El macrismo frena la creación de la figura del arrepentido en casos de corrupción

El Gobierno decidió congelar una de las promesas electorales del presidente Mauricio Macri y retrasará el proyecto de ley destinado a crear la figura del arrepentido para delitos de corrupción.

Desde la Casa Rosada sostienen -publicó hoy el diario La Nación- que resulta «innecesario» impulsar ahora ese proyecto porque la figura del arrepentido ya se encuentra vigente para casos de narcotráfico, secuestros extorsivos, terrorismo, trata de personas y lavado, y ponen como ejemplo el camino que siguió Leonardo Fariña en el caso de la llamada «ruta del dinero K».

La legislación actual, sin embargo, no incluye la opción del arrepentido para delitos contra la administración pública, por lo que ningún ex funcionario puede acogerse a esa figura y aportar información comprometedora a cambio de una reducción de su condena, como podría ser el caso de Ricardo Jaime .

Fuentes cercanas al Presidente admiten que se decidió demorar ese proyecto -que incluye borradores de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Seguridad- para reducir las fricciones y los puntos de conflicto con las distintas bancadas de origen peronista en el Congreso.

«Es un costo innecesario, más aún cuando puede trabar otros proyectos que estamos impulsando», argumentó un colaborador directo del Presidente. Entre esos proyectos figuran la anunciada reforma previsional, el blanqueo y la designación de dos ministros de la Corte Suprema.

La sesión para estas incorporaciones al máximo tribunal, una instancia clave para el Gobierno, está prevista para el 15 de este mes.

«El mensaje que llega desde el Senado es que no lo van a aprobar. Y hoy por hoy nuestra prioridad son las vacantes en la Corte, así que vamos a ponerle paños fríos y esperar un poquito», planteó el colaborador presidencial. «No digo que no lo vayamos a impulsar, pero al menos no por ahora», abundó.

La decisión tomada en silencio desde la Casa Rosada contradice una promesa recurrente de Macri durante su campaña electoral, que reiteró durante el debate presidencial que mantuvo con Daniel Scioli el 15 de noviembre pasado, como también al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo último.

«Es un instrumento con el cual nos hemos comprometido y enviaremos» al Congreso, reafirmó Macri casi un mes después, durante una entrevista en la que le reclamó a la Justicia que avanzara con las investigaciones sobre corrupción. «Hoy hay herramientas muy importantes que tienen los jueces que casi funcionarían como una ley del arrepentido. Sería muy importante que ellos las usaran», planteó.

Centrados en cumplir con esa promesa, al menos dos áreas del Gobierno redactaron borradores de ese proyecto de ley: un equipo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otro de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, con aportes del Ministerio de Justicia.

El 12 de abril, Bullrich defendió ante diputados nacionales su proyecto, que incorporaba figuras específicas para investigaciones de delitos complejos. Entre otros, además del arrepentido, incluía las de «agente encubierto», «agente revelador» y la del «informante» o la de «entrega vigilada».

Alonso, por su parte, debió dejar atrás su primer borrador -que circuló entre algunos jueces y fiscales, funcionarios de la unidad antilavado (UIF), expertos anticorrupción del sector privado y técnicos del Ministerio de Justicia- y elaborar una segunda versión. Y desde el 23 de mayo el «anteproyecto» se encuentra a disposición del ministro de esa cartera, Germán Garavano.

Cerca de Garavano afirmaron que el proyecto volverá a la Oficina Anticorrupción «para ajustes técnicos», basados en las sugerencias «del área de técnica legislativa» del ministerio.

Titulado «Colaborador eficaz», el borrador estipula «la posibilidad de eximir o reducir la pena, disponer beneficios en su ejecución o el cumplimiento condicional de la pena a quien haya participado en uno de los delitos contra la administración pública», según consta en la copia.

Para eso, siempre según el borrador, el «colaborador eficaz» debería celebrar «un acuerdo de colaboración brindando información precisa, comprobable y útil para evitar la consumación del delito o la perpetración de otro, revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados, permitir la recuperación de bienes producto de la comisión de delitos contra la administración pública o revelar la estructura jerárquica o división de tareas para la comisión de este tipo de delitos».

A cambio, el «colaborador eficaz» podría beneficiarse con una reducción de «un tercio del mínimo y la mitad del máximo» de la pena prevista, en ciertos casos el «cumplimiento condicional» de esa pena o hasta «excepcionalmente» su eximición», como también «alternativas para situaciones especiales», aunque en todos los casos perderá el dinero u otros activos o «productos» que se hayan obtenido por las actividades ilícitas.

Y no sólo eso, el proyecto también prevé un castigo para aquel que aporte «señalamientos falsos o proporcione datos inexactos».

Hasta ahora, sin embargo, varían las reacciones dentro del Congreso ante esta iniciativa. Una férrea impulsora de esa iniciativa es la diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió , mientras que algunos legisladores presentaron proyectos en esa misma senda -Julio Cobos, Manuel Garrido, Margarita Stolbizer, Ricardo Gil Lavedra y Sergio Massa, ente otros-, otros expresaron sus reservas, como Diana Conti, mientras que en el Senado las miradas de la Casa Rosada apuntan a Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del Frente para la Victoria (FPV).

Pichetto ya presentó un borrador para impulsar un blanqueo más flexible que el proyecto de la Casa Rosada, que al final aceptó excluir a los funcionarios del Ejecutivo, pero lo habilita para jueces, fiscales, legisladores, gobernadores, funcionarios provinciales y contratistas del Estado. Entre ellos, algunos nombres icónicos de las últimas décadas.

La figura del arrepentido, sin embargo, no es la única medida requerida para impulsar un mani pulite criollo, según coinciden expertos locales e internacionales. También deberían impulsarse reformas normativas -por ejemplo, para elevar las penas previstas para delitos asociados a la corrupción-, potenciar el Ministerio Público Fiscal, reformar el Consejo de la Magistratura, aumentar el personal destinado a investigaciones complejas, capacitar al personal ya disponible en diversos organismos de control, incrementar sus recursos y la infraestructura a su disposición o crear una policía judicial, entre otras medidas posibles.

«La amenaza de recibir sanciones penales o de sufrir el impacto derivado de una persecución penal por corrupción es, en términos generales, muy atenuada en la Argentina. Existen diversos índices de medición y estudios empíricos que ilustran esta preocupante situación -recordaron los redactores del proyecto ahora en duda-. Para bajar los niveles de corrupción es necesario aumentar la probabilidad de que se atrape a los corruptos.»