Procurador, se busca. ADN

Silvia Baquero Lazcano deja la Procuración y el Gobierno comienza una etapa de búsqueda. En 10 días se reúne el Consejo Grande para aceptar su renuncia, pero no hay garantías que allí mismo comience el proceso de selección. Hoy, el oficialismo no tiene un candidato ni definiciones sobre los tiempos de la sucesión, por lo que el Ministerio Público podría quedar un tiempo en manos del Fiscal General, Marcelo Álvarez.

La renuncia de Baquero tomó al Gobierno por sorpresa. Hace un tiempo que se venía barajando la posibilidad de su salida, pero en Laprida y Belgrano nadie pensó en que ocurría ahora. El momento es inoportuno. Por eso comienza el tiempo de descuento para hallar un sustituto en un sitio clave, por el peso institucional y político que tiene la Procuración, fundamentalmente desde la modificación del Código Procesal Penal.

Hay un perfil. Alberto Weretilneck piensa en que el nuevo jefe de los fiscales debe provenir de afuera del ámbito judicial, pero tiene que consensuarlo con el resto del Consejo: los colegios de abogados y los legisladores. Otra característica es que quien ocupe el sitio de Baquero debe manejar con equilibrio la situación jurídica con la política, es decir, alguien con un probado expertise profesional capaz de evaluar las coyunturas, habilidad de la que careció la barilochense que se va.

Los primeros nombres que salieron al ruedo de los mentideros políticos fueron los de la jueza cipoleña Alejandra Berenger, el fiscal de cámara de la misma ciudad, Gustavo Herrera, el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan y el abogado viedmense Miguel Cardella. Algunos, se animaron a sumar al juez de Bariloche Héctor Leguizamón Pondal, que además preside el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, y quien cobró relevancia nacional por haber sido el único que salió a defender públicamente la decisión de la Corte Suprema sobre la aplicación del beneficio del 2×1 a los genocidas de la última dictadura cívico-militar.

Pero por ahora, no hay definiciones.

De todos modos no es una decisión simple, ya que cada vez que suceden vacantes en el Poder Judicial existen dos corrientes de pensamiento antagónicas: las republicanas, que abonan la teoría de la independencia judicial y la política dura, más cercana a la realidad. Pour la galerie, la primer opción es la que se «vende» a la sociedad, pero la realpolitik impone otra cosa.

Un ejemplo: Aún hoy se discute la continuidad de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por su afinidad con el kirchnerismo. Pero el presidente Mauricio Macri nombró dos jueces de la Corte por decreto. La tensión entre «republicanismo» y «pragmatismo» tiene en un fuerte debate al macrismo, que se divide entre el discurso de Elisa Carrió y la destreza de Daniel Angelici en los despachos judiciales.

En Río Negro, el antecedente más cercano es el proyecto de poder que construyó Carlos Soria. El año previo a que ganara las elecciones, armó un brazo político judicial que colaboró con las denuncias por corrupción al gobierno del radical Miguel Saiz, que hizo el Frente para la Victoria desde su bloque de legisladores. Ese equipo estuvo comandado por la entonces Procuradora -y ahora jueza del Superior Tribunal de Justicia- Liliana Piccinini, los fiscales Marcelo Álvarez y Daniela Zágari. Después de la muerte del gobernador, tomaron autonomía de la Casa de Gobierno.

Baquero quedó atrapada en ese armado. Desde que Piccinini ascendió al STJ, la estructura de la Procuración (incluida, en menor medida, la defensora General Rita Custet Llambi) siguió respondiendo a Liliana. Para colmo, la relación nunca fue buena entre el Superior y la Procuración.

Una muestra clara es que el STJ habilitó una queja de la defensa del destituido juez Juan Bernardi (detenido por corrupción de menores) para revisar la sentencia del juicio político en su contra. La acusación fue realizada y llevada adelante en el seno del Consejo de la Magistratura por Baquero Lazcano.

En medio de estos roces, el lunes, habrá una reunión en Roca para evaluar modificaciones al Consejo.

Ahora, el Gobierno deberá encontrar un reemplazo. Nunca el oficialismo tuvo peso político serio en el Poder Judicial. Incluso, ha propuesto jueces que después «se les volvieron en contra» como Fabio Igoldi. Este no es un momento de buenas relaciones, a pesar que hoy la titularidad del STJ es ejercida por el cipoleño Ricardo Apcarian, promocionado por Weretilneck. Un hecho que provocó cortocircuitos entre la Casa de Gobierno y el Superior fue la designación de la Secretaria del Consejo de la Magistratura. El Ejecutivo impuso a Guillermina Nervi, que no era la favorita del presidente.

El puesto a ocupar es de suma relevancia. Por eso, se anticipa una pelea entre halcones y palomas en el Gobierno, que buscan influenciar (si es que ello es posible) al gobernador en su decisión final. Unos quieren que sea del riñón de Weretilneck. Otros, que tenga prestigio más que afinidad política. Pero todos saben que -en caso que exista el apoyo a un nombre en particular- no puede estar identificado con el proyecto político de Juntos, ya que corre riesgo de ser frenado o, si tiene el aval de Consejo, ser asediado por la oposición en tiempos electorales.

La coyuntura política no es fácil. El oficialismo viene de perder las PASO. Ya no tiene la potencia política -al menos ahora- que tuvo después del 52% de mayo de 2015. Y si se estiran los plazos de definición y octubre arroja un resultado similar (terceros) el contexto no sería óptimo. En ese caso, podría pasar la elección al 2018. Por eso, el gobierno espera a que las elecciones de hoy en Maquinchao le den oxígeno político, si se impone Silvina Frías.

Arrancó la sucesión de Baquero Lazcano. Se mueve la política.