#Maldonado. “El juez Otranto es parte del problema”
(Por Rolando Graña*).- Es notable. En el caso Maldonado, nadie, ninguno de los participantes, salvo el Gobierno, dice: Confío en la Justicia. Y ahí está el problema. El juez Guido Otranto no puede decir que no sepa cómo se procede en un caso de desaparición forzada de persona. Se formó en Comodoro Py, el edificio donde desde hace años desfilan los represores y donde hay jueces como Sergio Torres, cuya instrucción de la causa ESMA es objeto de estudio en el mundo. Además, Otranto ganó cómodo el concurso para ser miembro del Tribunal Oral de General Roca.
O sea: el juez Otranto no puede desconocer que lo primero que tuvo que haber hecho al enterarse de la desaparición de una persona después de la represión de la Gendarmería en los territorios tomados por los mapuches es apartar a todos los que habían estado en el operativo. A todos, desde los comandantes de escuadrón hasta los subalférez.
Sin embargo no lo hizo, o en todo caso, lo hizo tarde y mal. Ocho días después, la Policía Federal estaba a cargo de la investigación del habeas corpus de Santiago Maldonado y ninguno de los gendarmes fue puesto en disponibilidad. En esos ocho días, tiempo suficiente para esconder un cuerpo y borrar pruebas, pasaron varias cosas: denuncias de los familiares del desaparecido, de los mapuches, de los defensores oficiales, de los organismos de Derechos Humanos y, una pavada, un llamado de alerta de Naciones Unidas al Estado argentino pidiendo “medidas urgentes” por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se ve que aquí las cosas se deciden más lento, porque Otranto tardó demasiado para correr a Gendarmería de la escena.
Claro que la cosa no termina ahí, porque cuando Gendarmería fue separada del caso, el juez dispuso el secreto de sumario en la causa. Entonces todos pensamos que Otranto encontró algo contra los gendarmes que se llevaron a Maldonado. No. Durante veinte días su señoría se dedicó a investigar… a la víctima, a ver si no tenía otros problemas personales, mentales, emocionales, a ver si lo había apuñalado un puestero en un ataque anterior de la RAM o si había sido secuestrado y desaparecido por los propios mapuches como parte de un oscuro plan, que, dicho sea de paso, acaba de ser reflotado ayer por el Ministerio de Seguridad.
Cuando la teoría del puestero cuchillero se cayó, cuando se supo que la sangre que había en su camisa no era de Santiago Maldonado, Otranto sacó otro conejo de la galera. El río, claro… ¡Cómo no se nos ocurrió antes! Y entonces vinieron los rastrillajes, río Chubut abajo, con helicópteros y baquianos a ver si aparecía el cuerpo. Pequeño detalle: en esta época del año, el río Chubut no pasa del metro y medio de agua. Además, si esto era posible desde un comienzo, ¿por qué lo buscan recién ahora?
En verdad, la clave de la ineficiencia, lentitud o complicidad del juez Otranto (tache lo que le parezca) está en que él es más parte del problema que de la solución.
Aquí, algunos elementos que lo justifican: en al menos dos videos se escucha a los gendarmes vociferar que obedecen órdenes del juez Otranto. En uno, por megáfono, piden desalojar la Ruta 40. Eso es correcto. Pero en otro se ve a los gendarmes impidiendo el paso de abogados y defensores oficiales a la reserva por orden del juez Otranto. Pero los gendarmes no tenían orden de allanar la reserva mapuche ni Otranto posibilidad de ordenarla, porque esa toma de tierras de la estancia de los Benetton se dirime en la Justicia provincial. Claro que Otranto nunca dijo nada al respecto. Nunca dijo que los gendarmes se excedieron en el desalojo de la ruta entrando a la reserva. Mucho menos quiso investigar de entrada si se excedieron en la represión ¿Por qué?
Porque Otranto en la mañana del 31 de julio había participado de una reunión con Pablo Nocetti, jefe de asesores de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Diego Conrado Balari, jefe de Gendarmería de Chubut, y Pablo Durán, ministro de Gobierno de Chubut para coordinar el despeje de la Ruta 40. Esto se sabe porque consta en un documento oficial de Gendarmería.
Allí se acordó que el desalojo comenzara esa misma noche. Sin embargo, los de Chubut olieron algo raro y nunca atendieron el teléfono ni mandaron a la Policía provincial al operativo. Aquí en Esquel es un secreto a voces que querían aprovechar la volada para meter presos a todos los mapuches que estaban ocupando mil hectáreas de la estancia de los Benetton. Claro que con la acostumbrada eficiencia nacional, todo salió pésimo. No capturaron ni un solo mapuche y encima un simpatizante “blanco” terminó desaparecido.
Por eso, en el origen de todo este desastre, que tiene tan incómodo al Gobierno, además de una decisión política, de intereses de una multinacional, está la orden de un juez, Guido Otranto, quien, en la práctica, se está investigando a sí mismo. ¿Cómo lo logra? Con uno de esos trucos que tanto le encantan a los leguleyos pero que tanto irritan el sentido común: separando el caso Maldonado en tres expedientes. En uno se investiga el desalojo de la Ruta 40; en otro, el habeas corpus por Maldonado, y en el tercero, instruido por la zigzagueante fiscal Silvina Avila, su desaparición forzada.
Esto hace recordar al juego de la bola y las tres tapitas. Solo que, en este caso, lo que falta y nadie encuentra no es una pelotita de hule, sino un pibe que estaba acompañando una lucha social y que no merecía morir.
*Periodista, América Noticias. Desde Esquel, Chubut. Especial para el diario Hoy de La Plata.