Apocalipsis PRO

(Por Claudio Scaletta, para Página/12).- Toda decisión de política económica es también una opción de transferencias de ingresos. La cuestión tarifaria es una decisión de política económica. Sin hacer olas, calladito la boca, a fines de marzo pasado el gobierno multiplicó los costos del insumo por el que, adicionalmente, todos los consumidores pasaron a pagar tarifas incrementadas. Duplicó el precio del gas en boca de pozo, lo que no sólo aumentó el valor a pagar por este fluido, sino también el de la electricidad, de la que es un insumo.

Una lectura posible fue que se trató de una torpeza, otra que fue un negociado. El gobierno es torpe y existen a su interior grupos que hacen negocios, pero la clave no está en estos dos puntos. Las tarifas, como el dólar o los salarios, representan uno de los principales precios relativos de la economía, aquellos de los que dependen todos los demás, de allí su centralidad macroeconómica. Para decirlo en lenguaje directo, los precios relativos definen, casi casi, la situación de la lucha de clases en cada momento histórico, entrañan relaciones de poder. Las decisiones tarifarias no fueron, entonces, ni un error ni simple negocio, sino, junto con la devaluación y la quita de retenciones, el núcleo duro del proyecto económico de Cambiemos. Fue también una decisión consistente con la matriz ideológica gubernamental: la creencia en que las súper ganancias son buenas para las empresas y el desprecio por los efectos sociales del tarifazo. Para los actuales gobernantes sería “una mentira”, pura demagogia tarifaria, que la mayoría de la población y las empresas paguen precios accesibles por los servicios, pero una verdad revelada que las firmas energéticas aumentan la inversión cuando reciben mayores ganancias.

Tras el tarifazo vino la reacción de los consumidores. Buena parte de la sociedad descubrió de golpe que aquello de “no vas a perder nada de lo que ya tenés” se disolvía con la nueva facturación. La historia es conocida y su momento actual es el del freno judicial. Para el gobierno fue un shock encontrar su primer límite en la división de poderes, en la República, que haya sido justo el partido de los jueces quien le patee en contra. Siguiendo los capítulos predecibles del guión, el hijo de Franco Macri vio una conspiración y culpó enseguida a “Justicia Legítima”. Más prácticos, los expertos comunicólogos de la Alianza PRO se pusieron a trabajar en un guión de reemplazo: el apocalipsis.

La nueva secuencia del fin del mundo enumera que sin los súper aumentos de tarifas el déficit fiscal se tornaría incontrolable, lo que haría imposible bajar la inflación. La única manera de evitarlo sería recurriendo al endeudamiento externo para pagar gastos corrientes, uno de los tics nerviosos de Cambiemos. Al mismo tiempo las empresas de energía con ganancias cercenadas frenarían toda inversión, lo que llevaría a un casi inmediato colapso del sistema energético, el que dicho sea de paso, ya estaba colapsado y robado, pero enmascarado por “el relato”. En medio del derroche impago de los consumidores, del populismo energético, el descalabro que se generaría sería mayúsculo. Aunque quizá no tanto como el dislate teórico y argumentativo del apocalipsis PRO.

El debate demanda dos precisiones numéricas:

– La primera es que el gobierno decidió llevar el precio del gas en boca de pozo, por el que se pagaba poco más de 2 dólares el millón de BTU, a casi 5 dólares. Con una sólo decisión administrativa generó una transferencia a las gasíferas de entre 2800 y 3500 millones de dólares anuales, según el cálculo de distintas fuentes. Se trata de un valor muy por encima del precio que se paga internacionalmente y que duplica en exceso al costo de producción estimado por la Fundación Bariloche, que es de 1,9 dólares el millón de BTU. Dicho de otra manera: no había razones técnicas para una suba de semejante magnitud. Su lógica no fue un imperativo de mercado, sino una decisión de Estado. Redondeando para abajo: se concedió una transferencia anual de 45.000 millones de pesos el mismo día que se aumentaron las tarifas a los consumidores para, supuestamente, reducir el déficit fiscal.

Por el lado de la producción, en tanto, la historia reciente enseña que la desregulación y concesión de súper ganancias puede traducirse en agotamiento de reservas antes que en mayores inversiones. Es lo que ya parecen indicar los primeros números conocidos. Los nuevos datos de exploración, producción y empleo sectorial son todos negativos. Por alguna extraña razón, los columnistas oficialistas no hacen referencias a esta transferencia de 45.000 millones de pesos y prefieren en cambio comparar boletas individuales con costos de pizzas o de televisión por cable. Vale recordar también que el discurso de campaña era que los subsidios se reducirían para bajar su peso en las cuentas públicas, lo que vuelve inconsistente haber decidido al mismo tiempo la transferencia multimillonaria a las petroleras.

– Un segundo dato duro, no considerado en el contenido del nuevo apocalipsis, es el costo fiscal de haber eliminado o reducido los aranceles a las exportaciones del agro, la industria y la minería. Anualizando los números en base a las ventas externas del primer semestre se observa que el Estado dejará de recaudar por este concepto alrededor de 5000 millones de dólares, aproximadamente 75.000 millones de pesos.

Según el apocalipsis PRO, si se retrotrae el aumento tarifario el fin se desencadenaría por un rojo fiscal de 80.000 millones de pesos. Aceptando el argumento sólo con fines analíticos, los dos puntos anteriores muestran cómo el gobierno podría obtener fácilmente 120.000 millones de pesos adicionales, es decir; un 50 por ciento más de lo que necesita, lo que le evitaría, según su relato, “cubrir con la emisión de pesos el agujero fiscal alentando la inflación”. De paso podría volver a contar con un instrumento de control de precios internos como las retenciones. O de negociación con las petroleras para que inviertan, aplicando el ABC de las políticas de promoción sectorial. Volviendo al comienzo, técnicamente toda decisión de política económica es una decisión de transferencias de ingresos. Luego, son las relaciones de poder las que definen quienes se benefician de estas transferencias.