Cerro Catedral: sin transferencia y con deudas con el Estado
La legisladora Daniela Agostino, Frente Progresista, cuestionó a la titular de Turismo rionegrina, Silvana Arrieta por la demora de ocho meses en responder a un pedido de informes elevado al parlamento por ese bloque, junto al legislador Jorge Ocampos.
Sobre esta actitud de la funcionaria provincial, indicó Agostino que «es evidente que hubo intención de dilatar la respuesta y remitirla incompleta y con vaguedades, pero eso no nos hará dejar de interesarnos en la actualidad y futuro de la concesión del Cerro Catedral, que también es el presente y el futuro de miles de barilochenses”.
La requisitoria de Agostino tenía como propósito conocer la situación dominial del Cerro Catedral y las gestiones del gobierno para cobrar las deudas que la empresa tiene con el Estado provincial.
Señaló la legisladora barilochense que “motivó dicho pedido de informes, la presentación ante la municipalidad de una iniciativa privada por parte de la actual empresa concesionaria Capsa, que incluye una solicitud de prórroga de la misma y que generó una importante alarma en la sociedad barilochense y en las distintas organizaciones empresariales y turísticas”, a la vez que recordó que “la misma empresa desconoce la potestad municipal sobre el cerro y por ello realizó, en su momento, una presentación a la justicia, que se encuentra para la resolución del Superior Tribunal”.
De la respuesta de Arrieta, lo primero que se deduce es que la transferencia del Cerro Catedral al municipio de Bariloche, aún no se ha concretado. Han pasado siete años y solo se le enviaron a la municipalidad una cantidad de expedientes que de ninguna manera significan la transferencia de los derechos. «Será que la provincia quiere conservar algún nivel de decisión sobre el Cerro”, se preguntó la legisladora, y agregó » o será desidia».
También indicó Agostino que “surge del escueto informe, que la provincia tiene expedientes para el cobro, por diversos incumplimientos desde el año 2005 y que ninguno de ellos ha sido cancelado”.
Agregó que “algunos están en manos de los asesores legales o en la Fiscalía de Estado y ninguno fue ejecutado. Se observan movimientos de los mismos en el año 2016, lo cual nos lleva a preguntarnos, si fue a raíz de nuestro pedido de informes que el Ministerio activó la tramitación de los expedientes, que en algunos casos superan los diez años y dormían en los cajones del Ministerio o de la Fiscalía de Estado o bien esta conducta laxa responde a otras razones”.