Tipo de cambio y transferencias. La política económica nacional y la realidad rionegrina

Durante la semana habíamos adelantado que El Centro de Estudios Patagonia, había difundido un documento de trabajo sobre economía y desarrollo regional, autoría que le corresponde a Claudio Scaletta, coordinador del área, del CEP.

ADN reproduce a continuación la primera parte de este documento, que en su extensión analiza el impacto que producen en Río Negro, las políticas del gobierno nacional de Mauricio Macri.

Introducción: Todo cambio de régimen económico político implica variaciones en la distribución del ingreso de tres tipos:
* Entre clases sociales,
* Entre sectores económicos y
* Entre distintos territorios.
Las tres dimensiones suelen entremezclarse y separarlas persigue una finalidad analítica.
Las dos primeras transferencias, plasmadas a través de los cambios en los principales precios relativos de la
economía –como el tipo de cambio, los salarios y las tarifas– fueron las más abordadas. La tercera, la redistribución federal, es la que más tarda en advertirse: el impacto territorial de las políticas de la Alianza PRO en la provincia de Río Negro se asemeja al comportamiento de un chorro de tinta en el agua cristalina.

Al comienzo parece un dato casi aislado, pero rápidamente comienza a expandirse e impregnar todos los sectores de la actividad y, de forma directa e indirecta, al financiamiento del sector público.

Estos impactos a su vez pueden clasificarse en dos dimensiones, las transformaciones pasivas, que son consecuencia de las políticas macroeconómicas nacionales, dirigidas en forma directa al territorio, y las activas, que resultan de las decisiones de transferencias específicas a las provincias.

Tipo de cambio y retenciones
Un primer grupo de transformaciones pasivas fueron las provocadas por dos de las principales medidas de la política macroeconómica nacional, la devaluación y la eliminación de los derechos de exportación. Si bien la quita de retenciones a la fruticultura podría ser considerada como una medida destinada al territorio, en términos del
volumen de la recaudación involucrada las economías regionales extrapampeanas siempre fueron marginales, situación que no impidió que hayan funcionado como ariete discursivo en las disputas distributivas entre el Estado Nacional y el agro pampeano.

Bajando al territorio, vale recordar que durante todo el período kirchnerista el principal reclamo del sector frutícola fue, precisamente, la quita de retenciones y, en su modelo de máxima, con devaluación. La suma de los dos factores significa en la práctica un tipo de cambio efectivo más elevado para el comercio exterior.

Durante la década pasada, el reclamo cambiario no fue solo de los exportadores, sino también de los productores primarios independientes, los chacareros, quienes siempre estuvieron convencidos de un hecho nunca verificado por
los números: que los mayores precios de exportación se traducirían automáticamente en mayores precios para la producción primaria. No se abordarán aquí las complejidades de las asimetrías de poder en la formación del precio
primario y su utilización para la apropiación de renta de los chacareros, dato que se encuentra en la base de la pérdida de rentabilidad sistémica del circuito, basta por ahora con concentrarse en los resultados de las medidas.

Como sucedió constantemente en la historia del circuito regional, la devaluación y la quita de retenciones
solo tuvieron efecto riqueza en favor del sector exportador, nulo resultado en los precios promedio recibidos por la producción primaria y ningún efecto expansivo sobre los niveles de exportación.

Si bien a diferencia de la agricultura pampeana, la fruticultura no es una producción de ciclo anual y cualquier transformación real demanda ciclos más largos, lo cierto es que en esta temporada las dos medidas indicadas no
alteraron en absoluto las señales de precios primarios ni las cantidades exportadas, generalmente una función de la demanda externa. Los datos del primer semestre de 2016 son contundentes: una caída del 7 por ciento de las ventas al exterior de peras y del 11 por ciento en manzanas.

Si se agregan las exportaciones de peras y manzanas se observa que suman poco más de 300 mil toneladas, lo que destaca dos cuestiones:

* La primera es una caída del 40 por ciento respecto a las exportaciones del año 2005, que rondaron el medio millón de toneladas en el mismo período, un número incómodo también para el gobierno anterior que señala un proceso de declinación constante y de largo plazo.

* La segunda es que una vez más queda demostrado que los problemas estructurales de declinación y concentración del circuito frutícola no se resuelven solamente por la vía cambiaria o impositiva, sino que demandan medidas efectivas sobre la rentabilidad primaria. Si esta rentabilidad no se recompone no entrarán nuevos capitales
indispensables para el crecimiento del circuito. Un horizonte cada vez más lejano. La predicción para
el mediano y largo plazo es la consolidación de un circuito controlado por un puñado de empresas, estancado en un nivel de producción por debajo de su promedio histórico y prácticamente sin chacareros independientes.

Transferencias y reintegros a exportadores
Redondeando números a gran escala puede estimarse en base a las cifras del primer semestre que las exportaciones de frutas de pepita rondarán este año un valor declarado en Aduana en torno a los 500 millones de dólares. Para el sector exportador ello habrá significado un ahorro anual en retenciones (menores ingresos para el sector público) de 25 millones de dólares, un aproximado de 375 millones de pesos, recursos que no llegarán a la producción primaria.

Una de las demandas tanto sectoriales como de la actual gestión provincial es el mantenimiento de los reintegros por puerto patagónico. Esta compensación, reestablecida a fines del año pasado por el decreto 2229/15 (1), reestableció los beneficios de la ley 23.018 de 1983 (2) lo que supone una compensación del 8 por ciento sobre
el valor FOB declarado de exportación para los productos que salen por el puerto de San Antonio Este. La decisión puede considerarse como una medida regional activa tomada por el gobierno anterior, aunque bajo la realidad de otro nivel de tipo de cambio y con retenciones.

Los datos preliminares muestran que en el primer semestre se exportaron por el puerto de SAE 14 millones de bultos, unas 210.000 toneladas y un 70 por ciento del total exportado.

Este porcentaje ya indica un aumento de las salidas por SAE en relación a la proporción de años anteriores, cuando sólo pasaba por este puerto entre el 55 y el 60 por ciento de la producción. El resto de la fruta, en tanto, salió por vía terrestre a Brasil o por otros puertos de la provincia de Buenos Aires. Las cifras sirven como referencia para estimar el costo fiscal de los reintegros: 28 millones de dólares o 420 millones de pesos. Sin contar los menores costos internos por la devaluación, en 2016 la quita de retenciones más los reintegros significarán una
transferencia aproximada para el capital exportador de 795 millones de pesos.

Al igual que la quita de retenciones, los reintegros por puerto patagónico transfieren rentabilidad a los exportadores a cargo del sector público sin que se garantice por ninguna vía su llegada proporcional a la producción primaria, salvo la de las firmas integradas verticalmente, para las que parecen estar pensadas las políticas públicas, nacionales y provinciales. La elección de una fruticultura concentrada en empresas
integradas, sin chacareros, podría ser una opción que ya es tendencial y muy probablemente irreversible, pero a la luz de la declinación hemisférica del circuito en el marco de la virtual ausencia del Estado, estas empresas
demostraron su incapacidad para conducirse autónomamente, sin la guía del sector público.

Dicho en otras palabras, frente a la inexistencia de políticas sectoriales extra fiscales el circuito se
caracterizó por su permanente achicamiento, ello al margen de la distribución regresiva del valor agregado y la desaparición de actores.
Caída de la actividad privada y de los ingresos públicos Luego de las medidas que afectan al tipo de cambio efectivo, activas y pasivas, un segundo grupo de transformaciones pasivas son las emergentes de la contracción de la actividad económica. Todas las consultoras privadas y centros de estudio coinciden en señalar sin mayores matices una fuerte baja de la actividad acentuada durante el segundo trimestre. De acuerdo al Indicador Mensual de Actividad del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, por ejemplo, luego de
crecer un 0,5 por ciento en el primer trimestre la actividad se desplomó el 2,9 por ciento entre abril y junio. El segundo trimestre marcó de lleno el efecto de las políticas económicas de la nueva administración. La demanda agregada se contrajo.

El dato más fuerte fue el desplome del consumo, que hasta el año pasado representaba casi el 70 por ciento de esta demanda. Tampoco se produjo la anunciada “lluvia de dólares”. No hubo reacción de la inversión pública ni privada, salvo los movimientos de cartera. El gasto público, en tanto, se mantuvo subejecutado en los primeros meses del año y el comercio exterior mostró una caída generalizada luego de la liquidación de stocks del primer trimestre.

Si bien la descomunal suba de tarifas de los servicios públicos (ver informe N°2 del CEP) tuvo especial impacto en la inflación del segundo trimestre, su verdadero efecto multiplicador negativo, su onda expansiva sobre la actividad económica, recién se verá a partir de que se haga plenamente efectivo en los próximos meses.

Los números sectoriales acompañaron a los agregados. La Construcción según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, ISAC-Indec, registró una baja acumulada del 12,4 por ciento en el primer semestre, mientras que las ventas minoristas medidas por CAME se contrajeron el 8,5 por ciento entre abril y junio, una caída acelerada del mercado interno casi sin precedentes en el contexto de una inflación que en julio alcanzó más del 45 por ciento anual, pero que para la canasta de bienes de los deciles de menores ingresos superó el 50 por ciento según el
Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET).

Así, desde la asunción del nuevo gobierno hasta finalizado el primer semestre el poder adquisitivo de los trabajadores registró una caída del 9,9 por ciento.
(foto Martín Brunella)