Después del reclamo de Macri, salió la adhesión a la Ley Pymes
La Legislatura sancionó hoy por unanimidad la ley por la que Río Negro adhiere de manera parcial a la norma nacional que instituye el Programa de Recuperación Productiva para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Ocurrió después que el presidente Mauricio Macri se lo reclamara al gobernador Alberto Weretilneck en el acto de inauguración del tercer puente entre Cipolletti y Neuquén.
La ley sancionada esta mañana se enmarca dentro de una serie de normas que buscan ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). El Congreso de la Nación sancionó el año pasado la ley que otorga beneficios significativos para paliar la situación económica actual, reactivar la economía y generar empleo, aprobando en tal sentido una batería de medidas.
El Programa de Recuperación contempla beneficios impositivos, desde la reducción de la carga tributaria, como en el caso del gravamen a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque), hasta la ampliación del plazo para el pago del IVA hasta 90 días y el diferimiento del pago de Ganancias para inversiones en bienes de capital (maquinaria y nuevas tecnologías).
Con esta norma se adhiere al Registro de Consultores MiPyMEs en el que deberán inscribirse los profesionales que deseen ofrecer servicios mediante la utilización de instrumentos y programas de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, invitándose a todas las provincias a adherir a dicho registro “para incluir a todos los prestadores de servicios de asistencia técnica de la red”.
Por otra parte la norma deja establecido que el Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región.
Además, establece la suspensión, durante el plazo de vigencia fijado hasta el 31 de diciembre de 2018, los remates judiciales que puedan hacer perder a las MiPyMEs sus emprendimientos productivos.