La pesada carga del silencio. ADN
El miércoles pasado se cumplieron dos meses de la desaparición del oficial ayudante de la Policía de Río Negro, Lucas Muñoz, en Bariloche. Apareció muerto 27 días después, con un disparo en la cabeza. De todos los interrogantes planteados tanto en el gobierno, como en la investigación, pocos encontraron respuesta.
La experiencia en estos casos indica que pasó mucho tiempo sin que se rompa un eventual pacto de silencio, por ejemplo de uniformados vinculados a la Comisaría 42 del barrio 2 de Abril y a la Regional andina. Sería lamentable y poco recomendable para los poderes del Estado que la ciudadanía se encuentre frente a otro caso como el de Daniel Solano.
El tiempo disipa. Sólo su familia mantendrá un eterno recuerdo de Muñoz. También el paso de los días opera como un bálsamo aliviador para las responsabilidades de los funcionarios involucrados directamente o indirectamente por el caso, que ya deberían haber renunciado.
También lo medios de información cambian la escala de prioridad del hecho ante el ingreso del caso a la meseta investigativa.
La muerte del policía afectó al gobierno, aunque se soslaye la situación. Alberto Weretilneck lo sabe, su buena imagen se alteró en la ciudad, la gente no cree en la institución policial y la inseguridad sigue siendo una preocupación ciudadana.
Ni siquiera bastaron los esfuerzos de funcionarios –algún mal intencionado- que trataron de poner el punto de este caso con sospechas sobre Muñoz. Se hicieron correr versiones de conductas dudosas, perfiles de su personalidad e incluso se trató de vincular al propietario de un conjunto de cabañas, lugar donde podría haber estado el policía, con la oposición política, bajo el argumento de la existencia de una foto del aludido con dirigentes justicialistas.
Un recurso que no es nuevo. Cuando “las papas queman” se convierte a la víctima en el centro de la investigación, doblemente víctima y así surge nuevamente el tristemente célebre “por algo será”.
De todos modos si Lucas Muñoz, tenía conductas y antecedentes que lo implicaban, qué pasó que la Policía no lo detectó, ni lo sancionó o separó de la fuerza.
Lo cierto es que la investigación de la causa está en un punto sin movimiento, incluso los familiares del policía en su entrevista con el gobernador pidieron apurar el resultado de las pericas de Gendarmería Nacional, no mucho más. Se camina a ciegas.
Las llamadas causas colaterales donde se investigan a policías, carecen de acusaciones de mayor peso. Los uniformados imputados señalan que tanto el tema de la compra de un chip de teléfono en Catriel, como el allanamiento a su departamento tuvo como única intención “buscar a su compañero”. Ahora hay que comprobar los delitos de encubrimiento y entorpecimiento de la investigación.
La purga policial ordenada por el gobernador con 12 policías separados, ocho jefes y cuatro suboficiales, no tiene aún mayores novedades en los expedientes y sumarios internos.
El ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, remiten todo al secreto del sumario judicial, pero tampoco se observa dinamismo o preocupación. El tiempo es el mejor aliado.
Pareciera que todo se diluye. Aparece una nueva prueba o una novedad en la causa y no se sostienen por sí mismas por más de 24 horas. Camioneta, con supuestas manchas de sangre y el trabajo de los perros con sus derroteros odoríferos.
Nada se sabe o al menos no trascendió, qué pasó con los siete folios que faltan del libro de guardia el día que desapareció Muñoz. Silencio.
Fuentes cercanas a los expedientes de la causa afirman que el caso Muñoz es un combo que contiene varios ingredientes, pero el de mayor peso es la presencia del narcotráfico en San Carlos de Bariloche con vinculaciones policiales.
Aventuran los más osados que algunos jefes de la Comisaría 42 y mandos de la Regional, responderían a una organización –que siempre tiene un jefe- que controlaría el negocio de la droga en ese barrio y en la zona, Significa que cuando de estupefacientes se trata no hay línea de acatamiento vertical con la jerarquía de la fuerza. Hay independencia, zonas liberadas y complicidad.
De nada valen las buenas intenciones del gobierno y del Ministerio Fiscal. Hay otro mundo y otra vida que también existen por inoperancia, complicidad e incluso desconocimiento de los mismos poderes del Estado que tienen que cuidar a los ciudadanos.
Hay parálisis. No hay elementos y seguridad de poder informar a la ciudadanía rionegrina cómo, porqué, en qué circunstancia y cuáles fueron los reales motivos del asesinato del policía Lucas Muñoz.
Si ese supra poder narco existe. Nunca habrá una respuesta.
No pasa inadvertido en este comentario la situación de Patricio Vargas, ex marido de Micaela Bravo, una joven que también despareció en el mismo barrio 2 de Abril, jurisdicción de la Comisaría 42, y su cuerpo fue encontrado sin vida en la zona de la circunvalación sur igual que Muñoz.
No son poco que vinculan ambos casos. Ahora Vargas está bajo protección del Ministerio del Interior de la Nación, luego que denunciara que fue amenazado.
Según publicó Claudio Andrade en Clarín, le dijeron: “¿Cuántos muertos más querés, Vargas, uno o tres más? Cállate”.
Al parecer Vargas estaba investigando por su cuenta la muerte de su esposa, Micaela Bravo en vinculación por el caso del policía asesinado.
El periodista Andrade escribió en Clarín: “Vargas vinculó el asesinato del agente Muñoz con el nombre de un narcotraficante que manejaría la distribución de drogas en la Cordillera. Dos horas después, su casa fue baleada desde un vehículo. El ex marido de Micaela le aseguró a este diario que había entregado al fiscal Eduardo Fernández -que lleva la causa de Bravo- los nombres de dos narcotraficantes y tres policías que estarían relacionados con ambos asesinatos. Entre los policías figuran dos jefes de la Comisaría 42 y un agente”.
Pareciera que todo remite al mismo punto. Los tiempos se dilatan y cada día se agiganta el fantasma que sobrevuela varios hechos sin resolver de asesinatos y desapariciones de personas en Río Negro.