El caso Igoldi y las implicancias en Zágari y Reussi

(ADN).- La destitución del juez penal Favio Igoldi es la segunda de un magistrado en menos de un año en la circunscripción de Viedma. La política dejó un mensaje y la Justicia se abroqueló. En el Consejo de la Magistratura se abrió una investigación sobre la actuación de los ahora camaristas Carlos Reussi y Daniela Zágari, cuando eran juez y fiscal, en la causa del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, después de un lapidario informe de la comisión de investigación legislativa.

Los jueces, fiscales y funcionarios se sienten más observados que nunca. La valoración social no es favorable al Poder Judicial y la política demostró que está dispuesta a sancionar inconductas, aunque quede en la mira. ¿Hay intromisión? Desde que se reformó la Constitución nacional en 1994 y se creó el Consejo de la Magistratura, los ingresos, ascensos y destituciones en el ámbito judicial son estrictamente políticos.

¿Estas reglas institucionales, alteran la independencia? Un análisis pendiente.

El ex juez Igoldi antes de conocerse el fallo del jury, disparó: «La Justicia no tiene autonomía y estos juicios políticos sirven para disciplinar y que sean más cuidadosos otros jueces y fiscales al momento de resolver… En el Consejo de la Magistratura hay mucho componente político en sus integrantes, es público y notorio que he procesado 30 funcionarios de distintos sectores políticos, no he levantado teléfonos de llamados de políticos, en mi despacho no entran consejeros del Consejo, ni políticos a hacer mandato de oreja, soy muy separado de los elementos de poder en el momento de resolver».

La argumentación de Igoldi es compartida por varios sectores de la sociedad, incluso por el gremio judicial. El titular de SITRAJUR, Pablo Barreno, dijo -después de la destitución- que «no se probó en lo más mínimo ninguna de las acusaciones realizadas en cabeza de la Procuradora General, constituyéndose dicho proceso en una farsa, con el único objetivo de lograr un fallo ejemplificador, no solo para Igoldi, sino para cualquier juez que se atreva a enfrentar y cuestionar al poder real en cualquiera de sus modos».

Barreno dijo que es «evidente la imparcialidad» y recordó que el gremio pidió el juicio político de la Procuradora Silvia Baquero Lascano y el Consejo no ha avanzado. Y pidió la democratización de la Magistratura, para que pueda haber «integrantes del pueblo».

Claramente, la destitución de Igoldi fue un hecho político. Y el oficialismo no se pone colorado. Incluso, dejó asentada su postura con sus dos integrantes: los legisladores Silvia Morales y Leandro Lescano votaron en favor de la acusación. Y fue Adrián Casadei el encargado de la instrucción del sumario.

El Colegio de Abogados tuvo otras motivaciones. Aseguran desde esa organización que el voto respondió a «las formas» del ex juez, «su temperamento» y «excesos» que no garantizaban imparcialidad y muchas veces violaba el derecho a legítima defensa.

Así consta en el fallo: “La propia personalidad del Dr. Igoldi puesta al servicio del cargo, ha generado reproches constantes de las partes y no puede permitírsele a un Juez errores que implican un apartamiento, casi consciente, del código de rito y de las constancias probatorias” (…) “Resulta evidente y peligroso que se ha acreditado que el revanchismo y la mal utilización del poder que otorga el ejercicio de la magistratura han sido elementos utilizados por el magistrado y reflejados en sus decisiones” (…) “El Juez de instrucción actuó bajo sus impulsos» (…) “Igoldi no solo yerra por omitir aplicar el rito procesal, lo cual es de suma gravedad de por si, sobre todo por el nivel de causas revocadas que ostentaba hasta su suspensión preventiva, sino que constantemente fue llamada su atención por parte del organismo de contralor, por conductas direccionadas, sesgadas y hasta subjetivas, impropias para un Juez».

En cambio, la oposición, representada por el legislador del Frente para la Victoria Alejandro Ramos Mejía, votó en contra de la destitución de Igoldi, lo que también constituyó un dato político. En un año electoral, la idea era no convalidar el accionar de Juntos Somos Río Negro, a pesar de los enfrentamientos del ex magistrado con buena parte de ese espacio, incluído el jefe del PJ Martín Soria, por la causa del seguro de vida del ex gobernador Carlos Soria.

La política jugó. ¿Y el Poder Judicial?.

El voto del juez Rolando Gaitán fue en contra de la destitución. Algunos integrantes de Tribunales entendieron que era una señal para «frenar» la inercia, ya que se está sustanciando en el Consejo de la Magistratura un sumario contra otros dos integrantes de la justicia: los camaristas Daniela Zágari y Carlos Reussi.

Ambos actuaron en la instrucción, uno como fiscal y otro como juez de primera instancia, en la causa por el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya que, según la Comisión de investigación de la Legislatura de Río Negro, estuvo plagada de irregularidades.

Los consejeros que votaron por la desitución de Igoldi marcaron los «yerros» del magistrado, e hicieron foco en las causas de Sodero Nievas y la quema del Poder Judicial, sucesos con relevancia política e institucional. Pero el caso Atahualpa, además de las repercusiones en esos ámbitos, es un emblema de la impunidad. La política puso el ojo con la actuación de la Legislatura y eso motivió la apertura del sumario en el Consejo.

Ahora, actuarán las instituciones.