La política y el debate del presupuesto

(ADN).- «Me he pasado años votando disciplinadamente presupuestos que eran verdaderos dibujos. Y ahora no pienso tirar abajo uno que así merezca correcciones y tenga inconsistencias, no es un dibujo», dijo el senador Miguel Pichetto y la frase sorprendió a los operadores del gobierno y la oposición reunidos para analizar las pautas oficiales del presupuesto 2017.

Una vez más el senador rionegrino dio muestra de su espíritu contemporizador. Previamente, y según publicó Clarín, Rogelio Frigerio había dicho en forma tajante: «No vamos a aceptar todo esto. Preferimos que se caiga el Presupuesto y que ustedes carguen con la culpa de dejar al Gobierno sin ley», haciendo referencia a las pretensiones de la oposición.

Según trascendió en distintos medios, el ministro del Interior fue hasta la Cámara de Diputados a un encuentro con legisladores del PRO y del peronismo, quienes llevaron un petitorio sobre los puntos a corregir o incorporar en la “ley de leyes”.

Estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el jefe del bloque, Nicolás Massot, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, y el radical Mario Negri. Del otro lado, Sergio Massa, Miguel Pichetto, Diego Bossio y Marco Lavagna.

Ausente, Axel Kicillof aunque en el PJ le reconozcan empeño y cualidades de hombre estudioso. Ausente también, el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, a quien en el PJ le dan poco juego en cuestiones semejantes. Lo que se diría una clara división de aguas con el cristinismo duro.

Cuál era uno de los pedidos de Pichetto y sus acompañantes: la pretensión de coparticipar plenamente el impuesto al cheque., que es un ejemplo claro de federalismo al revés y de la muy desigual distribución de los recursos fiscales.

Desde el Cavallo de 2001 y a lo largo de toda la era kirchnerista, el 85% de la recaudación queda en la Nación y apenas un 15% se reparte entre todas las provincias. Traducida a este año, la relación sería $ 108.000 millones contra $ 19.000 millones.

El reclamo, aunque considerado justo, no prosperó entendiendo que o desfinanciaba al gobierno nacional y lo forzaba a ajustar en otros lugares.

El resto de los pedidos quedó asentado en 14 carillas, con artículos y cuadros incorporados al proyecto de ley que apuntan a urgencias fiscales de las provincias, como por ejemplo:
– La distribución automática del 80% de los llamados Aportes del Tesoro Nacional a partir del año próximo y hasta el 31 de diciembre de 2019, incorporando a la Ciudad Autónoma y a Tierra del Fuego. Puesto en plata de 2017, son $ 20.364 millones que el poder central usaba a discreción.
–Las provincias que adhieran al régimen se comprometen a repartir entre los municipios, también automáticamente, no menos del 30% de esos recursos. Reclamo político doble propósito: cubre necesidades de los gobernadores y de los intendentes.
–Una moratoria amplísima para el pago de las deudas que las provincias mantienen con el gobierno nacional, empezando por un plazo de gracia sobre capital e intereses hasta el 31 de diciembre de 2018.
–El capital sería amortizado en 167 cuotas mensuales hasta el 31 de diciembre de 2032, con una tasa de interés fija del 6% anual.

Según una planilla que acompaña al petitorio, la deuda provincial ajustada en base a datos 2014 asciende hoy a $ 45.351 millones. Alguien debería revisar sus números aquí, pues según el Ministerio de Economía de la Nación alcanza a $ 92.000 millones.

Otro de los planteos promueve la creación de un Fondo de Convergencia Social Federal constituido por un porcentaje equivalente al 3% del endeudamiento a largo plazo que el gobierno nacional tome en 2017 y también distribuido, según diversos parámetros, entre las provincias. Siempre actualizado por la fórmula del 3%, el punto de arranque suma $ 30.000 millones.

Por último, girarles a las cajas previsionales que no pasaron a la Nación, directa y mensualmente, el 50% de una partida prevista en el Presupuesto. Ahora, tocarían $ 7.000 millones a trece cajas; entre ellas, las de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y las de Entre Ríos, La Pampa y Santa Cruz.

Por donde se mire, el reclamo originado en el peronismo significa un desahogo enorme para los gobernadores.
Es también mucha plata y toda surgida de la billetera nacional, si no restada a destinos diferentes imaginados por el Gobierno. En los aprontes finales se verá hasta dónde llega el «no» de Frigerio o cuánto cede Mauricio Macri para sacar la ley.

Hubo más en la cumbre del PRO y el PJ, ahora por fuera del petitorio.

Un tema que ya empezó a crecer es cuál será el alcance de los superpoderes, en el mismo 2017. El Gobierno ha puesto dentro del proyecto de ley un artículo, el 21, que le da al jefe de Gabinete atribuciones para crear «unidades ejecutoras específicas» destinadas a gestionar planes y proyectos «transitorios», con la posibilidad de disponer «partidas presupuestarias».

«Eso es lo mismo que superpoderes sin restricciones, y nosotros no lo vamos a votar», le dijeron los legisladores peronistas a la representación oficialista.

Luego, el debate quedaría reducido a si las superfacultades llegan al 8% del presupuesto, como aspirarían en el PRO, o se limitarían al 5% que proponen desde el PJ. Y si van a reducirse a un par de años.

En cualquier caso, los contendientes rescatan que fue «un diálogo armónico», donde cada uno manejó sus propios intereses políticos y en el que sobrevoló una preocupación común: asegurar la gobernabilidad a todo trance.

Se entiende: la gobernabilidad no es algo que sólo atiende el interés de la Casa Rosada; también, el de los gobernadores y el de los propios dirigentes peronistas, cualesquiera sean sus perspectivas hacia octubre de 2017. No entran, al parecer, las movidas del cristinismo duro.

Cuentan nuevamente desde el PJ: «Los notamos preocupados por la demora de la reactivación. Y les planteamos las dificultades que acarrea una conducción de la economía dispersa, sin nadie que articule el trabajo del conjunto».
Claro está, ese ya es territorio de Macri. Aunque un debate bien parecido tiene lugar intramuros de la Casa Rosada.

Fuentes: Clarín- Entorno Inteligente