En aprietos. ADN

El año cierra con ebullición política. La oposición unificó fuerzas y dio media sanción en Diputados a un proyecto para modificar el mínimo no imponible y las escalas del impuesto a las ganancias. La reacción del macrismo fue en dos sentidos: una fuerte verba antiperonista y apriete a los gobernadores para que haya cambios en el Senado.

«No madrugaron», resumió Luis Juez. El dirigente cordobés -embajador en Ecuador- puso el foco en el peronismo: «Nos entretuvieron todo el año con la pelota en la mitad de la cancha y cuando nos descuidamos nos metieron un gol sobre la hora» dijo en radio La Red. «El problema es nuestra ingenuidad», cerró.

Detrás salió Elisa Carrió quien, desde Miami, dijo que a la Argentina no llegan inversiones «culpa del peronismo». La declaración está enmarcada en reuniones que la diputada (ausente en la votación) mantuvo con empresarios norteamericanos. Furiosa, criticó el acuerdo del Frente Renovador con el PJ y la izquierda.

Pero las declaraciones más duras provinieron del Jefe de Gabinete y el propio Presidente: «Sergio Massa es el dirigente menos confiable de la Argentina», dijo Marcos Peña. «Lo llevé a Davos prensando que había aprendido, pero es un impostor», arremetió Mauricio Macri.

Todos los dirigentes del macrismo hicieron foco en la «unidad» del peronismo. Incluso, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, volvió a pedir apertura del PRO al PJ, frente al «riego» que implica que la foto del Congreso se lleve al plano electoral.

La Casa Rosada tomó nota. Y va por los gobernadores. Espera que los mandatarios convenzan a sus senadores de rechazar o hacer cambios al proyecto que viene de Diputados. La estrategia fue hacerles llegar un documento con las pérdidas que la provincias tendrán en materia de coparticipación. Y analiza, en caso de no tener éxito, vetarlo, aunque sea parcialmente.

El mensaje del Presidente llegó. Alberto Weretilneck fue uno de los gobernadores que salió a criticar el cambio en ganancias. «Río Negro perderá alrededor del 800 millones se quejó». La razón lo asiste. Con los cambios que se hicieron en marzo de este año, la transferencia de fondos se redujo en 600 millones. De todos modos, no sabe aún cuál es el impacto, pero no hay dudas que las provincias perderán dinero.

Los diputados que aprobaron el proyecto sostienen que los trabajadores serán beneficiados y que en la misma iniciativa existen los mecanismos de recaudación para no desfinanciar a las provincias. También les asiste la razón, al menos parcialmente. El nuevo esquema es muy positivo para trabajadores y jubilados. Avanza en quitar de ganancias el aguinaldo y a las horas extra. También permite deducir alquileres y préstamos hipotecarios. Pero no está especificado que los nuevos impuestos que crea (como al juego online y a las mineras) serán repartidos entre los gobiernos provinciales. Si hubiese un cambio en el Senado -que beneficie al interior- debiera ser ése.

Hoy los gobernadores están obligados a salir a la cancha. Pero los aprietes no llegan a todos lados. Un claro ejemplo es el chubutense Mario Das Neves quien, enojado por la quita de los reembolsos patagónicos, ya adelantó que no jugará con la Casa Rosada. Lo que viene es una división entre los mandatarios provinciales. Los de Cambiemos (y los más urgidos económicamente) por un lado, y los del PJ por otro.

La realidad indica que el cambio en ganancias perjudica al conjunto de las provincias. Pero… es lo único?. No. Son una serie de decisiones políticas las que llevaron al desfinanciamiento. Lo primero fue la eliminación de las retenciones, un impuesto coparticipable. Después el freno al consumo, que retrajo la recaudación del IVA. Y ahora ganancias. La Patagonia, además, computa otros destratos.

Río Negro tiene problemas extra. Esta caída de recursos compromete el Presupuesto 2017. El proyecto que envió el Ejecutivo y aprobó el Parlamento estaba armado sin cambios en ganancias. Lo explicó el secretario de Hacienda, Eduardo Bachi, cuando el equipo de Economía -comandado por Isaías Kremer- presentó en la Casa de Gobierno el documento.

La provincia ya enfrenta pedidos de aumento salarial, y debe poner en marcha la reforma del secundario y, eventualmente, el Código Procesal Penal. Todo, con un presupuesto que fue acotado.

Pero hay más: La asociaciones de defensa del consumidor de todo el país están alertando que desde enero se comenzarán a sentir los tarifazos, que hasta ahora estaban frenados por los amparos y el ministro Juan Aranguren autorizó más aumentos de combustibles para el año próximo «hasta llegar a precios internacionales». Dos medidas de fuerte impacto en el bolsillo del trabajador.

Por eso el gobierno nacional está en una encerrona. Lo explicó Weretilneck cuando dijo que no se puede beneficiar a un sector en detrimento de otro. El gobernador valoró que los trabajadores no paguen ganancias, pero aseguró que eso tiene un impacto en las provincias. Macri evalúa cuál es el menor de los costos financiero y político.

Pero hay otras formas. La administración central podría aceptar el cambio en ganancias con modificaciones, y no desfinanciar a las provincias. Parte de esa receta está en el proyecto unificado de la oposición con la creación de nuevos impuestos. Otra parte es el destino de los fondos nacionales. La disputa es a quién se beneficia y a quién se perjudica con las medidas de gobierno.

Un dato: según los economistas del massismo, el impacto fiscal de ganancias sería de 60 mil millones de pesos. En octubre, Macri anunció la obra del soterramiento del tren Sarmiento. El trabajo lo hará la empresa Iecsa, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente. El monto total es de 48 mil millones.

Y queda pendiente la promesa al campo de volver a reducir otro 5% a las retenciones de la soja, lo que implica una pérdida fiscal de 1.600 millones de pesos.