La obra pública, López y los municipios
(ADN).- Después de la detención del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, surgieron vinculaciones con Río Negro. Incluso, el ex intendente radical barilochense Marcelo Cascón, deberá declarar en la causa en la que se investiga la construcción de viviendas del plan «Sueños Compartidos» que impulsó las Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Hoy, se vivió un nuevo capítulo. Un contrapunto entre el intendente de Roca, Martín Soria, con el periodista Hugo Alonso, director del periódico La Comuna. Allí se publicó un informe sobre la obra del emblemática Paseo del Bicentenario, de esa ciudad del Alto Valle rionegrino.
“Es de muy mala leche vincular al ex intendente Carlos Soria con un chorro como José López”, dijo Soria quien anunció el envío de una carta documento al medio porque consideró que se difundió información de manera mal intencionada y calumniosa.
Alonso le aclaró que la UTE Srur-Servipet habían ejecutado obras autorizadas por López en distintos puntos de la ciudad. “Es posible que hasta De Vido haya firmado obras de Roca”, retrucó el político durante el programa que Alonso tiene en radio Show.
El ex intendente de San Antonio Oeste, Javier Iud, realizó un raid por las radios de la provincia explicando las obras de la rotonda de ingreso a la ciudad por la ruta nacional 3 y la construcción de un puente para evitar que los vehículos crucen por las vías del tren.
«No debe haber ciudad o pueblo de esta provincia donde se haya hecho una obra pública donde el acuerdo no haya estado firmado por este señor que terminó siendo lo que es hoy, y eso no quiere decir que los intendentes sean lo mismo», evaluó Cascón al ser consultado sobre su comparencia ante la Justicia.
Es de sentido común que toda la obra pública nacional que se ha realizado durante los 12 años de gobiernos kirchneristas llevan la firma de López y los gobernadores e intendentes de todos los signos políticos beneficiados.
Lo que se trata de dilucidar es si hubieron casos en los que haya habido sobreprecio, irregularidades o malversación de fondos públicos.
En este estado de sospecha generalizado, es indispensable que el accionar del Poder Judicial sea ágil y eficaz.