Código y Reforma. ADN

Un documento de los fiscales de Río Negro puso en duda la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal. Advirtió sobre los obstáculos operativos, financieros y constitucionales. Así, a pocos meses de su puesta en marcha, la Procuración puso en jaque un trabajo integral de los tres Poderes. ¿Solo el Ministerio Público sabía de estos impedimentos? ¿Por qué salen ahora a la luz pública?

En los despachos oficiales se habla desde hace un tiempo del «quiebre» de relaciones entre la Procuración y el Superior Tribunal de Justicia, y de los «cortocircuitos» con Laprida y Belgrano. Incluso, algunos operadores comenzaron un buscar una salida elegante, pero salida al fin de la jefa de los fiscales, Silvia Baquero Lazcano.

Un observador interno del Poder Judicial asemejó el caso con el del ex juez federal Norberto Oyarbide. «Siempre la política te da una salida, cuando tenes la posibilidad de negociarla», explicó. Ergo, Baquero (al tanto de la movida) buscó su salvoconducto.

La Procuradora sintió que era el momento cuando comenzaron las denuncias en su contra, esencialmente la que hizo el SITRAJUR por haber designado a si hijo temporalmente sin concurso. Dicen desde el sindicato que también lo hizo con su nuera. Baquero acusó el impacto. Salió golpeada desde lo personal. Además, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone, tomó la presentación y le dio curso.

Esta semana debía reunirse la Comisión Interpoderes para avanzar con los grises que aún tiene la implementación del nuevo Código. Pero se frustró cuando la Procuradora elevó el documento de los Fiscales al STJ, a la Legislatura y a la Gobernación.

“Un primer obstáculo es la Constitución Provincial», decía el paper. Carambola a tres bandas: demoró el nuevo sistema acusatorio (resistido, al menos por ahora) por el STJ; le dio la excusa al Gobierno para instalar la necesidad de una reforma de la Carta Magna y armó su probable salida, elegante y pacíficamente.

Inmediatamente después de presentar la nota, Baquero tomó licencia. Algunas fuentes indican que comenzará en breve con los trámites jubilatorios.

Pero la Procuradora quiso salir del debate al que se vio expuesta por las consideraciones anteriores y emitió una gacetilla oficial en la que expresó que hace más de un año que viene advirtiendo de estos obstáculos, incluso el constitucional. Es cierto, pero siempre se hizo en ámbitos cerrados. Nunca fue una postura pública. Incluso, el 4 de noviembre, 9 días atrás, firmó la resolución 746 cuyo primer párrafo refiere a «la inminente puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro». En ella, resolvió aprobar nuevas estructuras con ingreso de personal a la Procuración.

Contradicciones. Como la de haber puesto a disposición recursos económicos y humanos al servicio de capacitaciones, charlas y encuentros sobre el nuevo Código Procesal Penal. ¿Para qué destinar tanto esfuerzo si no se podía implementar?

Pero… el Ministerio Público fue el único que advirtió esto?. El Superior Tribunal también sabía que su aplicación era imposible. Tanto, que no modificó su esquema presupuestario pensando en 2017. De cada 10 pesos que ingresan al Poder Judicial siete van al STJ y tres a la Procuración que destina, dos a las defensorías y uno a las fiscalías.

¿Cómo es posible cambiar el sistema acusatorio si los fiscales -que llevarán ese tarea- tienen solo el 10% del presupuesto? ¿Con qué recursos se iba a contratar el personal o funcionarían las nuevas estructuras que el cambio impone? Según el nuevo Código debe haber un fiscal cada 8 mil personas. En Viedma hay solo tres, y una está por asumir como juez ¿Dónde están los concursos para nombrar a los otros cinco?

Estamos en noviembre y faltan movimientos y definiciones institucionales para avanzar en el nuevo Código. Baquero abre la cancha y dice que hay que separar las defensorías de la fiscalías y ello requiere un cambio constitucional. Además, argumenta que la Carta Magna rionegrina no tenía contemplado estos avances. E incorpora tres temas centrales: «la duración del cargo de Procurador, el sistema conclusivo de causas, y la dependencia jerárquica de la Policía Judicial».

El ítem policía estaría saldado, ya que el Gobierno elaboró un proyecto de un nuevo escalafón dependiente de la Jefatura. Hay antecedentes (como el de Córdoba) donde fracasó la policía en la órbita del Poder Judicial.

El sistema conclusivo de las causas también podría resolverse con acordadas del STJ o alguna ley del Parlamento rionegrino.

Pero la duración en el cargo del Procurador también requiere una revisión constitucional.

¿Cómo reaccionó el Gobierno? Con alegría. Sabe que es muy fuerte la necesidad planteada. O se avanza, o no se aplica el nuevo Código Procesal Penal, una ley que llevó tiempo y esfuerzo y fue presentada a la sociedad como uno de los puntos altos de gestión. También evalúa que da argumentos a quienes vienen alentando una reforma, como el senador Miguel Pichetto y el diputado Martín Doñate. Y pone en aprietos a quienes se oponen.

En muchos despachos se vivió como una victoria, porque la necesidad viene planteada desde afuera de la política partidaria y traslada el tema a 2018. «Si se hubiese pensado, no salía mejor», dicen con satisfacción en los pasillos de Laprida y Belgrano.