Más dudas que aciertos
(ADN).- La puesta en marcha del nuevo Código de Procedimiento Penal mantiene un debate silencioso hacia adentro del Poder Judicial y alejado del justiciable, a pesar que el ciudadano rionegrino es el principal destinatario de las reformas al actual sistema penal, tanto en perjuicio como en beneficio.
Por un lado hay señales con contenido político que indican que el primero marzo se pone en vigencia el nuevo Código, quizás el mensaje más claro fue el de la semana pasada cuando el juez Ricardo Apcarián, junto al Gobernador Alberto Weretilneck, dijo en Cipolletti que “estamos trabajando a toda máquina” para llegar a marzo.
Esta posición va de la mano del apuro de la actual titular del STJ, Liliana Piccinini que quiere, contra viento y marea, que el nuevo sistema no sufra demoras. Se considera “la madre de la criatura”, hay deseos y afán de no ver dilaciones, casi una obsesión, a pesar de los “costos colaterales” que muchos consideran que habrá, motivados por el apuro.
Desde la Procuración hay preocupaciones y desde el Poder Central urgencias. Cómo se sustentan ambas posturas: los fiscales verán incrementados considerablemente sus obligaciones y responsabilidades al ser los dueños de la investigación penal, pero sin recursos económicos, con el mismo personal, sin capacitación, incertidumbre por los lugares de trabajo y sin policía de investigación, entre otros cuestionamientos y por el lado de los jueces vislumbran mayores comodidades, lejos de la investigación de las causas y limitando su acción al arbitraje.
Esto significa que escuchando a unos y otros se tiene una visión del punto real del debate. El punto es el apresuramiento donde habría que analizar una prórroga que deberían otorgar los legisladores, ya que el apuro de Piccinini, y de Apcarián, depende del parlamento.
Esta urgencia del STJ bien se podría ejemplificar en un tema que se manejó semanas atrás, y luego descartado, cuando trascendió que Liliana Piccinini podría ser reelecta un año más al frente del Poder Judicial –su mandato vence en febrero- para posibilitar que sea ella quien ponga en marcha el nuevo sistema ratificando que la iniciativa tiene mucho de su autoría. Esta posibilidad fue finalmente descartada y Apcarián será en el 2017 el presidente del máximo organismo judicial rionegrino, en un año electoral y de posibles interpretaciones constitucionales.
También el tema sirvió para que la Procuradora Silvia Baquero Lazcano, se adentrara en los pliegues del poder político al mencionar la reforma constitucional para darle viabilidad y consistencia al nuevo Código Procesal Penal, que la instaló, al menos por un rato, del lado de los “amigos”.
Afuera del Palacio también hay opiniones contrarias a la inmediata puesta en marcha del nuevo sistema. Se menciona los innumerables problemas que se presentarán día a día, en la actividad cotidiana y las consecuencias negativas en las causas penales, donde no se podrán soslayar los costos políticos en un año de campaña electoral.
El penalista Oscar Pandolfi, -quien propició la reforma- declaró que no están dadas las condiciones para la puesta en marcha del nuevo Código, criticó al STJ y señaló que “habrá que otorgar algún tipo de prórroga”.
Pandolfi dijo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) manejó “muy mal la transición” y que el proyecto de ley enviado la Legislatura es inviable por un montón de razones, y señaló que “no es una mera ley de transición de un sistema penal a otro, sino que es una ley orgánica de todos los fueros del foro rionegrino”. Agregó que «mezcla los juzgados feudos, con competencias y jueces fijos, cuando el sistema nuevo es otra cosa, tiene foros de jueces que no tienen cargos fijos ni juzgados fijos, eso desaparece”.
Indicó que “lo que hacía falta era copiar la ley neuquina que ya está en vigor hace dos años y ha funcionado bien, con una adaptación geográfica y poblacional a Río Negro”.
“La ley de transición se ha manejado muy mal” y se refirió a que hay una puja entre el STJ que quiere acumular más poder y la situación insostenible de los ministerios públicos, tanto de la fiscalía como de la defensa, que obviamente no pueden estar bajo una misma dirección.
No son pocos los abogados penalistas que están cuestionando que sería necesaria una prórroga, dotar de mas fiscales a la Procuración, funcionarios y empleados, además de los ámbitos de investigación adecuados e incluso el espacio físico para las causas. “El primero de marzo atracará un camión en el Ministerio Público y descargará 2.000 causas que mandarán que están atrasadas en los juzgados”, señaló una fuente para graficar lo que viene”.
Queda ahora a los legisladores y la comisión parlamentaria creada al efecto, tienen la responsabilidad de definir la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Mientras tanto la sociedad está ausente de una puja que a decir de las fuentes consultadas podría derivar en nulidades, causas sin resolver, impugnaciones y demás consecuencias donde el perjudicado será, una vez más, el justiciable.