La Fiscalía de Investigaciones citó a Di Giácomo por obras en Bolsón

El ministro de Gobierno Luis Di Giácomo deberá presentarse el jueves y viernes próximo a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sita en Colón 275 de Viedma, para explicar el pago de más de 1 millón de pesos por limpieza y zanjeo, en el aedromo de El Bolsón. La citación también comprende a los miembros de la Comisión Técnica que ratificaron esa contratación empresaria. La “razonabilidad del precio no tiene dictamen de la comisión”, señala un informe de la Fiscalía y además la “empresa facturó zanjeo perimetral por 5.000 metros” , cuando el inspector de Vialidad –usando el programa Google Earth– informó de 4.300 metros.

El Fiscal Marcelo Ponzone, toma como base de su citación a la auditoria que concluyó que “de la documental no surgen constancias que acrediten efectivamente que empresa realizó los presuntos trabajos, ni fecha cierta de realización”, por lo cual, “presume un perjuicio económico” al Estado provincial de 1.149.550 pesos. La participación del ministerio también es cuestionada por los órganos de control al considerar que la temática exigía la participación de Obras Públicas.

En su descargo, el ministro Luis Di Giácomo relativizó las observaciones, ratificó que los trabajos se concretaron y fundamentó la urgencia de su realización en reclamos de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC). El informe gubernamental en el expediente reitera el apuro por la habilitación de la aeroestación frente a incendios forestales y justificó así el uso del procedimiento cuestionado.

El Tribunal de Cuentas elevó oportunamente el expediente para su investigación y un informe de la Fiscalía corroboró irregularidades, incluso “presume un perjuicio económico” para el Estado rionegrino.

A mediados del 2015, el ministerio de Gobierno pagó 1.149.500 pesos por “legítimo abono” a la firma Miguel Piñeyro e Hijo, cuyos servicios discriminados serían de 847.000 pesos por “limpieza de 30 hectáreas” y 302.500 pesos, por “apertura y limpieza de zanjeo perimetral de 5.000 metros”.

Con los testimonios, el fiscal Marcelo Ponzone deberá resolver si desestima o promueve un juicio de responsabilidad en el Tribunal de Cuentas, para determinar “el presunto daño al Estado y la responsabilidad de los funcionarios o agentes que lo hayan causado”.

En el inicio de la inmvestigación, el Tribunal cuestionó la imprecisión de las labores pagadas y, luego, la auditoría fiscal entendió que no hay “constancias que acrediten efectivamente que la empresa realizó” las labores abonadas, ni hay “fecha cierta de su realización”.

También, el órgano fiscal observó que a quien se le pagó tiene declarada una actividad ajena a la contratada (estaciones de servicios) y su inscripción fiscal figura en Chubut. Consideró que la utilización de “un legítimo abono” respondió a un contrato de hecho, después que la Fiscalía de Estado no permitiera un aporte no reintegrable para la cooperativa Coopetel, de El Bolsón, para cumplir con esa limpieza.

Entre sus observaciones, la auditoria informa que la certificación de obra fue emitida por el jefe del aeródromo, César Hidalgo, cuando se debía cumplir y emitir por parte de un organismo provincial, considerando de donde provenían los fondos. Fue un “aporte no renovable” que “no fue aceptado por la Fiscalía de Estado”.