Un Fiscal pidió abrir una investigación penal contra Peña por el uso de datos del ANSES

El fiscal Federico Delgado pidió abrir una investigación penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por la resolución que dispuso el traspaso de datos personales de la Anses a la Secretaría de Comunicación, que está bajo su órbita, y se usaría para publicitar medidas de gobierno. El objetivo, según plantea el dictamen, es determinar si la utilización de esa base viola información personal, privada y sensible, y si el Poder Ejecutivo vulnera su deber de seguridad sobre ella. Como primeras medidas le sugirió al juez Sebastián Casanello que requiera informes sobre la legalidad del “convenio-marco” a organismos estatales e independientes. Además de la sospechas sobre la utilización política de datos, hay dudas sobre la desprotección que genera ponerlos a circular por las redes sociales (una obsesión de la administración macrista) y otros medios electrónicos.

“En 2004 hubo un robo de 12 millones de datos de la base de la Anses, que llevó a su entonces titular, Sergio Massa, a hacer una denuncia que determinó la vulnerabilidad del sistema de seguridad informática. Por todas las derivaciones de ese hallazgo en 2007 surgió el decreto de Anses 230 que establece que los datos de esa base, e-mail incluido, son de carácter no público y por ende sensibles. La resolución para el traspaso de datos es claramente contraria a esa disposición”, le explica a Página/12 la abogada Valeria Carreras, autora de la denuncia ante Delgado, que pide que se investigue a Peña por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. Aquel robo de información monumental fue investigado por el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Julián Ercolini. Marijuán, sin embargo, desestimó una denuncia similar a la de Carreras que habían hecho los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

Delgado reparó en la contradicción que mostró la abogada y la posible violación a la ley de protección de datos personales, que impide el traspaso de determinada información, como el estado civil. “La cuestión a desentrañar, se ciñe a determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que pueda disponer el Estado para difundir los actos de gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la ley 25.326 (de protección de datos)”, plantea el fiscal. En función de eso, le pide al juez Casanello que le “encomiende al órgano de control” de la ley en cuestión, es decir, a la Dirección Nacional de Protección de datos Personales que depende del Ministerio de Justicia “que evalúe la legalidad del convenio del traspaso de datos” y que le requiera lo mismo a la Procuración del Tesoro. Como balancear, y en función de que esos órganos están integrados al Poder Ejecutivo, que impulsó el convenio, le dice al juez que convoque a otros “dos expertos independientes”.

La resolución 166 del Gobierno justifica su decisión así: “La Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante sus unidades orgánicas, debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual instantáneo”. Un tramo de los fundamentos señala: “Resulta esencial para el Estado nacional, la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”.

La base de datos de la Anses incluye nombres, apellidos, domicilios, teléfonos, e-mail y otros datos registrados en la seguridad social. La abogada Carreras se pregunta en una ampliación de su denuncia, cómo harán para conocer quién es cada quién en las redes sociales, que nadie aporta a la Anses. “Eso sólo podrían saberlo pinchando correos electrónicos”, advierte a este diario. “Además, el acuerdo marco permite transmitir datos vía ´aires´ es decir, por internet y redes públicas, de manera que no hay protección. No se ha aplicado, por ejemplo, el protocolo Owasp Top 10 que es el que se utiliza internacionalmente para el traspaso de datos”, agrega.

En una tercera ampliación de su denuncia, Carreras le pide al juzgado que analice también las justificaciones públicas que dio el jefe de gabinete al explicar el traspaso de datos. Por ejemplo dijo que “se utilizará para comunicar la devolución del IVA para quien tiene asignación universal por hijo o jubilación mínima”. Sin embargo, señala la letrada, “¿cómo lo van a hacer si en la base de datos no figura quién tiene esos beneficios ni puede ser inferido tampoco?”. Luego también Peña dice que el Gobierno quiere “completar esas bases de datos entre PAMI y ANSES”. Pero ella advierte que “la información de PAMI no está contemplada y es de carácter sensible”.

Por el antecedente de los tiempos de Massa, la denunciante propuso que él sea citado como testigo. También que se convoque al experto en informática Ariel Garbarz, ya que dijo ante varios medios que “otro riesgo peligrosísimo es que al habilitar este canal externo para la base de datos, cualquiera de los 60 mil hackers que hay en Argentina podría ingresar, porque desencriptaron la base de datos, la abrieron para que esto sea posible y se pueden cometer infinidad de delitos”. Carreras señala que el anexo de la resolución que se refiere a las medidas de seguridad solo ofrece enunciados generales pero no dice qué método se utilizará para proteger los datos. Por ejemplo anuncia que habrá “medidas técnicas y organizativas tendientes a prevenir la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado…”

Delgado también pidió acceso al amparo que la misma denunciante presentó y que tramita en el juzgado contencioso administrativo de María José Sarmiento. También hay un amparo de carácter colectivo, impulsado por el Frente para la Victoria, pero todavía el Estado no fue notificado. Está a cargo del juez Pablo Cayssials. Es decir, hasta ahora ningún juzgado ordenó frenar el traspaso tan controvertido de la base de datos.