Piden que se derogue el «decreto del ajuste»
(ADN).- En medio de la crisis en los hospitales rionerginos, y las denuncias sobre la falta de garantía en los servicios esceneciales del Estado, los legisladores Marcelo Mango y Carina Pita (FG-FpV) piden que se derogue el decreto que dispuso la restricción de gastos en la administración pública.
Además de la problemática actual, los parlamentarios aseguran que el decreto violenta la ley de Presupuesto 2017 votada en la Legislatura. Y denunciaron que ese normativa faculta al Ejecutivo readecuar partidas que tenían un destino específico.
«El decreto avanza en la restricción de un 25%, 35%, 40%, 50% del financiamiento de diferentes áreas, como son horas extras en los hospitales, o los viáticos y comisiones de personal, o la utilización de combustibles, por mencionar sólo algunos» explicaron Mango y Pita para justificar su pedido.
Y denunciaron que «el decreto faculta a la Subsecretaría de Presupuesto a readecuar el presupuesto vigente votado por el cuerpo Legislativo provincial, lo que efectivamente produjo: déficit de atención en los hospitales, falta de insumos y remedios para enfermos crónicos, aumentó la tercerización de gran parte de los servicios hospitalarios (lo que beneficia de manera directa a las corporaciones médicas privadas y dejó a miles de usuarios sin cobertura médica y social). También en el Ministerio de Desarrollo Social se observa la falta de pago de guardias y horas extras que han significado la retención de servicios de diferentes áreas, el desfinanciamiento de programas sociales, por mencionar otro sector afectado por el decreto».
«El Poder Ejecutivo ha realizado un uso excesivo de su facultad, no de presentar proyectos de ley, sino de realizarlo con acuerdo de ministros, lo que inhabilita una instancia de debate en doble vuelta sobre normativas esenciales como fue -por ejemplo- la Ley Orgánica de la Policía. Esta práctica de mal uso de las prerrogativas del estado que realiza el Poder Ejecutivo afectan directamente la calidad de nuestra democracia, porque implica desoír nuestra letra constitucional, desconocer la soberanía del cuerpo legislativo del pueblo, la existencia misma de la oposición política y de las ciudadanas y ciudadanos que representamos. La oposición ejerce funciones tanto de control, de representación y de labor legislativa, que -de manera permanente- son atropelladas por el Poder Ejecutivo Provincial», expresó Mango.
Por último, los legisladores subrayaron: «Nos expresamos en contra del decreto 58/2017 que modifica irregularmente una Ley votada por la Legislatura rionegrina ya que continúa reproduciendo las consecuencias de un ajuste aún más profundo que el que anidaba el Presupuesto. No podemos permitir que ese decreto siga causando la parálisis de los servicios de los cuáles el Estado es garante y proveedor. Esto está significando la vulneración de derechos de miles de rionegrinos y rionegrinas».