«Los delitos sexuales no tienen penas tan elevadas»
(ADN).- Después del crimen de Micalea García se reabrió la polémica sobre las responsabilidades institucionales y políticas frente a los femicidios. También sobre el sistema penitenciario y las posibilidades reales de reinserción social de las personas que comenten delitos sexuales, especialmente violaciones. En ese contexto, la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, brindó un reportaje al diario Página/12.
La jueza es titular de la Oficina de la Mujer y de la de Violencia Doméstica. Entrevistada por Irina Hauser, dijo:
–Desde que se conoció el femicidio de Micaela García, todos le apuntan al juez por no tener en cuenta informes que desaconsejaban que Sebastián Wagner saliera de prisión. Mauricio Macri inclusive se refirió a eso. ¿Qué evaluación hace usted?
–Puede pasar que haya un informe favorable al imputado y que igual suceda algo así, un femicidio. Más allá de que no quiero referirme al caso concreto, esta persona iba a salir en libertad en no mucho tiempo más, un año y medio quizá. Los presos en algún momento salen, y los delitos sexuales tampoco tienen penas tan elevadas. El problema es que las personas salen de la cárcel igual o peor que cuando entraron. Porque no hay un sistema mínimo de capacitación. Habría que hacer capacitación en género en las cárceles, pero además debería haber algo específico para los presos por delitos sexuales. Y cuando son personas con una patología, abordarla. Hay que hacer un intento. Las cárceles no son para tirar a la gente ahí dentro. Pero en los penales no hay ningún tipo de tratamiento para estos casos. Desde la Oficina de la Mujer de la Corte hasta ahora hicimos capacitación de guardiacárceles en los penales de mujeres.
–¿Está bien que se le pida el juicio político a un juez por una situación como esta?
–No creo que algo así de lugar, en general, a un planteo de juicio político, pero dependerá del caso y de lo que decidan las autoridades políticas.
–¿Es cierto que en su mayoría los violadores son reincidentes?
–Eso dicen, pero no tengo la certeza.
–Cuando se le otorga a un violador o un homicida la libertad condicional o las salidas transitorias. ¿Qué se hace desde el sistema de ejecución para controlarlo?
–Existe la pulsera electrónica que se utiliza respecto de una víctima. Tenemos casos en la Oficina de Violencia Doméstica donde hay una restricción de acercamiento o casos que en que el agresor estaba detenido y fue liberado. Desde una central se lo monitorea y en el momento en que el hombre se acerca a cierto radio, empieza a sonar una alarma a la Policía. Esto se podría implementar para otros casos. Cuando alguien tiene libertad condicional debe cumplir determinadas condiciones, como presentarse en el juzgado, no consumir alcohol. Pero son condiciones que debe cumplir la persona. También es cierto que hay pocos juzgados de ejecución penal.
–¿Para qué sirve el registro de femicidios que la Corte empezó a hacer hace tres años y qué resultados arrojó hasta ahora?
–Sirve para hacer un diagnóstico y diseñar políticas. Da una idea de cuantos femicidios hubo en cada provincia, y ahora también hay un registro iberoamericano que yo ofrecí y se está haciendo en siete países. Desde ya, si hubiera dos femicidios por año, no tendría sentido, pero el resultado de los relevamientos es tétrico.
–¿Por qué los femicidios aumentaron en los últimos años?
–Es difícil saber. En 2014 fueron 225, en 2015 fueron 235 y ya tenemos los de 2016 pero los estamos procesando, aunque también se advierte un aumento. Empezamos a analizar también los homicidios de travestis por razones de género. Una realidad es que la violencia aumenta en el mundo y la violencia de género también. En nuestra oficina de Violencia tenemos mil denuncias por mes, en su gran mayoría presentadas por mujeres. Tratamos de que sean situaciones que no lleguen al femicidio. En ocho años, sucedió sólo en dos casos.
–¿Qué políticas apuesta a que ayuden a reducir el número de femicidios?
–Hay que lograr más conciencia de las mujeres de que pueden denunciar en un lugar confiable donde no las van a tratar con machismo. Debemos seguir multiplicando las Oficinas de Violencia Doméstica como la de la Corte en distintas provincias, ayudan a crear esa conciencia.
–¿No es un obstáculo que cada provincia tenga la política criminal propia de como se abordan estos temas?
–Vivimos en un país federal. Hay provincias que están en condiciones de proyectar más políticas que otras. La violencia contra las mujeres es mucho más cara para el país que implementar una política de prevención, desde el momento en que esas mujeres dejan de ir a trabajar, deben concurrir al hospital.
–¿Pero cómo se hace para crear conciencia y evitar la violencia machista si el propio sistema judicial es machista y patriarcal?
–No se hace de un día para el otro, hay que ir cambiando toda una cultura. Nosotros capacitamos a los jueces en género, pero no es una capacitación obligatoria. El sistema judicial sigue siendo machista, aunque algo va cambiando. Además, no sólo son machistas los varones, las mujeres también. Hay una cultura patriarcal.
–¿En qué se refleja ese machismo judicial?
–En los cargos judiciales más altos siempre son menos las mujeres. Aparece el famoso techo de cristal. Se ve también en algunas sentencias, que no advierten –por ejemplo– que una mujer que ha sido reiteradamente violada de niña, y ahora es adolescente, que han tenido intentos de suicidio, quizá no esté en condiciones de declarar en un juicio.
–¿Cuántos jueces varones se capacitan en perspectiva de género?
– Siempre pedimos que sean igual cantidad de varones que de mujeres, pero aparentemente sólo el 25 por ciento de los asistentes fueron varones. Hemos dado en total 1686 talleres y capacitado a 27.000 personas en temáticas de violencia doméstica, trata y lesa humanidad.
–Ha habido jueces que tuvieron expresiones machistas. Como el juez de la Corte tucumana que dijo que las mujeres entran al Poder Judicial para tener la tarde libre. ¿Está bien que sigan en sus cargos?
–No creo que por cada palabra a un juez deba sacárselo. El de Tucumán (René Goane), después de que lo cuestionaron tanto, nunca dijo más nada. En Santiago del Estero el superior tribunal está integrado solo por varones y fue uno de los primeros en poner oficina de violencia doméstica. El de Tucumán también y el de Salta.