Las reformas afectan a jubilados y trabajadores, aseguró Soria

María Emilia Soria, diputada nacional rionegina (FpV), dijo que con las reformas previsionales y laborales anunciadas por el gobierno nacional «entra en juego el dilema de la manta corta: si se tapa la cabeza se destapan los pies. Está claro que este modelo neoliberal tira fuerte de la manta y que son los jubilados, los trabajadores y el interior del país los que salen perdiendo» y destacó que la reducción del gasto en el Estado «se pretende hacer a través de las jubilaciones y pensiones».

Indicó Soria que a partir del acuerdo fiscal con las provincias que beneficia principalmente a Buenos Aires, la Anses resignará unos 115 mil millones de pesos en 2018, según estima el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Con la modificación de la Ley de Movilidad jubilatoria, se recortan los aumentos de haberes no sólo a los jubilados, sino también a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas (invalidez y otras), pensión universal para el adulto mayor y pensiones a ex combatientes de Malvinas.

Agregó que el incremento de la jornada laboral de 8 a 10 hs; el cambio del calculo del haber indemnizatorio sobre el bruto (+ items como aguinaldo, horas extra, etc.) al calculo sobre el básico (sin esos items); la eliminación de hora extra pagada al 50%; la creación de un “fondo de cese laboral” para que ya no sea el empleador sino el trabajador quien pague su propia indemnización; la desprotección para trabajadores tercerizados; la posibilidad del empleador de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y habilitar a los trabajadores para renunciar a sus derechos laborales, son algunas de las medidas de precarización laboral que retroceden a pasos agigantados sobre las grandes conquistas sociales del ultimo siglo.

Según Soria, «con ayuda de los medios de comunicación, esta reforma se intenta vender con títulos marketineros que no implican mejoras sustanciales respecto de la situación actual y esconden la pérdida de beneficios para muchos jubilados y el avasallamiento de derechos fundamentales para los trabajadores argentinos».

Precisó que el reemplazo, por ejemplo, de la Ley de Movilidad actual por otro mecanismo de actualización de haberes en base a la inflación del Indec se promociona como que “garantizará aumentos por encima de la evolución de la inflación”. Si bien no hay precisiones sobre cuánto mayor a la inflación serían los aumentos, cualquier cálculo sobre la base arroja que estas subas resultan menores respecto de lo que les correspondería con la movilidad vigente. Subas que no son tales en realidad, porque al atarse a la inflación, lo que se hace es garantizar a los jubilados seguir cobrando siempre lo mismo, la mejora no existe, van a tener siempre el mismo poder de compra. Por otra parte si el calculo inflacionario se hace sobre la canasta básica de una familia tipo sin tener en cuenta, por ejemplo, los altos costos de los medicamentos que consumen los jubilados, ni siquiera se les mantendrá ese poder de compra.

Aclaró la diputada nacional rionegrina, que el título de que “las jubilaciones tendrán garantizado el 82% del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos” puede sonar positivo para un distraído, pero en realidad no significa una mejora esencial, ya que actualmente el salario mínimo es de 8860 pesos y la jubilación mínima de 7246 pesos, es decir el 81,7%. Llegando al 82% la jubilación aumentaría solamente 19 pesos. A ello se suma la inclusión por primera vez de la posibilidad de extender la edad para jubilarse hasta los 70 años, que no es más que una puerta abierta al sórdido camino a la suba de la edad jubilatoria.