Políticas de género de vanguardia en la UNRN
(Por Mariana Rulli*).- En junio pasado la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) aprobó un “Protocolo para Actuación sobre Violencias de Género” así como también los ejes principales para diseñar en el corto plazo y de un modo participativo un “Plan de Igualdad” que promueva políticas de equidad para reducir las desigualdades existentes entre varones y mujeres dentro de la universidad.
En esta nota quisiera dar cuenta de los cambios institucionales que la agenda feminista está produciendo en la UNRN, de la importancia de vincular las investigaciones aplicadas con las políticas públicas de la universidad, de las obligaciones internacionales que tiene la UNRN en esta materia, así como los desafíos pendientes para que las nuevas políticas se traduzcan en una reducción significativa de la desigualdad que padecemos las mujeres en todos los ámbitos.
En 2015 una lista de candidatas-os a los Consejos de la Sede Atlántica fue impugnada por tener más mujeres que varones. En ese momento, la Junta Electoral de la UNRN obligó a readecuar la cantidad de varones en esa lista para poder participar de los comicios.
En 2016, un grupo de mujeres investigadoras elaboramos un documento que presentaba y analizaba datos cuantitativos sobre las desigualdades de género existentes en la UNRN en cuanto a la participación política y también en las dificultades de ascensos en la carrera académica por la segregación vertical y horizontal y la sobrecarga de trabajos de cuidado y domésticos. El escenario de desigualdad descripto no era muy diferente al de cualquier otra universidad argentina (ni al que presenta la mayoría de las universidades en todo el mundo). Solo una muestra: para 2016, de todas las universidades e institutos universitarios que componen el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el 89% de los rectores eran varones, es decir, solo 6 rectoras de 55 instituciones.
En 2017, a partir de un Encuentro de Mujeres de la UNRN realizado el 8M, se propuso la elaboración de un Protocolo y especialmente de un Plan que encuadre políticas integrales que promuevan la igualdad. En el mismo mes, las autoridades de la universidad presentaron un proyecto de protocolo que fue discutido y se planteó la posibilidad de presentar alternativas superadoras. Para ello se realizaron varias reuniones entre mujeres y, una vez elaborada una propuesta alternativa, se discutió y consensuó en una mesa de trabajo junto con las autoridades de la universidad que luego impulsaron su tratamiento y aprobación en el Consejo de la universidad. Fue un proceso participativo, debate y construcción de consenso inédito.
La visibilización de la desigualdad de género en la universidad primero y la aprobación de estas políticas después, ubica a la UNRN en un grupo reducido de universidades nacionales e internacionales que reconocen de manera explícita el problema de la discriminación contra las mujeres y establecen mecanismos y políticas para combatirla. Según la Red Interuniversitaria por la Igualdad y contra las Violencias de Género, dieciocho universidades nacionales argentinas han aprobado Protocolos de Actuación contra la Violencia de Género y doce universidades se encuentran en proceso de elaboración y/o aprobación. Algunos de estos protocolos se inscriben en programas más amplios para abordar las violencias basadas en el género, como la Universidad de San Martín y la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo. Sin embargo, no hay antecedentes de elaboración de planes de igualdad en las universidades argentinas como el que acaba de aprobar la UNRN. En el escenario universitario internacional, las universidades españolas cuentan con Planes de Igualdad, en América Latina, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Católica de Perú, por ejemplo. También otras norteamericanas, como Yale, y europeas, como Oxford y Libre de Berlín, cuentan con programas de Género.
A decir verdad, la UNRN no hace otra cosa que cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido el Estado nacional e implementar algunas de las recomendaciones de la ONU. En noviembre de 2016 la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres realizó una misión a Argentina. En su informe presentado este año al Consejo de Derechos Humanos señaló que la violencia contra la mujer tiene sus raíces en las desigualdades y la discriminación de que son objeto las mujeres. Para combatirlas, , especialmente en el ámbito universitario, recomendó introducir, junto con los programas de estudios de género, una educación específica acerca de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW y su jurisprudencia con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención, la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia pertinente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, Argentina adhirió en 2015 a la nueva agenda de Objetivos de Desarrollo Sustentable: se comprometió a eliminar para el 2030 cualquier forma de discriminación contra las mujeres y niñas. Finalmente, en 2017, en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica de la ONU se resaltó la importancia de la efectiva asignación de recursos para apoyar la observancia progresiva de los derechos humanos de la mujer como obligación de los Estados.
Como se ha dicho, en el caso de la UNRN la visibilización de las desigualdades, la promoción del debate y la elaboración de propuestas consensuadas fueron impulsadas por las mujeres de la universidad. Las autoridades reconocieron la existencia del problema sistémico de la desigualdad y promovieron el tratamiento y aprobación del Protocolo y los ejes para el Plan de Igualdad. Ahora, la implementación requiere del compromiso político de las autoridades y también de la comunidad académica en general. El efectivo ejercicio de los derechos es posible cuando existe la voluntad política expresa para hacerlo y, consecuentemente, la asignación presupuestaria necesaria.
Dicho de otra forma, el proceso de elaboración de un Plan de Igualdad en base a los ejes recientemente aprobados deberá ser participativo y fruto del debate interclaustro, intersedes e interdisciplinar y acompañado por un fuerte compromiso político que incluya la disponibilidad de recursos económicos y personal capacitado en la implementación. Un plan de igualdad orientado hacia la eliminación de las desigualdades de género que, de acuerdo a las investigaciones más sofisticadas, constituyen las raíces de las violencias, junto con un protocolo para hacerlas frente, implican un programa político de vanguardia.
La escala del cambio cultural, académico y político que entrañaría una política robusta para la eliminación de la discriminación contra las mujeres en las universidades argentinas sería solo comparable a la que trajo aparejada la reforma de 1918. Es que, según explicó en 2015 el Comité de la CEDAW en el examen periódico sobre Argentina, ha sido notable “el aumento de la presencia de mujeres en el ámbito universitario: en las universidades públicas la inscripción de mujeres alcanzó en 2011 el 57,5% del total de estudiantes y 56,3% de las privadas, elevándose esos números al 61,5% y 62,1% entre los graduados, respectivamente”. Sin embargo, señaló que “a pesar de los logros en términos de equidad de género en el ámbito educativo y de los innegables avances en el mercado de trabajo y en la participación femenina en emprendimientos económicos, en general las mujeres argentinas siguen enfrentando segregación vertical y horizontal en el ámbito laboral.” Del mismo modo, la brecha salarial entre hombres y mujeres ocupados plenos se ubica, considerando los ingresos promedios, en aproximadamente el 15%.
Más específicamente en el caso de la UNRN, en el estudio que realizamos en 2016 se demostraba que todos los claustros de la Sede Atlántica estaban compuestos casi igualitariamente en términos de género: de 205 docentes 100 eran mujeres y 105 varones. En el caso de lo-as estudiantes, según el padrón utilizado en las últimas elecciones en 2015, el 55,4% eran mujeres. En el caso de los no-docentes el 45,8% eran mujeres. Una primera mirada reduccionista visualizaría un escenario de igualdad.
Sin embargo, al desagregar y analizar los datos encontramos diferencias relevantes en perjuicio de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de los-as docentes regulares, es decir, los-as que pueden ocupar cargos electivos: 27 docentes regulares eran mujeres y 48 varones. Esto implica una desigualdad significativa, ya que los varones accedieron en un 64% más a los cargos regulares y estables que les permiten participar en los actos electorales, ya sea como electores o como candidatos.
Lo que sucede en la mayoría de las instituciones es que, en la práctica, los requerimientos educativos y académicos para que las mujeres ocupen cargos de decisión son aún mayores que los requeridos para los varones. Aún habiendo mujeres con igual o superior capacitación y experiencia, son los varones los que ocupan los puestos de decisión. En consecuencia, a pesar de ser (casi) la misma cantidad en las aulas, laboratorios y centros de investigación, la presencia de mujeres vamos descendiendo a medida que se asciende en el escalafón docente y en los cargos directivos. Evidentemente, muchas mujeres talentosas son dejadas al costado del camino por la maquinaria académico-burocrática que prioriza, facilita y consolida una posición de privilegio a favor de los varones. La calidad de una institución universitaria no puede estar desvinculada del principio de igualdad.
¿Se imaginan esa mitad marginalizada de la comunidad universitaria pudiendo disfrutar plenamente de sus derechos? Yo sí. Pero hay que seguir trabajando duro. Ahora es cuando las autoridades deben traducir los compromisos en políticas sustentables y efectivas. Y nótese que no todo depende (aunque son muy importantes) de recursos presupuestarios. Algo que puede hacerse de forma inmediata para identificar los problemas y abordarlos de manera directa: se pueden construir indicadores de niveles de desigualdad de las mujeres correspondientes a las distintas sedes y carreras con datos ya existentes. Esto pondría en evidencia tanto a las autoridades que desdeñan los reclamos igualitarios como a aquellos/as que vienen realizando esfuerzos para evitar la discriminación y promover la igualdad.
Responsable Línea de género del CIEDIS-UNRN.