Piden investigar a un fiscal que atendió a la joven que denunció a López por acoso

Los legisladores (FpV) Alejandro Marinao, Sergio Ariel Rivero y Javier Alejandro Iud, presentaron una nota al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, para que se investigue la conducta del funcionario del Ministerio Público Fiscal, que hizo «recomendaciones» a la joven que denunció al legislador de JSRN y dirigente del gremio de la fruta, Rubén López, por acoso sexual, a la vez que se pide al Consejo de la Magistratura que de comprobarse estos hecho se apliquen las sanciones correspondientes.

Los diputados peronistas sostienen que «habría existido por parte del funcionario del Ministerio Público Fiscal una conducta indebida y absolutamente repudiable, la cual habría consistido en amedrentar a la joven víctima a los efectos de que no radicara la denuncia correspondiente».

Se menciona lo publicado en el diario «Río Negro», donde se señala que un fiscal adjunto le sugirió a la joven “que lo piense bien” (efectuar la denuncia). Se supo que la joven fue a la fiscalía pocos días después del hecho, pero ante la advertencia de un fiscal adjunto de la fiscalía de Rita Lucía decidió “repensar” su decisión y no fue hasta dos semanas más tarde que radicó la denuncia.

Los legisladores mencionan que el diario “Río Negro” pudo confirmar con una fuente judicial y el psicólogo Marín que la joven recibió por parte de un fiscal adjunto una serie de advertencias que “la asustaron”.

“Cuando fue a realizar la denuncia un fiscal le preguntó si sabía quien era López, que era una persona muy poderosa y de muchos contactos. Eso la asustó y dijo que lo iba a pensar”, explicó el psicólogo de la joven.

Semanas después, ya con la decisión tomada, volvió a dirigirse a fiscalía y realizó la denuncia ante la fiscal Rita Lucía.

“Estaba con mucho odio y bronca por lo que le habían hecho, por eso volvió y realizó la denuncia”, explicó Marín, según la publicación periodística, a la vez que también se pide que se cite al psicólogo para ratificar sus dichos.

En la presentación, los diputados indican que lo dicho por el psicólogo Claudio Marín, quien asiste a la víctima del delito denunciado, reviste la mayor gravedad institucional y debe ser investigado y en caso de comprobarse el hecho, severamente sancionado por el Consejo de la Magistratura y agregan que «No podemos tolerar que aquellos funcionarios a quienes la sociedad ha delegado la atribución de investigar los delitos penales, se dediquen a amedrentar a las victimas en vez de investigar los hechos y sancionar a los culpables».

En la nota a Apcarián, Alejandro Marinao, Ariel Rivero y Javier Iud, sostienen que «los integrantes de los tres Poderes del Estado, debemos bregar para que la sociedad confíe en los mecanismos que prevé la Constitución para el cuidado y protección de su persona y de sus bienes, y hechos como estos, deterioran gravemente la calidad institucional de nuestro sistema de gobierno y crean sensaciones de impunidad que debemos erradicar con el mayor énfasis posible. Esa es nuestra obligación y debemos obrar en consecuencia».