Paritarias municipales: “La Procuradora es una inmoral”

(ADN).- Surgió la primer reacción política al dictamen de la jefa de los fiscales sobre las paritarias municipales, una ordenanza emanada del Concejo Deliberante de Viedma para modificar la estructura institucional actual de los debates salariales. La edil del Frente para la Victoria, Silbana Cullumilla, cuestionó a Silvia Baquero Lascano.

Cullumilla criticó la visión juriídica de la Procuradora tendiente a rechazar la aplicación de la ordenanza que regula el llamado a paritarias municipales.

“La Procuradora es una inmoral, porque tanto ella, como los jueces del Superior Tribunal de Justicia tienen un evidente conflicto de intereses al resolver éste caso” dijo, y precisó: “Ellos que incumplen con la ley de paritaria son los que tienen el tupé de venir a decirnos que invadimos facultades”.

Baquero actuó en un expediente iniciado por el intedente José Luis Foulkes en el que plantea que existe un conflicto de Poderes, en la norma sancionada por el Concejo.

En su resolución, la jefa de los fiscales recordó que la modificación de la Carta Orgánica estableció que es competencia de la Mesa de la Función Pública “elaborar proyectos de ordenanzas que establezcan: un sistema de administración de estructuras, salarial y de recursos humanos». Agrega que en su parte el inc. a.4) agrega «criterios de asignación y régimen de bonificaciones” y, por último, su inc. b establece que propone “al Ejecutivo todas las modificaciones necesarias a la política salarial”.

«De esta manera, la normativa cuestionada, quita de la esfera de la Mesa de la Función Pública –encabezada por el Sr. Intendente- una potestad que le es propia, para asignársela a una Comisión integrada por distintas autoridades municipales» escribió Baquero.

«Pero no queda ahí la intromisión en el ámbito de otro Poder, sino que además, delega en titulares del gobierno municipal, funciones no previstas por la Carta Orgánica, delegando -por ejemplo- atribuciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo al Tribunal de Cuentas, como lo es la discusión y decisión en materia salarial.
De lo expuesto se advierte que la Ordenanza en crisis desplaza las facultades propias del Intendente en lo relativo a las potestades que hacen a la Administración del Municipio, en particular en materia de recursos humanos y en cuestiones presupuestarias, atribuciones privativas del jefe comunal», expresó.

El escrito de Bquero agrega: «Teniendo como norte el principio de división de poderes, al establecer parámetros y líneas de actuación presupuestaria y administrativa a las que deben sujetarse los otros dos poderes del gobierno del municipio local, resulta clara la acción de intromisión del Poder Legislativo Municipal en la esfera del Poder Ejecutivo-interfiriendo, principalmente, en la relación de empleo de los agentes municipales que lo componen- instrumentada con la emisión de la norma en estudio».

«En otras palabras, la ordenanza emitida por el Concejo Deliberante avanza ciertamente sobre otros poderes del estado municipal, tanto sobre la relación de empleo de los mismos, como así también al atribuirle –como señalara supra- competencias que claramente no le han sido otorgadas por la Carta Orgánica, las que deben ser definidas –eventualmente- por el respectivo estamento para luego sí ser reflejadas a través de la sanción de una ordennza», justificó.

Ante esta resolución, Cullumilla manifestó: “esto no es dictamen, sino un panfleto que tiene por finalidad preparar el terreno para que el resto de los empleados de Weretilneck que ocupan cargos en el STJ terminen por cercenar el derecho de los trabajadores”.

Y advirtió que “no permitiremos que desde sus millonarios sueldos de magistrados, sigan aplastando conquistas laborales. Si lo hacen, deberán asumir también las consecuencias, porque los trabajadores impulsaremos el juicio político contra estos adinerados funcionarios”.