Negociaciones para aprobar los pliegos de los dos nuevos jueces de la Corte

El oficialismo convoco para pasado mañana a una sesión especial para aprobar los pliegos de dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero inició negociaciones con la oposición ante la falta de certeza sobre si podrá reunir los votos necesarios para formalizar los nombramientos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Ninguna de las dos bancadas principales, la del gobernante Cambiemos y la del opositor Frente para la Victoria, se atrevía a confirmar siquiera si la sesión se llevaría a cabo y desde ambos sectores admitieron que las conversaciones se habían «empantanado» en el transcurso de la semana por el descontento de los gobernadores ante promesas -dicen- incumplidas del gobierno nacional.

Lo que a principios de la semana pasada era una certeza, el hecho de que la sesión para aprobar los pliegos se concretaría el 15 de junio, comenzó a ponerse en duda en el correr de las horas y prueba de ello fueron ciertos gestos de los miembros del bloque del FPV, que comanda Miguel Pichetto.

Pichetto apoya las designaciones de Rosatti y Rosenkrantz, los dos postulantes propuestos por el Gobierno para la Corte y ya aprobados por la comisión de Acuerdos del Senado, pero no puede garantizar el apoyo de todos los integrantes de su bancada.

De hecho, dos grupos de ese bloque -uno liderado por Marcelo Fuentes y el otro por Juan Manuel Abal Medina- presentaron esta semana diferentes proyectos de ley proponiendo la ampliación de la Corte y Fuentes incluso fue más lejos: avisó que él y otra quincena de senadores (la mayoría del núcleo duro del kirchnerismo) votarán en contra de los candidatos a jueces elevados por el presidente Mauricio Macri.

También Fuentes, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales, dio otra señal que no pasó desapercibida esta semana: anunció que abrirá formalmente el debate en ese ámbito sobre la necesidad de ampliar el número de miembros, con el tratamiento de un proyecto presentado por el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que propone respetar el cupo femenino y la regionalización.

Cambiemos debe asegurarse para el miércoles los dos tercios de los votos afirmativos de los presentes en el recinto al momento de la votación. Sin embargo, para lograr que los pliegos sean avalados, tratarán de llegar a los 48 votos, es decir, los dos tercios del total de la Cámara.

El oficialismo tiene garantizados, al menos, una treintena de votos, de los cuales la mayoría pertenece al radicalismo, el PRO, al peronismo disidente y a la centroizquierda.

Entre los kirchneristas que confirmaron sus votos a favor de Rosatti y Rosenkrantz figuran el de Pichetto; y el salteño Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión de Acuerdos y uno de los que firmó el dictamen a favor de los juristas, y el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Abal Medina, también estaría a favor de las designaciones.

Entre ellos quienes se encuentran en contra están las camporistas Virginia García (Santa Cruz), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María de los Angeles Sacnum (Santa Fe) y Ana Almirón (Corrientes).

Con catorce senadores en contra, a Cambiemos le alcanza con tener sólo 28 que voten a favor de los pliegos.

Sin embargo, la mayoría de los legisladores del Frente para la Victoria decidieron hacer silencio sobre qué opción tomarán el miércoles.

Por otra parte, senadores que debían viajar al encuentro del Parlasur, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá y las kirchneristas Sigrid Kunath y Liliana Fellner, resolvieron que se quedarán en Buenos Aires para participar del debate, si se concreta.

«Los números no están garantizados. No se debería avanzar con la votación de los nuevos integrantes de la Corte si no se tiene adentro a una parte del Frente para la Victoria», admitió una fuente del bloque radical.

Desde el kirchnerismo, en tanto, indicaron que «hay incertidumbre» y que la relación entre los gobernadores y el Ejecutivo nacional se enfrió.

«Los gobernadores están decepcionados. Le están sacando el cuerpo a la hora de hablar con sus senadores para que voten a favor», señalaron desde el bloque del FPV.

El gobierno y las provincias llegaron a un acuerdo que incluía, entre otros puntos, el pago de la coparticipación retenida por el Estado nacional a cambio de una serie de iniciativas que impulsaría el PRO, entre las que se contaba el acuerdo de los senadores kirchneristas a los postulantes para la Corte Suprema.