La Corte Suprema debe llamar a una audiencia pública sobre el tarifazo

(Por Lucas Arrimada*).- Más audiencias públicas, menos reuniones secretas: El caso sobre el polémico «Tarifazo» llegó hace unos días a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal, ya en su nueva composición, tendrá la oportunidad de decidir -después de la feria judicial- sobre las subas de hasta un 400 por ciento del servicio público de Gas.

La semana pasada, hubo reuniones entre Macri y el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Los encuentros entre ambos pueden recordar los diálogos telefónicos o reuniones entre miembros del Gobierno anterior con el propio Lorenzetti, como denunciara en su momento Elisa Carrió. Tras esos contactos, el máximo tribunal logró retener la administración de todo el presupuesto del Poder Judicial, según acusó la legisladora de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago; en contra de lo que manda la Constitución Nacional (CN Art 114 inciso 3), que confiere esa facultad al Consejo de la Magistratura.

Para aquellos que piensan en el Poder Judicial puede ser «Independiente» (sic) es imposible ver la práctica de mantener reuniones secretas como una forma de respetar la «imparcialidad» del Presidente de la Corte frente al conflicto entre el Gobierno y los consumidores de servicios públicos. La igualdad ante la ley está en juego en esas prácticas. Varias garantías y principios del debido proceso se violan cuando en un juicio escrito, bilateral, contradictorio y público, existen reuniones secretas entre una de las partes (el gobierno) y uno de los jueces que decidirán ese caso.

Las reuniones secretas, las visitas de operadores y contactos telefónicos -o por Whatsapp- entre jueces, abogados, empresarios y políticos son muy comunes en la vida judicial y política. Sin embargo, hay varios problemas éticos e institucionales, de política democrática, especialmente para aquellos que se suelen identificar como republicanos y respetuosos de la «independencia judicial». Las reuniones secretas son todo lo contrario a la república democrática y a la transparencia. La falta de transparencia y las prácticas ocultas y opacas caracterizan al Poder Judicial.

En contraste, la Justicia y la democracia como valor político tienen que ver con un diálogo más inclusivo. En el caso del «Tarifazo», una decisión más justa podría surgir de un proceso en el que haya más audiencias públicas con todas las voces, especialmente con las voces de los consumidores, opositores y afectados más vulnerables, y menos reuniones secretas a espalda del pueblo.

La audiencia pública y la decisión de la Corte: Las audiencias públicas y la participación de los amicus curiae (amigos del tribunal) en la Corte fueron una de las prácticas innovadoras que permitieron generar algunas, pocas pero buenas, discusiones públicas. Bien estructurada y aprovechada inteligentemente es una instancia que enriquece el debate y aumenta la calidad democrática. Es un espacio público, más transparente y apropiado para el diálogo razonado. Todo lo contrario a una reunión secreta propia del lobby o negocios privados. Las audiencias producen argumentación pública y razones para las políticas públicas previas a que la Corte decida.

La Corte podrá tomar las razones del resultado de la deliberación pública, o decidir estratégicamente de acuerdo a lo que le convenga a sí misma, y a sus miembros. Sin embargo, lo más importante -con las instituciones imperfectas que tenemos- es darle al debate público las mejores razones para fundamentar o criticar la decisión del gobierno, o invitar a repensarla en términos globales o específicas. En este contexto, las medidas justificadas por el Gobierno y su equipo, llevarían al Ministro Juan José Aranguren a fundamentarlas públicamente y, a todos los críticos interesados en la revisión de dichas medidas, a dar las razones para cambiarlas frente a la opinión pública.

La audiencia pública es una buena instancia para discutir entre todos/as y dar razones sobre una medida que, en muchos casos, parece haber sido tomada sin medir las consecuencias directas sobre los sectores más vulnerables, las clases medias y las pequeñas empresas familiares, en definitiva, decisiones tomadas con insensibilidad social evidente y sin proyectar las daños que causan en una economía que debe salir de la recesión.

(*) Profesor de «Derecho Constitucional» y «Estudios Críticos del Derecho» en la UBA y editor de www.antelaley.com |