo se consolidó una forma de vida pletórica de sapiencias prácticas y saberes familiares.

Hoy los reiterados aumentos de combustibles que se impulsan desde el Ministerio de Energía de la Nación tienen un correlato de acrecimiento de costos en las tareas necesarias para los chacareros en la etapa que sigue a la cosecha.

Si vemos que este año no ha sido pródigo en kilos por hectárea cayendo casi en un 35% lo cosechado y también sumamos el necesario desembolso que en energía eléctrica se precisa, cuyo valor aumenta al ritmo de los combustibles, el panorama es desolador.

Y no menciono por sabido las caídas en cifras exportadoras, tanto en precio como en cantidad y la libertad, sin responsabilidad, con que entra manzana desde otros países.

Desde ya que buscar nuevos y alternativos mercados, que ensanchen los confines de comercialización internacional, es un rumbo atinado, para lo cual se requiere de la presencia, apoyo e infraestructura del gobierno provincial y de algunos organismos nacionales. Tal vez sea hora de requerir la creación de un Instituto Nacional de la Pera y la Manzana como lugar de trabajo, propuestas y soluciones, de todos los sectores involucrados.

Creo que una presencia fuerte del gobierno provincial junto a las organizaciones gremiales empresarias, los trabajadores del espacio ,los municipios productores y las Asociaciones de Consumidores de todo el país, debe exigir a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación un programa urgente e inmediato de seguimiento de costo, precio y venta que impida la tremenda e irritante valoración que se hace entre el productor que cobra menos de cinco ($5) pesos por kilo de fruta y los más de cuarenta ($40) con que están en las góndolas. Este paso debe tener como objetivo principal el aumento de los recursos que quedan en la producción y a la vez supone una mejora en todas las condiciones del proceso económico del Alto Valle incluyendo las laborales y salariales de los trabajadores y el consumo interno en cada localidad.