Reforma: Baquero intenta salir del debate político

(ADN).- La Procuradora ratificó que sin reforma constitucional, no se puede implementar el nuevo Código Procesal Penal. Pero advirtió que esa visión viene siendo expresada desde hace más de un año. Así, intenta despegarse del debate político, y no ser la «excusa» del Gobierno.

Silvia Baquero Lascano (actualmente de licencia) eligió el formato de un comunicado oficial del Ministerio Público para aclarar «las diferentes opiniones que se han difundido». La referencia es al documento acerca de los «obstáculos» que tiene la puesta en vigencia del nuevo Código.

En el documento que emitió, la Procuración insiste en la necesidad de la reforma constitucional apelando a, por ejemplo, la duración del cargo de Procurador, el sistema conclusivo de causas y la dependencia jerárquica de la Policía Judicial. Pero subraya que ese debate viene dado desde hace tiempo, que no es de último momento.

La gacetilla dice:

El 18 de agosto del año 2015 (hace ya 15 meses), en el marco del primer encuentro de la Comisión de Seguimiento del Proceso de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano advertía el obstáculo constitucional que, para el sistema acusatorio, implicaba la dependencia del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa bajo una misma cabeza; postulando en el transcurso del debate su necesaria reforma.

Tal como consta en el Acta 1, que transcribe de forma textual los términos de dicho encuentro, la Procuradora indicaba en aquella oportunidad que “las limitaciones que se tienen en este sentido, se encuentran a nivel constitucional, ya que el Ministerio Público es vertical y su cabeza es la del Procurador General”.

En relación a ese punto, expresaba que era “necesario un análisis un poco más profundo. Primero reformar la Constitución, que es la que marca un sistema donde la cabeza del Ministerio Público es una sola, que es el Procurador”. Esta posición fue compartida por el abogado Gonzalo Rua, consultor externo que la Comisión Interpoderes contrató en el inicio del proceso para que intervenga en la reglamentación del nuevo Código.

Se genera allí, hace más de un año, una primera posición clara de la Procuradora que sostiene que escindir la defensa implica pensar en una Constitución Provincial reformada, que coincide con la necesidad de hacerlo, pero que, no obstante y al ser esa una decisión que los excede, “debían avanzar en el trabajo con los límites que impone la Constitución actual”.

En el Acta N° 3, con fecha 9 de noviembre de 2015, la reunión de trabajo comienza con una declaración de la titular del Ministerio Público que indicaba que los diversos documentos de trabajo, que en ese momento redactaba Rua, tenían “un primer obstáculo que es la Constitución Provincial, especialmente en lo que hace a la independencia del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa”.

Vuelve a dejar en claro, hace más de un año, la importancia de no trabajar sobre “una base totalmente errada”. En igual sentido se manifestó el Dr. Oscar Pandolfi, representante del Colegio de Abogados de Cipolletti quien destacaba que “el tema del Ministerio Público deviene de una norma constitucional que no coincide ni con la nacional, ni con la de la vecina provincia de Neuquén que responden a otro modelo”.

Más allá de estas explícitas manifestaciones, se pueden encontrar observaciones en cuanto a los límites que la actual Constitución plantea a una acertada implementación del nuevo Código en las actas de 15 de marzo, 18 de abril, 18 de mayo y 20 de octubre de 2016, en relación a diversos temas, entre ellos la duración del cargo de Procurador, el sistema conclusivo de causas y la dependencia jerárquica de la Policía Judicial. En todas ellas se encuentran las palabras textuales de Baquero Lazcano destacando por motivos diversos que esas normas “van a contrapelo de la Constitución provincial actual”.

Finalmente, es importante destacar que en el ámbito interno del Ministerio Público este tema fue intensamente debatido en las diferentes encuentros que mantuvo el Consejo de Fiscales y Defensores, integrado por representantes del Ministerio Público de las cuatro circunscripciones.