Dujovne presentó el pacto de responsabilidad fiscal
(ADN).- El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó ayer y de manera formal en el Senado el «Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. La iniciativa establece que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de Nación, provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. No podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional.
La iniciativa, que modifica la ley 25.917 con el objetivo de lograr el equilibrio financiero en 2019, llega al Congreso tras un amplio acuerdo entre Nación y 21 provincias más la Ciudad de Buenos Aires y tras más de un año de negociaciones.
El gobierno nacional comienza así los debates económicos. Restan, entre otros, el Presupuesto 2018, la reforma tributaria y prórrogas varias.
«La ley anterior era estricta y si tenías déficit ya entrabas en infracción. Además era procíclica y fomentaba el aumento de la presión fiscal, lo cual generó un descontrol en la salud fiscal de Nación y provincias, y la activación de ‘perdones’ todos los años ante incumplimientos. Este proyecto es más gradual, es acorde a la situación de los distritos y genera un sistema anticíclico», aseguró una fuente de la Casa Rosada al diario porteño Ámbito Financiero.
Dujovne estuvo ayer acompañado durante la presentación del texto -un puñado de minutos- por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente provicional del Senado, Federico Pinedo; y el titular de la cámara de Diputados, el peronista con témpera PRO Emilio Monzó.
En su intervención, el líder de Hacienda señaló que el proyecto es revolucionario y destacó: «La única manera de garantizar la solvencia fiscal es tener un sector público que podamos financiar. Si no apuntamos hacia un control, estaremos expuestos a eventos internacionales, por eso la importancia de tener un Estado que se pueda solventar».
Si bien el ministro celebró el apoyo de los distritos intervinientes -todos excepto San Luis y La Pampa-, funcionarios que trabajaron junto a provincias resaltaron a este diario los aportes especiales que realizaron Mendoza, Córdoba y Neuquén, así como también el «debate respetuoso» de estas a la hora de acordar la iniciativa final, que por la tarde fue girada a la comisión de Presupuesto y Hacienda que comanda Juan Manuel Abal Medina (PJ «friendly»). Ayer, Dujove solicitó un «trámite rápido» del expediente por el amplio consenso con el que aterrizó el proyecto en el Congreso.
En concreto, la iniciativa establece que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de Nación, provincias y de la Ciudad de Buenos Aires «no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional».
A partir del ejercicio fiscal 2020 estarán exceptuadas las que ejecuten el presupuesto con resultado financiero equilibrado o superavitario en el año previo, y tendrán la posibilidad de llevar la tasa nominal de incremento del gasto corriente al límite de la tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto Interno. Si ésa es negativa, la opción será crecer a lo sumo «como el índice de precios al consumidor de cobertura nacional».
Un artículo interesante es el que desactiva el clásico festín de aumentos indiscriminados hacia fin de mandato (elecciones): quedará bloqueada la posibilidad de «realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente» durante los últimos dos trimestres del año excepto «los que trasciendan la gestión de gobierno, y aquellos cuya causa originante exista con anterioridad al período indicado y su cumplimiento sea obligatorio».
Al entrar en vigencia desde el 1 de enero de 2018, el texto plantea la cláusula de «no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC por cada jurisdicción». De haber superávit, se habilitará la opción de acuerdo a «nuevas inversiones que impliquen mayor prestación de servicios sociales como educación, salud y seguridad». En tanto, se mantiene la vigencia de que «los servicios de deuda instrumentada superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios».
El germen de la reforma tributaria que buscará aplicar el Gobierno -previo acuerdo con los gobernadores- aparece en el artículo 13 del proyecto: será bienvenida la acción de adoptar «políticas tributarias tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción (…) con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las regionales, en la medida que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas».
También participaron del acto de ayer los ministros de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Lisandro Nieri; de Economía de Neuquén, Norberto Bruno; y de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, quienes firmaron un acta junto a Dujovne y Frigerio. Hubo un diputado que asistió al convite: fue Marco Lavagna, espada económica del serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa.