¿Audiencias Públicas o centralismo sordo?

(Andrea Galaverna*).- Las audiencias públicas son espacios de consulta y participación ciudadana y en un sistema federal debe garantizarse, en su realización, la representación de todas las provincias argentinas cuando involucra intereses que afectan a todos los habitantes del país. Se trata del derecho a ser oído antes de una decisión que pueda afectar los derechos o intereses del individuo y los derechos de incidencia colectiva que tutela el art. 43 de nuestra Constitución Nacional.

Vemos con preocupación que la audiencia pública prevista en relación al aumento desmedido de las tarifas de gas, tema del reciente fallo de la Corte Suprema, se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que en el poco tiempo que media hasta su realización es muy difícil que se garantice la representación en ella de voces de todo el territorio.

El Decreto 1172/2003, mediante el cual se aprueba el reglamento general para la realización de Audiencias Públicas, establece en su Artículo 12: “El lugar de celebración de la Audiencia Pública es determinado por la Autoridad Convocante, teniendo en consideración las circunstancias del caso y el interés público comprometido”.

Es innegable el “interés público” de esta temática, como también el impacto diferencial del tarifazo en las distintas regiones del país, situación que no puede soslayarse por quienes toman decisiones sobre el conjunto. Por tal motivo, la Autoridad Convocante, el gobierno nacional, debe considerar urgentemente esta situación.

Como plantea el Dr. Agustín Gordillo, las audiencias públicas constituyen: a) “una garantía objetiva de razonabilidad para el administrado en cuanto percepción de que el Estado actúa con sustento fáctico, proporcionalidad, etc.”; b) un mecanismo idóneo de formación de consenso de la opinión pública respecto de la juridicidad y conveniencia del obrar estatal, de testear la reacción pública posible antes de comprometerse formalmente a un curso de acción; c) una garantía objetiva de transparencia de los procedimientos estatales respecto de los permisionarios y concesionarios, de modo tal que el público perciba esa relación como transparente y límpida. Esa transparencia, conviene no olvidarlo, viene también exigida por la Convención Interamericana contra la Corrupción.33 Y como tiene dicho Brandeis, la luz del sol es el mejor desinfectante y el mejor policía; d) un elemento de democratización del poder,conforme al ya clásico principio de que ya la democracia es no sólo un modo de designación del poder, sino también un modo de ejercicio del poder, como lo explica Rivero. e) Es también un modo de participación ciudadana en el poder público, exigido por principios políticos, constitucionales y supranacionales.»

Siguiendo su reazonamiento, nos preguntamos: ¿Cómo se cumplirá con el espíritu de las audiencias públicas, si ni siquiera se nos da la oportunidad de ser escuchados a los habitantes de las provincias, en relación al impacto que el incremento de tarifas podrían tener en nuestras vidas, economías familiares y regionales?

Que la Constitución Nacional declame federalismo y república se torna insuficiente si quienes detentan el poder de definir los destinos del país, no toman medidas para que estos sistemas no sean una ilusión cargada de retórica hueca.

El problema no es discutir si es una realidad el federalismo argentino, sino que en estas condiciones, no se respeta de hecho de acuerdo con los objetivos de pluralidad e igualdad originalmente planteados.

“Es que, como advierte Fernández Segado, si la estructura federal se encuentra en íntima conexión con la democracia “que en el Estado federal no se proyecta sobre una única organización, sino sobre una pluralidad de centros de decisión”, se comprende que el déficit democrático esté “estrechamente unido a la desnaturalización del sistema federal….” Como refiere Schambeck (1982), p. 87. “El federalismo puede contribuir a la vivificación de la democracia, puesto que con la construcción federal del Estado se problematizan los sectores más cercanos de la vida pública, con lo que la formación de la opinión y de la voluntad política se sitúa sobre una base más amplia”.

Oír a los usuarios de cada rincón de nuestra patria, constituiría un rasgo de sabiduría política, por lo que considero indispensable la distribución de audiencias a lo largo de nuestro territorio a fin de permitir la expresión de las provincias y de las realidades regionales en este nuevo escenario.

*Defensora del Pueblo de Bariloche