Sobresueldos: Carosio aceptó un juicio abreviado
(ADN).- El ex fiscal de Estado, Alberto Carosio, aceptó hoy el sistema de juicio abreviado en la causa que investiga sobresueldos en la administración pública durante la gestión del gobernador radical Miguel Saiz. Fue el único. Los demás imputados irán a juicio oral, que aún no tiene fecha de inicio.
A Carosio le correspondió una condena de un mes de inhabilitación a ejercer cargos públicos y una multa de 13 mil pesos.
El sistema de juicio abreviado consiste en que el acusado acepta la calificación del delito que se le imputa, su culpabilidad y la pena que le correspondería. El caso de Carosio era investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene penas leves de hasta de tres meses de inhabilitación.
Hubieron otros ofrecimientos para ex funcionarios con responsabilidades menores, pero no acogieron al juicio abreviado, porque no aceptan su culpabilidad en los hechos investigados.
Todo esto ocurrió hoy en la audiencia en la Cámara. Todos los implicados irán a juicio oral.
Cabe recordar, que el juez suspendido Fabio Igoldi había elevado -en septiembre de 2014- la causa denominada «sobresueldos» a juicio, caratulada como “González Francisco Javier y otros S/ Peculado”, que investiga a los ex ministros Diego Larreguy, César Barbeito, Juan Manuel Accatino, Omar Contreras, Aníbal Hernández, Cristina Uría, Alfredo Pega y a los funcionarios Alberto Carosio, Daniel Bossero, José Ongaro y Sergio Pendaz.
La denuncia, por la que fueron imputados, asegura que la Provincia habría abonado adicionales por más de 24 millones de pesos entre 2004 y 2010 –unos seis millones de dólares-, que habrían variado cada año. En 2004 se habrían pagado más de 2.400.000 pesos; en 2005 aproximadamente 2.200.000; en 2006 2.500.000; en 2007 2.600.000; en 2008 4.000.000; en 2009 4.800.000 pesos, redoblando esa cifra en 2010 con 8.600.000 pesos.
En 2011, cuando se inició la investigación judicial, sólo se habría alcanzado a distribuir en enero y febrero de ese año por un monto de 587.000 y 590.000 pesos, respectivamente.
Esos pagos fueron efectivizados en concepto de suplementos en dinero a las autoridades superiores del Ejecutivo provincial junto a otros organismos que según las resoluciones, en su momento firmadas por el ex secretario y hoy diputado provincial Francisco González, respondían a una dedicación exclusiva funcional para aquel rango de funcionarios.
Esos suplementos fueron determinados en resoluciones mensuales de esa secretaría en las que se especificaba el monto a percibir por cada uno de los beneficiarios y eran abonados por la Tesorería General de la provincia, un trámite que no se corresponde con el de liquidación y pago de remuneraciones.
Desde ese mismo organismo se habrían librado cheques a nombre de los beneficiarios que eran cobrados por ventanilla y retirados en efectivo por cada uno de ellos tal como se realiza con los pagos de viáticos o de proveedores pero no de salarios.
Este mecanismo –que no incluía ese suplemento en la liquidación de sueldos de los ex funcionarios que lo percibían ni lo depositaba en la cuenta sueldo habilitada– habría evitado el control de la ejecución de las sumas del presupuesto del Ejecutivo destinadas a gastos de personal, separando esos fondos públicos del control de la Administración de la que se habrían retirado esas sumas bajo una apariencia de legalidad y generando una remuneración no declarada.