Ocampos y Agostino quieren un régimen de tarifa social para luz, gas, agua y cloacas

La creación de un régimen de tarifa social rionegrino destinado a los usuarios de servicios públicos de luz, gas, agua y cloacas, proponen los legisladores del Frente Progresista Jorge Ocampos y Daniela Agostino, que beneficie a los sectores más carenciados y considerados como la población que presenta sus necesidades básicas insatisfechas y pobres por ingresos, además deberán ser usuarios residenciales.

Aseguran en sus fundamentos que “la Argentina se ha convertido en un país profundamente desigual, con mucha pobreza y que algo debemos hacer desde el gobierno provincial”.

Ocampos señaló que, según datos extra oficiales, existen unos 13 millones de pobres por ingresos, 3 millones de indigentes dentro del universo de pobreza, 35% de empleo precario y más de 3 millones con problemas de empleo, que calificó como “una grave situación”.

El presidente del bloque señaló que la provincia registra levemente, mejores indicadores que la media nacional, pero que asimismo no escapa al problema de la cuestión social preocupante. Y detalló que el proyecto es un instrumento que busca la igualdad, la integración social, la articulación política y la distribución de los ingresos.

Aseguró “la consigna: defender a los servicios públicos esenciales como un bien y un derecho social”. El proyecto de ley toma como base e inspiración, el presentado por el exlegislador Bautista Mendioroz en el año 2004.

La propuesta es otorgar disminuciones tarifarias del 50% para quienes posean algún tipo de ingreso que implique en el ámbito familiar no superar la línea de pobreza actual, del 100% para aquellas familias o individuos que se encuentren en situación de indigencia según el parámetro calculado por Indec o mediciones alternativas válidas y demuestren no poseer ingreso alguno o muy insuficiente.

Los beneficiarios de la ley serán jefes y jefas de hogar desempleados involuntarios o subempleados demandantes que no posean ingresos, que tengan sus necesidades básicas insatisfechas. Personas que a la fecha de sanción de la norma se encuentren percibiendo la Asignación Universal por Hijo, jubilados y pensionados que perciban los montos mínimos de dichos beneficios previsionales. Empleados que perciban el salario mínimo o que, superándolo, no alcancen la línea de pobreza calculada para una familia tipo. Aquellos que posean un trabajo informal y por el mismo reciban un ingreso que se encuentre por debajo de la línea de pobreza o de indigencia y puedan demostrarlo.

Ocampos aclaró que, «la iniciativa, no impide de ninguna manera, el beneficio que los sectores más vulnerables puedan tener por otros medios y/o normas, como es el caso de la tarifa social nacional».

Finalmente Ocampos explicó que “además se establece que los municipios podrán adherir a la ley sancionando ordenanzas, reduciendo total y transitoriamente la tasa de alumbrado público, a los usuarios que reúnan las características para ser beneficiados por esta tarifa social”.