Retorno sin escalas a la década del 90

(Página/12).- La flexibilización y la baja del costo laboral es la principal apuesta del oficialismo para seducir a los inversores en un escenario de mayor destrucción de empleo. Los especialistas advierten que la ley antidespidos es necesaria pero insuficiente.

Macroeconomía y empleo
(Por Agustín D’Attellis*) El Congreso se convirtió en el espacio de discusión de diferentes instrumentos legislativos para evitar los despidos y proteger el mercado de trabajo ante la puesta en marcha de un esquema macroeconómico que tiene como consecuencia directa la destrucción de empleo. Por eso vale la pena enfatizar que, más allá de las políticas laborales y regulaciones, la creación de puestos de trabajo de calidad (y su preservación) en Argentina está directamente asociada a la existencia de una dinámica económica virtuosa que sea sustentada por la expansión de la demanda interna y una equitativa distribución del ingreso.

El gobierno nacional viene implementando un conjunto de medidas de política económica que comparten un factor común: su impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios, y otros ingresos fijos en pesos. La disparada inflacionaria, en combinación con el atraso en los niveles de ingresos que no llegan a compensarla, configuran el sustento de la caída observada en la demanda. El consumo interno representa aproximadamente el 60 por ciento de la demanda agregada en la Argentina, de manera que con las medidas tomadas y sus consecuencias se está debilitando el principal motor de crecimiento.

En un contexto de caída en las exportaciones, principalmente por la fuerte recesión en Brasil –nuestro principal socio comercial–, y de retracción de la inversión, se torna fundamental mantener fortalecido el mercado interno, vía estímulo al consumo, para mantener el nivel de producción y evitar así la pérdida de puestos de trabajo.

De hecho, la apuesta al mercado interno permitió que la economía creciera el año pasado un 2,1 por ciento –según datos del nuevo Indec–, y que aumentara en 224.337 el empleo total, con 171.104 nuevos empleos en el sector privado, según datos del Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA-AFIP). Vale señalar que el aumento en la demanda por fortalecimiento del mercado interno es una condición necesaria para el aumento de la inversión, que amplía la capacidad productiva a lo largo del tiempo.

Actualmente, frente al estrangulamiento del sector externo y la muy escasa generación de dólares a través del mismo, se ha configurado un esquema de incentivos a la inversión financiera que apunta a promover el ingreso de divisas por la cuenta capital. Este esquema de valoración financiera, con atracción de fondos especulativos de corto plazo implica mantener elevadas tasas de interés que operan en detrimento de la inversión productiva. El alto costo de oportunidad impide en la actualidad la puesta en marcha de cualquier tipo de inversión orientada a la economía real. Además, la retracción en los motores de crecimiento, por caída del consumo interno y externo, no brinda señales positivas de crecimiento del mercado a potenciales inversiones productivas.

Todo esto indica que la intención de parte del gobierno nacional de generar expectativas para lograr un proceso de crecimiento impulsado por la inversión en algún momento del segundo semestre del año no es más que una expresión de deseo. Es un exceso de voluntarismo montado en un simple acto de fe, sin ningún tipo de fundamentación rigurosa que dé cuenta de ello.

Las pymes, principales generadoras de empleo en nuestro país enfrentan, tras las políticas adoptadas, una tormenta perfecta: aumento del costo de financiamiento –por tasas altas–, competencia externa –por apertura de las importaciones–, caída de la demanda –por debilitamiento del mercado interno–, y fuerte aumento de los costos –por inflación y suba de tarifas–. Frente a esta situación, la realidad las empuja a eliminar empleos.

El único argumento para la atracción de inversión extranjera estaría relacionado con una ganancia de competitividad, vía baja del costo laboral. Es decir, el estímulo al desarrollo de actividades mano de obra intensivas, orientadas al mercado externo, basadas en una mejor competitividad relativa fundamentadas en bajos salarios en dólares. Esto implicaría avanzar hacia una flexibilización laboral, y el incremento que estamos presenciando en el desempleo seria una herramienta funcional al logro de ese objetivo. En paralelo, la eliminación de todas las restricciones y controles a los movimientos de capitales buscarían otorgar las condiciones propicias al capital internacional, sin considerar la restricción futura que le genera a la economía, el proceso de remisión de utilidades al exterior, que ya alcanzó los 375 millones de dólares en el primer trimestre de este año, tras haberlos liberado.

Nos encontramos entonces frente a la configuración de un cuadro macroeconómico, con una dinámica que indefectiblemente trae aparejada la destrucción de empleo. La iniciativa de la oposición para evitar despidos es bienvenida, pero lamentablemente enfrenta una política económica que va en sentido opuesto. El debate profundo de cara a la sociedad debe ser sobre las implicancias de esta lógica macroeconómica antes de que el daño sea más grande aun.

*Economista – Director de E4D Economía Política.

El problema es la política
(Por Federico Pastrana*) La discusión sobre la doble indemnización y los despidos en la Argentina se puede encuadrar en los debates sobre los determinantes del empleo y las políticas más adecuadas que deben llevarse adelante desde el Estado. En la economía argentina, el comportamiento del empleo está muy relacionado con el nivel de producción. Los fuertes aumentos del desempleo estuvieron relacionados con crisis económicas, así como la caída del desempleo, con períodos de crecimiento.

Así es que, en momentos de crisis, las empresas contraen su nivel de producción y se reduce la plantilla de trabajadores. Las empresas intentan desprenderse, en primer lugar, de los trabajadores con menor formación y menor antigüedad, dado los menores costos de desvinculación y la menor perdida del aprendizaje recibido en su puesto de trabajo. Asimismo, ciertos sectores, por sus características particulares, son más propensos a realizar contrataciones más precarias, con mayor trabajo temporario y elevada rotación de la planta de trabajadores.

En la actualidad, si bien está entremezclado en los discursos, algunos prefieren que el empleo se ajuste con la caída del nivel de actividad y otros prefieren realizar políticas que eviten esta situación, al menos temporariamente. En este sentido, la oposición a ultranza a la introducción de mecanismos como la doble indemnización va de la mano a naturalizar que es necesario que el desempleo aumente, dado que es lo que “tiene que suceder” en “momentos como éste”, dejando de lado la importancia de los efectos sobre el mercado interno y sobre las capacidades específicas adquiridas por los trabajadores en sus puestos de trabajo.

Lo cierto es que, pasada la crisis de 2001, en una política que impulsaba el nivel de actividad, se introdujeron distintas políticas laborales que apuntalaron el incremento del empleo y los salarios y permitieron devolver derechos a los trabajadores. La recuperación del salario mínimo, el estímulo a las paritarias, el incentivo al blanqueo de puestos de trabajo mediante la disminución de contribuciones patronales y el Plan Repro fueron algunas de ellas.

Estas políticas deben entenderse en su conjunto, como parte de una estrategia. Si cada una de éstas se hubieran llevado adelante aisladamente no habrían logrado su objetivo, en particular si su aplicación hubiera tenido diferencias temporales, o una restricción sectorial en sus universos de aplicación. Estas políticas terminarían siendo focalizadas y paliativas de situaciones puntuales, inefectivas en caso de que el contexto económico fuera adverso.

Aplicar una política hacia un sector particular, como los jóvenes, puede ser positiva per se en tanto éstos resultan particularmente perjudicados en un contexto como el actual. Sin embargo, no se resuelve el problema del incremento del desempleo, en un contexto de despidos generalizados por una retracción de la actividad económica y un cambio en la mirada oficial respecto al empleo público, que se evidencia en la importante cantidad de despidos así como una referencia a éste como “empleo inútil”.

Algo similar sucede con las políticas laborales con una mirada “fiscalista”. Éstas pueden formar parte de un plan global pero no deberían constituir en sí una estrategia global. Los efectos sobre el empleo de una caída generalizada en las contribuciones patronales en los años 90 lo demuestran.

Las señales hacia negociaciones salariales más moderadas en un contexto de elevada inflación, el ataque al empleo público, la decisión inicial de vetar la ley antidespidos y la aplicación de la doble indemnización muestran la óptica del nuevo gobierno respecto del empleo y los salarios. Este enfoque se suma a una política de apertura y mayor liberalización de la economía. La política económica plantea un fuerte ajuste de la producción y coloca el destino del país dependiendo de las inversiones extranjeras, que difícilmente traiga resultados positivos sobre la economía argentina.

La clave de la evolución del empleo se encuentra en la política macroeconómica y en el enfoque general del gobierno sobre la importancia (o no) del nivel de empleo y los salarios, lo cual delinea parte importante de un modelo de desarrollo. Si bien parecen discusiones puntuales, en la actualidad, se está en presencia de un debate que tendrá fuertes implicancias. La política actual del gobierno plantea un sendero peligroso, en el cual el salario real disminuye y se contrae el empleo junto a la producción nacional. La aplicación de medidas insuficientes o la oposición a políticas de protección del empleo, junto a la continuación del ajuste macroeconómico, profundizarán seguramente los problemas del escenario actual. La posibilidad de contrarrestar esta situación, como siempre, está en la política.

*Licenciado en Economía UBA – Nuevo Encuentro.