La Justicia ordenó la inmediata remediación ambiental en San Antonio
Una nueva sentencia judicial ordenó la remediación de la zona de Mancha Blanca, ubicada en la ciudad costera de San Antonio Oeste, haciendo lugar al recurso que oportunamente presentó la Defensora General de la provincia, Rita Custet. Este nuevo fallo, dictado ahora por el Superior Tribunal en pleno, adhiere al Dictamen que oportunamente emitiera la Procuración General coincidiendo sobre la importancia de iniciar estas tareas en pos de la salud de los niños y su tratamiento sanitario en caso de la detección de inconvenientes.
Cabe recordar que en octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia del Juez de Amparo Enrique Mansilla, en el marco de esta causa por contaminación con plomo y otros metales pesados en la zona en la que funcionaba la ex Fundición de la Mina Gonzalito. La misma ordenaba a la Comisión legislativa de seguimiento que informe sobre los avances, pero no que se sustancien medidas concretas de remediación por parte del Programa de Gestión Ambiental Minero de la Nación.
El máximo Tribunal Judicial entendió al abrir el recurso de queja elevado por Custet, que dicho fallo era arbitrario porque omitió considerar argumentos de la Defensora General tendientes a demostrar que si bien se había hecho lugar parcialmente a la demanda, el juez rechazó -en lo sustancial- las pretensiones de remediación efectiva en un plazo cierto. Además ordenó el reenvío de la causa a la órbita provincial para que el STJ se pronuncie.
Dicho proceso judicial tuvo ayer un nuevo avance, cuando el Tribunal provincial resolvió hacer lugar al planteo de revocatoria y además modificar la sentencia apelada, ordenando las mencionadas tareas en pos de garantizar “la salud de los niños, niñas y adolescentes que habitan las zonas afectadas en atención a que la situación ambiental lleva un prolongado tiempo sin resolverse”
Cabe destacar que la Defensoría General interviene en esta situación desde el año 2012, cuando presentó una acción de amparo contra la provincia de Río Negro y el Municipio de San Antonio Oeste para resguardar el derecho a la salud del colectivo mencionado. Mientras que la Procuradora, Silvia Baquero Lazcano en septiembre de 2014, había dictaminado sugiriendo hacer lugar al recurso de revocatoria presentado por Custet.