Apoyo al trabajador judicial mencionado como testigo en el caso Maldonado
«Desde la Federación Judicial Argentina, la CTA de los Trabajadores de Rio Negro y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, expresamos profunda preocupación por el accionar tanto del Gobierno Nacional como del grupo Clarín y La Nacion, al difundir con nombre y apellido al compañero Pastorini, quien integra la comisión Directiva de la Delegación Bariloche de este sindicato, en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado», señalan en un comunicado las organizaciones gremiales, que dieron su apoyo al trabajador judicial.
Fuentes del gobierno y los principales medios nacionales hicieron mención a la presencia de un testigo durante el operativo de Gendarmería en Cushamen, a quien calificaron de «sospechoso» y que muestran en una ilustración fotográfica que tuvo amplio difusión.
Según indican los gremios judiciales y la CTA, «se trata de una actitud irresponsable no sólo de los multimedios sino también del Gobierno Nacional quien en primer medida ´largó´ su nombre, en una maniobra meramente especulativa para tener unos días de respiro ante las miradas cuestionadoras de los ciudadanos y de los organismos internacionales de Derechos Humanos por la responsabilidad del Estado Nacional en el caso».
«No se entiende la necesidad de exponer publicamente a un trabajador que no es un anónimo, sino un vecino que todos los días realiza sus tareas laborales y sociales habituales, que no se ha mudado ni mucho menos escondido por ninguna causa. Parece mas una maniobra para desviar por lo menos por un instante el foco de atención del caso Maldonado y sus presuntos responsables, ya que es la propia justicia federal la que calificó al hecho como DESAPARICIÓN FORZADA, un delito que sólo el Estado puede cometer», sostiene el comunicado sindical.
Agrega que «es válido aclarar en este contexto que si Pastorini no fué convocado a declarar, no es por su causa, sino decisión de quienes tienen la responsabilidad de investigar el hecho, y ello no implica ni justifica poner un manto de dudas sobre una persona que como cualquiera, tiene derecho a manifestar lo que crea conveniente como corresponde en un Estado democrático»
Por último la Federación Judicial Argentina, CTA y SITRAJUR, expresan: «exhortamos a las autoridades nacionales y judiciales a que cesen en estas actitudes de hostigamiento y velen por la seguridad personal de nuestro compañero al que se lo ha expuesto incesariamente y colocado en situación de riesgo, responsabilizandolos por lo que le pudiera suceder».